Robo de habitantes

El censo “arcista” pasará a la historia como el más criticado, atacado y conflictivo. Los problemas comenzaron cuando se lo postergó, desatando la huelga más larga que ejecutó Santa Cruz: 36 días. Este departamento era el más interesado en que se lo realice debido a que estaba convencido, como el resto del país, de que su crecimiento poblacional fue elevado, ayudado, entre otros factores, por la inmigración de gente originaria del occidente.

Por ello, los resultados del censo fueron un balde de agua fría, puesto que determinaron que tiene 3,1 millones de habitantes, una cantidad muy baja en relación a las cifras proyectadas por el propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que eran de por lo menos medio millón más.

La explicación del ministro de planificación del desarrollo en el sentido de que ha bajado la natalidad, por decisión propia de las parejas; que la mortandad subió a causa de la pandemia de Covid-19 y subió la migración hacia el exterior es técnicamente aceptable, pero no coincide con análisis igualmente técnicos.

Santa Cruz hizo bien la tarea y la presentó en una última Asamblea de la Cruceñidad: una conciliación demográfica basada en los datos, también oficiales, de los nacidos vivos en el último periodo intercensal, que están registrados en 826.633 partidas de nacimiento, y 142.749 partidas de defunción, que testimonian la cantidad oficial de fallecidos. La diferencia es de 683.884 personas, una cifra que está por encima de la que registró el censo. Con razón, los cruceños declararon un paro de 24 horas.

¿Les robaron habitantes? Las cifras demuestran que sí, pero no son las únicas víctimas.

Un dato del que el INE fue debidamente advertido, y sobre el que no tomó las debidas previsiones, es el engaño censal que ya se registró en los anteriores conteos poblacionales: el retorno de los migrantes a sus lugares de origen, pero solo para el día del censo.

Esto se debió a las amenazas lanzadas por autoridades originarias y dirigentes sindicales del área dispersa: se advirtió a los migrantes que viven en las ciudades –donde usan sus servicios básicos y transporte y no pagan impuestos en gran proporción– que, si no se hacían censar en los lugares donde nacieron, les quitarían sus tierras o el acceso a ciertos beneficios. El resultado de esta acción ilegal es que grandes cantidades de migrantes se hicieron censar donde no viven, lo que es un gran engaño.

Potosí, que es un municipio que ha registrado una gran inmigración rural como consecuencia del nuevo boom de la minería, ha sido el más afectado: barrios enteros de migrantes se vaciaron el día del censo y, si bien su población capitalina creció en relación a 2010, puesto que llegó a 218.336 habitantes, está muy lejos de los por lo menos 300.000 habitantes que en realidad tiene.

Entonces sí: hubo robo de habitantes, por diferentes vías y razones, y eso justifica las protestas. Pero el conflicto no se inflamará solo por esto. A todos se nos pasó el gran detalle de que los escaños parlamentarios no se asignan solo por población, sino aplicando las interpretaciones establecidas en ley expresa, así que la redistribución tampoco convencerá a nadie.

Se viene un quilombo de grandes proporciones.   

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.