Trabajadores al servicio del Estado

Generalmente creemos que en el sector público la situación laboral es mejor, perdón, mucho mejor que en el sector privado. Se cree que los derechos de los trabajadores son respetados, que la estabilidad laboral es una realidad. Pero no, al parecer, el sector público no es un buen lugar para trabajar.

Debemos aclarar que el Estado no sólo es el gobierno central, sino también son las gobernaciones, los municipios y otras instituciones como el Tribunal Electoral, o las empresas como COMIBOL, NAABOL (Entidad de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos) y muchísimas otras empresas más.

En el ámbito del sector privado no todos los trabajadores la pasan bien. En las pequeñas empresas formales los trabajadores de las empresas que tienen menos de 20 trabajadores no tienen derecho a sindicalizarse, los salarios se confunden con el mínimo, muchos no están afiliados a la seguridad de corto plazo (salud) y tampoco aportan a la de largo plazo (jubilación). Mientras que en las medianas empresas la situación mejora, pero no de manera notoria. En la mayoría tienen sindicato y en muchas abusan de los empleadores. En las grandes empresas debemos diferenciar. Hay algunas de capital nativo que se confunden con las medianas, pero tienen lo que las distingue es que tienen muchos más trabajadores. Hay otras vinculadas al capital extranjero donde los salarios son muy altos, son respetuosos de la legislación.

A diferencia de los trabajadores del sector privado, los trabajadores al servicio del Estado no pueden sindicalizarse y en su mayoría son consultores en línea y muchos trabajadores para cobrar sus honorarios tienen que presentar una factura. Por ello en varias oportunidades la OIT se refirió la restricción de contar con sindicato a los trabajadores del sector público. Según el artículo 104 de la Ley General del Trabajo niega a los funcionarios públicos el derecho a organizarse, a excepción de los trabajadores/as en los sectores de la salud, educación y petróleo y planteó algunas recomendaciones para superar esta situación.

Los trabajadores del gobierno central, gobernaciones y municipalidades no son contratados en los marcos de la Ley General del Trabajo, sino bajo el marco del Estatuto del Funcionario Público. En esta norma tampoco se contempla que los trabajadores del Estado se sindicalicen. Se dice que este estatuto únicamente tiene por objetivo regular la relación del Estado con los servidores públicos y garantizar el desarrollo de la carrera administrativa, en la práctica no se cumple debido a que las nuevas autoridades nombradas ni bien se posesionan remueven al personal anterior para que ocupen esos puestos sus “ahijados”, por decir de algún modo. Al no existir sindicato los trabajadores no hay quien los defienda.

Existen algunas categorías ocupacionales en las que los trabajadores del sector público se rigen por la Ley General del Trabajo son los menos, quizá no llegan al 10%. Por ejemplo, los trabajadores de emergencias de los gobiernos municipales sus contratos son pactados por la LGT. También los trabajadores de salud. Estos grupos de personas tienen todos los derechos y con asiduidad observamos enfrentamientos entre las autoridades municipales con el sindicato correspondiente o, lo más frecuente, son los conflictos de los trabajadores en salud (Cajas de salud).

Pero no todo es negativo para los trabajadores del sector público boliviano. Al parecer las remuneraciones que se pagan en este segmento del mercado de trabajo son memores que los que se pagan en el sector privado. Algunos estudios muestran que los trabajadores públicos tienen un ingreso superior en aproximadamente en 40%. Esta situación hace que la oferta gubernamental sea más atractiva a los trabajadores y por ello, seguramente, el sector privado no es atractivo, sobre todo para los trabajadores con mayor calificación.