Presidente Arce, ¿por qué invisibilizó usted la causa marítima?

El 1 de octubre pasado se cumplieron seis años desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, fallara que Chile no tenía la obligación de negociar una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia. Desde entonces, los encendidos discursos del 23 de marzo empezaron a apagarse.

En 2019, Evo Morales, con su retórica característica, se limitó a recordarle al país que la CIJ reconoció que Bolivia nació con mar, arrebatado por una invasión militar. Un año después, en plena pandemia, la presidenta interina Jeanine Áñez dijo “no nos hemos rendido en la lucha por el mar” y anunció una estrategia de diálogo que, evidentemente, nunca estuvo en sus manos ejecutar.

Luego, en noviembre de 2020, Luis Arce Catacora asumió la presidencia y, de manera incomprensible, la causa marítima fue archivada. Pareciera que el gobierno del MAS aceptó una derrota en la reivindicación marítima cuando el fallo de la CIJ únicamente señaló que no podía obligar a Chile a negociar, pero no cerró la puerta.

Arce careció de asesoramiento diplomático. Su primer canciller, Rogelio Mayta tenía otros planes, convirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores en una agencia de trabajo para militantes del MAS y familiares. Hoy, con Celinda Sosa al frente, la situación no ha mejorado. Sosa, quizás una luchadora dentro de las “bartolinas”, pero sin noción alguna de política internacional, pasa más tiempo volando por el mundo que defendiendo una agenda coherente. Tal vez así, teniéndola lejos, logran minimizar el daño que causarían sus torpes declaraciones.

Diremar prometió una estrategia post-La Haya que nunca llegó. Se abandonó la reivindicación marítima en favor de la cómoda inercia burocrática. Ahora, con el gobierno de Arce en su ocaso, el tiempo para ejecutar cualquier plan es insuficiente. Solo queda la resignación y la espera de un próximo gobierno que, ojalá, recupere el rumbo perdido. Pretender volver el tiempo atrás no es posible, debemos vivir con el error histórico del MAS.

Mientras tanto, al otro lado de los Andes, Chile ha dado por cerrado el tema. Pero ese supuesto cierre es más una estrategia que una realidad. La CIJ simplemente afirmó que no podía obligarlos a negociar, pero los años de promesas y gestos diplomáticos en busca de una solución no desaparecen. Y Chile lo sabe.

Con astucia, el gobierno de Gabriel Boric promueve una “agenda positiva”, a la que Bolivia se ha sumado dócilmente. No hay duda de que hay cuestiones urgentes que resolver: desde problemas aduaneros y de migración, hasta el combate a la delincuencia transnacional. Pero reducir la relación bilateral a esos temas es, como mínimo, miope.

La desesperación de Arce por la crisis interna y su súplica al presidente de Chile, para garantizar el suministro de diésel y gasolina no es un camino que Bolivia seguirá indefinidamente. Para finales de 2025, está fijado un cambio gobierno y, con suerte, una diplomacia renovada que pueda sentarse a la mesa con Santiago con una agenda que incluya todos los problemas bilaterales, no solo los urgentes. Es necesario refrescar la relación, con una mirada renovada que contemple los nuevos desafíos internacionales que ambos países afrontan. 

Bolivia, sin embargo, debe primero resolver sus propios problemas. Se debe retomar el camino del crecimiento, hacer frente a una crisis económica que se agrava por el déficit en la balanza de pagos y la caída de las reservas internacionales. Estamos al borde de una crisis monetaria y Arce deberá asumir la responsabilidad. ¿Cuánto más se puede resistir con un tipo de cambio fijo frente a un mercado que exige reformas?

Cuando seamos capaces de reconducir nuestros asuntos internos, podremos abordar con mayor fortaleza los temas externos, como la cuestión marítima. Porque, si algo está claro, es que la causa sigue viva. La CIJ, en su fallo, dejó claro que Bolivia y Chile deben continuar negociando. El derecho de Bolivia a recuperar su cualidad marítima no se extinguió en 2018 en La Haya.

Es urgente cambiar la narrativa y reivindicar el derecho de Bolivia al mar. Este es un desafío de la política exterior boliviana, y Chile debe comprender que La Haya no fue el punto final de esta demanda. La verdadera solución debe encontrarse bajo los principios de la buena vecindad que la misma CIJ señaló. Solo entonces podremos aspirar a una relación bilateral justa, equilibrada y constructiva.