¡Políticas de Estado, ya!

Los prolijos programas electorales han quedado atrás y llegó la hora de afrontar “con guitarra” la cruda realidad económica del país. De nada sirve, ni siquiera políticamente, seguir buscando culpables (que sin duda los hay y muchos), sino buscar soluciones (que tal vez las haya). En verdad, los problemas son de tal magnitud que no pueden ser encarados con éxito por un solo gobierno, no importa cuán grande es su mayoría legislativa.

Como mencioné alguna vez, estamos ante un “cambio de época” que la pandemia ha desnudado con crudeza. Ahora se requiere con urgencia visiones de largo alcance apoyadas por gobierno y oposiciones, trabajadores y empresarios. De hecho, más grandes son los problemas, más consensuadas deben ser las soluciones

El camino, a mi criterio, lo ha emprendido el ministro de Justicia: ante el descalabro del sistema judicial, haciendo gala de una apertura sorprendente, el ministro Lima ha convocado a destacados juristas, algunos incluso poco afines con su gobierno, para que propongan a los poderes del Estado medidas de consenso que sean eficaces en la lucha contra los muchos males de la justicia (corrupción, retardación, incompetencia) y sean aceptadas como políticas de Estado, o sea a prueba de cambios de gobierno.

Ahora bien, el “método Lima” debería aplicarse también a otras áreas críticas, empezando por el área de la Energía, donde el actual Gobierno ha enviado señales contradictorias: ha unificado las carteras de Hidrocarburos y Energías, como se había sugerido con el fin de tener una visión holística del sector hoy más necesaria que nunca, pero, al mismo tiempo, sigue condicionado por una visión irreal del sector, como cuando el presidente Arce se refiere a la planta de urea de Bulo Bulo.

La ducha fría de los fracasos exploratorios (que quede claro: de las empresas multinacionales y de YPFB, para descartar teorías conspirativas) ha revelado una verdad irrefutable: la exploración sufre no solo por la inseguridad jurídica, sino por la más grave “inseguridad geológica”, desde el momento que solo uno de los 75 pozos exploratorios perforados en los últimos 20 años ha resultado productor: ¡un espantoso 1,3% de éxito!

 Hay dos filosas espadas de Damocles sobre la cabeza de la economía de Bolivia: la agonía del ciclo del gas, devastadora para los ingresos, y la creciente importación de diésel, un imparable derrame de divisas y subsidios. Esa combinación explosiva hace presagiar un escenario insostenible. No lo deseo, pero lo temo, y de nada sirve ocultarlo.

Por tanto, ¿por qué no aplicar el “método Lima” también al sector de la Energía? La dirección está clara: Bolivia necesita encaminar cuanto antes un Plan de Transición Energética, gradual e irreversible, hacia el uso masivo de las fuentes renovables; un Plan que requiere continuidad a lo largo de las próximas décadas. Sin embargo, los pasos específicos demandan la orientación de expertos que, al margen de sus preferencias políticas e ideológicas, sugieran las necesarias políticas de Estado para transformar la crisis actual en nuevas oportunidades. En suma, hay que diseñar, con responsabilidad y profesionalismo, un plan energético para los próximos 20 o 30 años y consultar a la sociedad civil en temas de su interés (empleos, suministros, subsidios y tarifas).

Además, junto con ese Plan, se abre campo una transición aún más profunda: del rentismo actual a un modelo de desarrollo en el cual la economía de Bolivia no dependa solo de los recursos naturales y la energía no se genere y consume mayoritariamente a partir de fuentes fósiles. El futuro que hay que engendrar hoy es una economía productiva, alimentada por las energías que la naturaleza nos regala: sol, agua y viento.

Francesco Zaratti es físico.