Organismo electoral y calidad de la democracia

El cientista político Leonardo Morlino refiere que la calidad de la democracia (“buena democracia”) “es sobre todo un régimen ampliamente legitimado y, por tanto, estable, y en el cual los ciudadanos están plenamente satisfechos”. El artículo analiza la legitimidad de origen y de ejercicio de las autoridades electorales en relación con la calidad de la democracia.

Legitimidad de origen y de ejercicio. El organismo electoral tiene legitimidad de origen cuando la designación de las principales autoridades se efectúa de manera transparente y con amplia aprobación ciudadana; el procedimiento contrario supone ilegitimidad. La entidad electoral goza de legitimidad de ejercicio cuando la administración de elecciones, se realiza con eficacia, imparcialidad y transparencia; operar de manera opuesta resulta ilegítimo. Veamos cómo fueron las cosas en los últimos 38 años de democracia. 

Ilegitimidad del organismo electoral. La designación de vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de 1985 y 1989 se llevó a cabo según la Ley Electoral N° 531 (1980). El nombramiento lo realizaron el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Corte Suprema de Justicia y el consenso entre partidos con representación parlamentaria (artículo 11). Aquellas designaciones resultaron más o menos aceptadas por la ciudadanía (legitimidad de origen).

Sin embargo, el desempeño de funciones en la elección de 1989 derivó en un escándalo. Las irregularidades se presentaron en el cómputo, se anularon votos para beneficiar a un partido (ilegitimidad de ejercicio). El fraude electoral, alentado por “la banda de los cuatro” (cuatro vocales), provocó un malestar ciudadano contra la entidad electoral. Según una encuesta la confianza otorgada a la CNE alcanzó a 3,51 puntos, debajo de otras seis instituciones. (Presencia, 11 de noviembre de 1990). Sin duda este descrédito derivó en el distanciamiento de la “buena democracia”.

Legitimidad del organismo electoral. Aquél fraude empujó a las élites políticas a concretar reformas constitucionales y reorganizar la CNE. La Ley Electoral N° 1246 de 1991 estableció que los vocales del organismo electoral fueran designados por dos tercios de los votos del Congreso y un miembro por el Poder Ejecutivo (Artículo 25). El nombramiento se realizó aquel año con el compromiso de designar personalidades “notables” y sin lazos partidistas, los vocales designados resultaron ovacionados por la ciudadanía (legitimidad de origen).

Si las autoridades electorales designadas por los partidos casi siempre se subordinan a estas organizaciones hay excepciones en que preservan su autonomía. Este fue el caso de los “notables”, cuyo mandato abarcó una década (1991 a 2001). Estas autoridades administraron las elecciones generales de 1993 y 1997 y otros procesos electorales municipales. El desempeño de funciones que distinguió a los “notables” fue la independencia, eficiencia, imparcialidad y transparencia. Evidentemente, esto contribuyó a mejorar la calidad de la democracia. 

Las generaciones siguientes de vocales no afectaron la sólida institucionalidad y credibilidad del organismo electoral y conservaron la imparcialidad. El desempeño en la gestión electoral fue el adecuado y la legitimidad de ejercicio de la CNE en las elecciones de 2005 alcanzó el 50,9% sobre 100 de confianza ciudadana (Auditoria de la Democracia, Informe Bolivia 2006). Esta importante credibilidad en la institución electoral, a pesar de la profunda crisis política que vivía Bolivia en aquellos años, contribuyó a la “buena democracia”.

Ilegitimidad del organismo electoral. El advenimiento de Evo Morales al gobierno (2006) implicó algunos cambios: incremento de vocales de cinco a siete, presencia de mujeres y representación indígena; pero no hubo cambios en cuanto a las entidades que seleccionan vocales ni al procedimiento. (Ley N° 018, Artículo 13). En agosto del 2010, favorecido por la hegemonía parlamentaria, el MAS terminó designando autoridades electorales a personas afines a su línea política. Este hecho generó desconfianza ciudadana e ilegitimidad de origen del TSE.

Aquellas autoridades administraron, entre otros procesos, las elecciones judiciales (2011), las elecciones generales (2014) y las elecciones subnacionales (2015). El cumplimiento de sus funciones fue tendencioso, deshonesto e ineficiente. Estos vicios resultaron inocultables en las elecciones de 2015 y la consecuencia inevitable fue la renuncia de los vocales. El descrédito de la entidad electoral puede advertirse en dos estudios (La Calidad de la Democracia en Bolivia 2012 y 2014). En el primero, la confianza ciudadana alcanzo solo a 3,61 puntos y, en el segundo, llegó a 3,94, ambos sobre 100. Esto evidencia la ilegitimidad de ejercicio.

Luego de la renuncia de los desechables vocales, el MAS impuso nuevas autoridades electorales (julio 2015) impregnadas nuevamente de ilegitimidad. Los principales procesos que administraron fueron el referéndum constitucional de 2016 (consulta para aprobar o rechazar la repostulación del presidente y vicepresidente), las elecciones judiciales de 2017 y las elecciones generales de 2019. Aquí, la legitimidad de ejercicio también fue cuestionada, el 60% de las personas valoraron negativamente al TSE (La Calidad de la Democracia en Bolivia 2015-2016); y un mes antes de las elecciones de 2019, el 68% de la población sospechó que habría fraude (Página Siete, 29 septiembre 2019). El estudio de la OEA ratificó el “dolo” electoral en los comicios de 2019 que, junto a otros eventos, provocaron la dimisión de Morales, la renuncia de los vocales y la respectiva querella judicial, además del debilitamiento de la “buena democracia”.

Restaurando la legitimidad del organismo electoral. En diciembre pasado, luego de la transición constitucional, el nuevo gobierno y el parlamento procedieron a la designación de autoridades electorales de su competencia. A pesar de la hegemonía del MAS en el Congreso, el nombramiento de vocales fue más o menos plural e incluyó algunas personalidades “notables” que, en cierto modo, le brindaron legitimidad de origen a esta designación.  

Los nuevos vocales están afrontando tres importantes desafíos: organizar un proceso electoral en tiempo breve, administrar elecciones con autoridades carentes de experiencia y celebrar un proceso electoral en medio de la pandemia. Los dos primeros se resolvieron en la primera mitad del proceso electoral, esto lo confirma una encuesta donde el 61% de la ciudadanía confía que el TSE realizará elecciones transparentes y limpias. (Página Siete, 23 febrero 2020). Esto demuestra la legitimidad de ejercicio del desempeño de los vocales.

En la otra mitad del proceso electoral, interrumpida por la pandemia, el TSE debe encarar nuevos retos: garantizar la menor cantidad de contagios en los comicios y lograr la mayor participación ciudadana. Respecto del primer desafío, debe incrementar la cantidad de recintos, elaborar y difundir los protocolos y, finalmente, distribuir material de seguridad sanitaria. Si con estas medidas el TSE consigue convencer a la ciudadanía para asistir a sufragar, es muy probable superar el segundo desafío.

Por último, si el MAS (2006-2019) nos legó una entidad electoral desacreditada, sumisa, ineficaz, parcializada y deshonesta; entre todos, debemos recuperar la legitimidad del TSE y orientarla hacia la “buena democracia”.

Eduardo Leaño Román es sociólogo y docente universitario.