¿Referéndum masista, para qué?

El 6 de agosto pasado comenzó el año del bicentenario de la creación de nuestra triste República; una fecha que difícilmente se podrá festejar en grande, porque no hay dinero y posiblemente ni siquiera haya de dónde prestarse para armar un jolgorio patriótico. Estamos viviendo una crisis económica de grandes dimensiones, no tan extrema como la de la UDP, pero lo suficientemente aguda como para preocupar a todos, sin distinción. El patrimonio de los bolivianos y el valor adquisitivo de sus ingresos han disminuido sustancialmente, aunque el precio del pan y la gasolina no hayan aumentado. Somos más pobres de lo que éramos hace tres años, y eso es responsabilidad absoluta del gobierno del MAS en sus dos fases, la del prefraude y la del posfraude.

Estamos viviendo los años de vacas flacas después del despilfarro de los años de vacas gordas; el problema es que el faraón de entonces estaba tan obnubilado con el poder, y tan distraído con su pelota y su avioncito, además de otros pasatiempos menos públicos, que ni siquiera se enteró de lo que estaba sucediendo. Estamos pagando la negligencia, la falta de previsión y el coraje para corregir un error que, debemos recordar, no fue implementado por el gobierno del MAS, sino por el de Hugo Banzer, el tío de la actual ministra de la Presidencia, quien, como se puede ver, nunca fue un verdadero (neo)liberal. La implementación de un precio fijo y subvencionado fue una política económica ejecutada por Banzer durante su mandato democrático, y lo hizo con buenas razones: apoyar a la agroindustria, que estaba enfrentando dificultades por el bajo precio de la soya, aunque distorsionando la base del modelo de libre mercado y perforando las finanzas del país.

Es interesante recordar que Tuto Quiroga no corrigió este defecto en el manejo económico del país (no metió la mano en la lata, pero dejó un huequito en la misma); es comprensible que no lo hiciera, ya que iba a gobernar solo un año y suspender el subsidio podía costar mucho. Además, los precios de los commodities aún no habían subido. Sánchez de Lozada tampoco se animó a corregir este defecto, algo que seguramente sucedió porque estaba atendiendo otros problemas más álgidos, como la conspiración que finalmente lo derrocó.

Cuando el MAS llegó al poder, con un respaldo político como nunca antes había tenido un gobierno, y con Luis Arce a la cabeza del gabinete económico, se animó a suspender la subvención, lo que provocó un levantamiento popular que amenazó con derrocar al popular presidente indígena. Nunca más se tocó el precio de la gasolina, mientras este quedaba cada vez más lejos del valor internacional; al mismo tiempo, aumentaba el contrabando de combustible a los países vecinos. Bolivia terminó no solo subvencionando gasolina y diésel a sus ciudadanos, sino también a los de los países vecinos. Genial.

Es obvio que esa subvención debe acabar y que el gobierno debe agarrar el toro por las astas. Morales, en el zenit de su popularidad, perdió la oportunidad de hacerlo sin que le hubiera costado mucho si lo hubiera hecho de forma gradual.

Ahora, en un acto de viveza criolla, el presidente Arce ha sugerido hacer un referéndum para preguntar al pueblo si está de acuerdo con suspender esa subvención. Hasta podría ser una idea interesante si el interlocutor fuera creíble. Pero los bolivianos sabemos perfectamente en qué quedan los referéndums convocados por los masistas: en nada. Hay que recordar que no hubo una voz del MAS que protestara o disintiera cuando Morales ignoró el referéndum que él mismo convocó, y que le impedía modificar su propia constitución. No, señores, un referéndum masista es una pérdida de tiempo y dinero: esa gente o no tiene palabra o no entiende el verdadero sentido de un referéndum. El gobierno simplemente no está en condiciones morales de convocar a esa consulta.