Riesgos del poder global

Las empresas transnacionales (ETN) –también conocidas por multinacionales–, son un claro exponente del capitalismo globalizado. Todas ellas, a partir de una matriz nacional, instalan filiales y operan en diversos países de todos los continentes. Las ETN tienen una visión global de la economía y el planeta es su mercado potencial. Las inversiones, beneficios o pérdidas que puedan tener afectan, no solo al país de origen de la empresa, sino también a sus filiales en el mundo. Se estima que dos terceras partes del comercio mundial se realiza a través de ETN. En muchos casos, los ingresos de estas superan el PIB de los países en donde operan.

Un ejemplo de cómo un director ejecutivo de una ETN es percibido por los gobiernos es el trato que Elon Musk recibió en su visita a Israel, solo comparable al de un jefe de Estado. La semana pasada, el magnate Musk se reunió con Benjamín Netanyahu para entregar al Gobierno israelí el control de su red de comunicaciones Starlink en Gaza. Starlink es una de las varias empresas de Musk que nació de SpaceX –fabricante aeroespacial– para la creación de una constelación de satélites de internet con el objetivo de brindar un servicio de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial barata.

No es ninguna novedad que los intereses comerciales y la geopolítica sean variables que, históricamente, definan las acciones de los países. En la actualidad, por la dimensión y cobertura de las empresas tecnológicas transnacionales, el papel de estas es más decisivo y evidente. En la actual guerra de Ucrania, con el afán de incidir en las operaciones y acometidas bélicas, Google eliminó algunas imágenes de sus mapas; para el mejor uso y desempeño de drones y otros artefactos que precisaban geolocalización, la red de satélites de Starlink mantuvo conectividad a internet en Ucrania; Facebook y YouTube filtraron información en beneficio de uno de los contendientes, Ucrania; y la red social X (antes Twitter) hizo también lo suyo, como parte de la guerra de desinformación mediática iniciada por Rusia.

En el programa Artemis del gobierno norteamericano, de volver a poner un hombre en la Luna en noviembre de 2024, están involucradas y subcontratadas por la agencia espacial estadounidense (NASA) muchas compañías privadas, entre ellas SpaceX (propiedad de Elon Musk) que proporcionará el sistema de alunizaje y Blue Origin (controlada por Jeff Bezos, fundador de Amazon) para el diseño del módulo lunar. Hasta antes de las ETN, eran los Estados quienes destinaban fondos públicos para la investigación y desarrollo de este tipo de proyectos.

El poder que los líderes de las ETN han alcanzado les permite codearse con dirigentes políticos como si ellos representasen a algún país o Estado. La geopolítica mundial no puede prescindir de estos actores –en especial, del sector tecnológico– porque hay intereses estratégicos y empresariales que se entrecruzan.

Antes del surgimiento de estos conglomerados empresariales, existía tutelaje y supervisión por parte de sus gobiernos de origen. En la actualidad, las grandes empresas tecnológicas gozan de cierta autonomía y muchas de ellas están innovando más rápido de lo que las burocracias gubernamentales pueden gestionar.

La influencia de las ETN no solo es económica o política, sino que también lo es desde el punto de vista cultural. Estas empresas globales ejercen tal influencia social que marcan tendencias en los gustos, preferencias y formas de pensar (vestimenta, música, alimentos, entretenimiento, etcétera) de la ciudadanía donde sientan presencia. Los productos y servicios de las multinacionales tienden a homogeneizar los mercados y a los consumidores. Gracias al fenómeno de la globalización, donde existe libre circulación de capitales, las multinacionales ejercen su poder de decisión y predominio en sectores estratégicos, tomando iniciativas y protagonismos antes que los propios Estados.

Si la maximización de sus beneficios es el principal objetivo de una ETN, ¿quién podría controlar el poder de estas multinacionales con relación a los derechos sociales, laborales o medioambientales? ¿es razonable que entidades privadas –no democráticas–, tengan la posibilidad de decidir nuestro futuro, a través del control de la economía y la política? ¿qué ocurre cuando los intereses empresariales se cruzan con las prioridades de las políticas públicas de un Estado o los derechos humanos?

Alfonso Cortez es comunicador social.