En lo que va del siglo XXI los dos presidentes salidos de las urnas antes de Luis Arce terminaron en un avión rumbo al exilio. Por diferentes motivos y en distintos ciclos, Sánchez de Lozada (2003) y Evo Morales (2019) no culminaron sus mandatos ni entregaron el poder a sus sucesores, como se hace en cualquier democracia consolidada. Este dato evidencia la fragilidad de nuestra democracia. El 8 de noviembre de este año, los bolivianos sabremos si esta referencia se revierte. Por ahora, los nubarrones no se despejan, por el contrario, quienes deberían gestionar que las elecciones sean limpias, transparentes y competitivas, se empeñan en alertar estas están en riesgo, por ende, también el traspaso pacífico del poder.
La precariedad institucional, la excesiva concentración de poder en el presidente y un Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, en vez de ser un escudo para proteger la Constitución, se ha convertido en su principal peligro, amenazan con socavar la democracia. Aunque no deberíamos darle margen a quienes intentan torcer las reglas democráticas con la eventualidad de un proceso electoral diferido o parcelado, la verdad es que, el precedente generado en las elecciones judiciales postergadas y mutiladas –con el truco de mantener a los magistrados autoprorrogados, ahora usurpadores, con mayoría en el TCP– supone un riesgo altísimo para la realización de las elecciones generales de inimaginables consecuencias.
El MAS, con Evo y Arce, nos ha demostrado que está dispuesto a cruzar cualquier límite para aferrarse al poder. Basta recordar las sentencias constitucionales para reinterpretar el cómputo de los mandatos u otorgar un derecho humano inédito a reelegirse perpetuamente, el desconocimiento del resultado del referendo del 21F, el fraude electoral de 2019 o la propia elección judicial que fulminó el principio de preclusión. Ahora, más que nunca, con su proyecto agotado y una ciudadanía enfadada, necesitan trampear a la democracia para inclinar la cancha a favor del desplomado inquilino de la casa del pueblo. Por tanto, no estamos ante una especulación, sino, las sospechas son fundadas.
En este sentido, asumiendo objetivamente la realidad, dos deberían ser las tareas elementales: garantizar que las elecciones se hagan en el plazo previsto por la ley, es decir, en agosto, y que estas se realicen con estándares mínimos internacionales. Tanto el plazo como las condiciones deben ser irrenunciables. Ante la degeneración democrática, es imprescindible una agenda concreta de regeneración circunscrita a asegurar los dos procesos electorales que se avecinan, debido a que la crisis política impide encarar soluciones estructurales, ya que estas llegarán en la medida que tengamos una prolija elección general, por eso, con pragmatismo, la urgencia es generar y blindar las mejores condiciones electivas de agosto.
Para despejar las incógnitas, la regeneración democrática debe abordar cinco componentes: cesar a los magistrados usurpadores y habilitar a los suplentes provisionalmente, otorgar inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, aprobar el presupuesto de las elecciones para evitar el chantaje del Ejecutivo, restaurar el principio de preclusión y establecer reglas claras para fomentar la competitividad de los candidatos en base al principio de integridad. Las dos primeras deben reencauzar la legitimidad de las autoridades y otorgar seguridad y estabilidad a los vocales electorales.
En nuestro sistema electoral, el principio de preclusión garantiza que las elecciones se lleven a cabo sin la interferencia de otros poderes; sin embargo, después de las judiciales este principio quedó endeble, por lo cual necesita llenarse de contenido, determinando que las decisiones del organismo electoral no están sujetas a la arbitraria y discrecional interpretación o modificación de los tribunales, restaurando la independencia del Órgano Electoral en la gestión de los procesos electorales. Por otro lado, en base al principio de integridad que se sustenta en la igualdad, se deberán adoptar medidas para la limpieza del padrón electoral, evitar el dinero sucio en la campaña, frenar la inhabilitación ilegal de candidatos y organizaciones políticas y regular el debate obligatorio entre presidenciables.
