Sentar las bases para nuestro desarrollo

Tenemos que hacer frente al fracaso del Modelo Económico Social Productivo del actual gobierno, que se fundamenta en la superioridad del Estado en actividades productivas y privilegia el procesamiento de los recursos naturales para lograr la industrialización.

Este fracaso nos demuestra, una vez más que, para lograr eficiencia, como ya vimos anteriormente, nada puede sustituir al instinto individual de sobrevivencia, por el que cada ser humano busca el máximo beneficio con menor costo para sí y su familia. Y que la clave del desarrollo está en lograr que este instinto sea debidamente regulado a fin de lograr el máximo beneficio social. También que esta regulación debe estar a cargo de un Estado que represente efectivamente el interés general, esté adecuadamente organizado y cuente con burocracias meritocráticas e incorruptibles, principalmente la policía, los inspectores de impuestos, y los jueces y su personal administrativo.

A fin de proponer algunos elementos para reorganizar el Estado, me voy a permitir aplicar algunos elementos conceptuales que he desarrollado en mis publicaciones en la CEPAL. En primer lugar, se debe hacer una diferenciación entre organizaciones políticas, sociales y económicas. A las primeras corresponden las del aparato estatal y los partidos políticos, cuyo objetivo son los intereses nacionales; las segundas son las que se generan para defender intereses parciales colectivos, y las terceras, aquellas que se ocupan de producir bienes y servicios privados.

En la conformación de los poderes públicos sólo deben participar partidos políticos, cuyo objetivo debe ser velar por los intereses generales desde distintos puntos de vista. Pero el partido de gobierno actual está integrado por organizaciones sociales, cuya finalidad es defender intereses muy legítimos pero parciales, corporativos. Para que el MAS pueda representar efectivamente los intereses generales es indispensable que modifique esta conformación y permita que las organizaciones sociales cumplan libremente sus funciones.

En segundo lugar, hay que diferenciar entre bienes públicos, sociales y privados. Los primeros –por ejemplo, las leyes– sólo pueden ser provistos por el Estado. A los que sólo pueden ser generados por organizaciones sociales –por ejemplo, los estatutos y reglamentos de estas organizaciones– les podríamos denominar sociales. Y privados a todos los demás. El modo más eficiente de generar bienes públicos y sociales es a través de la democracia, directa o indirecta, y el de producir bienes privados, la competencia, pero regulada por el Estado.

Hecha esta diferenciación, lo más eficiente es que los bienes públicos sean provistos por el nivel de gobierno –municipal, regional, departamental o nacional– cuya jurisdicción mejor corresponda a su demanda: en forma descentralizada si ella está geográficamente diferenciada, como, por ejemplo, la infraestructura económica, tan diferente en el Altiplano, en los Valles y en Tierras Bajas. Y centralizada si la demanda es uniforme.

Que el financiamiento de los bienes públicos provistos en forma descentralizada -bienes territoriales- se base en aportes locales, pero que el nivel nacional garantice equidad a través de transferencias subsidiarias respecto a esas decisiones: que, a igual contribución en relación al ingreso medio de los respectivos aportantes, corresponda igual gasto por habitante.

Y salud y educación ¿son bienes públicos o privados? Ciertamente garantizar a todos los habitantes niveles mínimos de estos servicios son típicos bienes públicos. Pero no producirlos: en este caso la competencia económica entre establecimientos públicos y privados, principalmente aquellos sin fines de lucro, sería la mejor manera no sólo de que de que la calidad sea cada vez mayor. En educación, siendo éste el mayor interés de las familias, el financiamiento público debería consistir en subsidiar los ingresos de éstas para que ellas escojan libremente entre los establecimientos donde hijas e hijos serían admitidos en función de exámenes de ingreso uniformes en todo el país.

En lo que se refiere a los establecimientos públicos que prestan servicios de educación y salud, hay que unificar las decisiones sobre la producción de los servicios. Nada se puede producir eficientemente si unos deciden sobre personal y otros sobre medios de producción: hay que descentralizar también las decisiones sobre contratación de personal, y eliminar su inamovilidad para que también haya competencia entre profesores.

La mejor manera de progresar no es que empresas estatales intenten aumentar valor a nuestros recursos naturales cuya demanda varía permanentemente sino mejorar constantemente nuestros recursos humanos: que gocen de buena salud y logren máximos niveles de educación.

Iván Finot es economista, experto en descentralización y desarrollo.