Proceso abreviado y declaratoria de culpabilidad en casos políticos una violación a los derechos humanos

La violación a los derechos humanos durante el gobierno de Luis Arce fue denunciada sostenidamente por el CONADE tanto a la CIDH como al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional ha denunciado la impunidad presente en Bolivia, en torno a vulneraciones de derechos humanos en décadas y de manera muy particular durante el actual gobierno.

De nuestra parte, denunciamos los varios casos de detenciones ilegales y arbitrarias desde 2020; la criminalización y represión de la protesta social; la imposición de normas represivas (Código, leyes, decretos supremos); los procesamientos penales vulnerando el debido proceso y las garantías constitucionales; el sicariato judicial; la absoluta subordinación de la policía, el ministerio público y los jueces a los mandados del gobierno; incluso situaciones de tortura judicial a través de los procesos judiciales violadores de los derechos de Marco Antonio Aramayo (difunto) y Cesar Apaza, entre otros.

Denunciamos y nos opusimos a los procesos penales manipulados y dirigidos desde el gobierno en los casos Golpe I, Golpe II, Senkata, Sacaba. Fuimos de los primeros en solicitar juicio de responsabilidades para la gestión de Evo Morales y Jeanine Añez, por considerar que así lo determina la Constitución Política del Estado para los casos que involucran a ex mandatarios.

Empero, desde las entrañas de la prisión los operadores judiciales del gobierno de Luis Arce se dieron a la tarea de acosar jurídicamente a los detenidos con el propósito de doblegar su voluntad y acceder a que se declaren culpables en procesos abreviados y de esa manera obtener su “libertad” a un precio demasiado caro. Esta vía es legal pero es inmoral, porque obtiene ventaja de la detención preventiva, de sumo arbitraria e ilegal, para precipitar la sentencia de los presos sin juicio justo y de esta manera transfórmalos de víctimas de la represión, en delincuentes sentenciados y por lo tanto, se exonera al Estado por las violaciones realizadas en el proceso de persecución, encarcelamiento y sanción punitiva, al quedar en pie solo sentencias culpabilizadoras. 

Es un nivel de sofisticación de la técnica penal que viola derechos humanos, hace a los familiares en mecanismo de presión para la autoinculpación y genera cierta complicidad de sus propios abogados de defensa.

Mediante este mecanismo, esta tecnología del modelado de la voluntad de los indignados sociales, se logra un efecto de “vaciamiento” del preso político como sujeto desafiante al régimen autoritario. Así, se pasa de tener decenas de presos políticos a un grupo pequeño de encarcelados, procesados, mientras que un grupo grande de detenidos pasan a formar parte de los sentenciados recluidos en sus domicilios para cumplir sentencias cortas pero sentencias al fin y al cabo.

Este es un dispositivo que “desmasifica” al preso político, lo vuelve un núcleo reducido de casos emblemáticos, para “escarmiento” del tejido social.

En Bolivia, la institucionalidad de los derechos humanos ha sido golpeada por el gobierno de Luis Arce. Así, en el parlamento no se promueven investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil o están sin oficinas, divididas o son incapaces de cuantificar los procesos penales y la cantidad real de presos políticos y de hacer el acompañamiento respectivo. A esta situación se han sumado, desde el año 2022, los infiltramientos, suplantaciones y divisiones de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Traslado al Defensor del Pueblo el problema de las declaraciones de culpabilidad en procesos abreviados, por ser violatorias a los derechos humanos y por realizarse sobre la base de la presión directa de parte de operadores judiciales o indirecta por la misma detención preventiva en centros penitenciarios hacinados sin condiciones mínimas de habitabilidad, para que sea esta institución la que se pronuncie al respecto.