Materializar la regeneración democrática requiere de un acuerdo político y plasmarse en una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los representantes de los poderes públicos y líderes de los partidos políticos tienen la labor ineludible de generar un consenso en torno a lo esencial para garantizar las elecciones. Una democracia para sobrevivir a las distorsiones y manipulaciones debe regenerarse desde sus propios resortes institucionales, venciendo los obstáculos para recobrar la confianza ciudadana. Regenerar significa tener certeza que las condiciones en que se celebrarán las elecciones nos darán un gobierno que emane de la voluntad de los ciudadanos.
La precariedad institucional, la excesiva concentración de poder en el presidente y un Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, en vez de ser un escudo para proteger la Constitución, se ha convertido en su principal peligro, amenazan con socavar la democracia. Aunque no deberíamos darle margen a quienes intentan torcer las reglas democráticas con la eventualidad de un proceso electoral diferido o parcelado, la verdad es que, el precedente generado en las elecciones judiciales postergadas y mutiladas –con el truco de mantener a los magistrados autoprorrogados, ahora usurpadores, con mayoría en el TCP– supone un riesgo altísimo para la realización de las elecciones generales de inimaginables consecuencias.
El MAS, con Evo y Arce, nos ha demostrado que está dispuesto a cruzar cualquier límite para aferrarse al poder. Basta recordar las sentencias constitucionales para reinterpretar el cómputo de los mandatos u otorgar un derecho humano inédito a reelegirse perpetuamente, el desconocimiento del resultado del referendo del 21F, el fraude electoral de 2019 o la propia elección judicial que fulminó el principio de preclusión. Ahora, más que nunca, con su proyecto agotado y una ciudadanía enfadada, necesitan trampear a la democracia para inclinar la cancha a favor del desplomado inquilino de la casa del pueblo. Por tanto, no estamos ante una especulación, sino, las sospechas son fundadas.
En este sentido, asumiendo objetivamente la realidad, dos deberían ser las tareas elementales: garantizar que las elecciones se hagan en el plazo previsto por la ley, es decir, en agosto, y que estas se realicen con estándares mínimos internacionales. Tanto el plazo como las condiciones deben ser irrenunciables. Ante la degeneración democrática, es imprescindible una agenda concreta de regeneración circunscrita a asegurar los dos procesos electorales que se avecinan, debido a que la crisis política impide encarar soluciones estructurales, ya que estas llegarán en la medida que tengamos una prolija elección general, por eso, con pragmatismo, la urgencia es generar y blindar las mejores condiciones electivas de agosto.
Para despejar las incógnitas, la regeneración democrática debe abordar cinco componentes: cesar a los magistrados usurpadores y habilitar a los suplentes provisionalmente, otorgar inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, aprobar el presupuesto de las elecciones para evitar el chantaje del Ejecutivo, restaurar el principio de preclusión y establecer reglas claras para fomentar la competitividad de los candidatos en base al principio de integridad. Las dos primeras deben reencauzar la legitimidad de las autoridades y otorgar seguridad y estabilidad a los vocales electorales.
En nuestro sistema electoral, el principio de preclusión garantiza que las elecciones se lleven a cabo sin la interferencia de otros poderes; sin embargo, después de las judiciales este principio quedó endeble, por lo cual necesita llenarse de contenido, determinando que las decisiones del organismo electoral no están sujetas a la arbitraria y discrecional interpretación o modificación de los tribunales, restaurando la independencia del Órgano Electoral en la gestión de los procesos electorales. Por otro lado, en base al principio de integridad que se sustenta en la igualdad, se deberán adoptar medidas para la limpieza del padrón electoral, evitar el dinero sucio en la campaña, frenar la inhabilitación ilegal de candidatos y organizaciones políticas y regular el debate obligatorio entre presidenciables.
Materializar la regeneración democrática requiere de un acuerdo político y plasmarse en una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los representantes de los poderes públicos y líderes de los partidos políticos tienen la labor ineludible de generar un consenso en torno a lo esencial para garantizar las elecciones. Una democracia para sobrevivir a las distorsiones y manipulaciones debe regenerarse desde sus propios resortes institucionales, venciendo los obstáculos para recobrar la confianza ciudadana. Regenerar significa tener certeza que las condiciones en que se celebrarán las elecciones nos darán un gobierno que emane de la voluntad de los ciudadanos.
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