Después de permanecer en el exilio durante más de cuatro años por la implacable persecución política de la que fui objeto, a consecuencia de mi lucha por la defensa de la democracia, contra el fraude electoral de octubre de 2019, y por la exigencia de que se respeten los derechos humano decidí retornar al país.
Habiendo cambiado radicalmente la situación política con un gobierno que permite la vigencia de las libertades democráticas, regresé, inicialmente, sin la intención de involucrarme en ninguna actividad proselitista de naturaleza política y, alternativamente, retomar las actividades de defensa de los derechos humanos, que para mí constituyen una opción de vida.
No creo que exageren las nuevas autoridades gubernamentales cuando mencionan que encontraron un país devastado. Eso es lo que nos dejó el último régimen que, además de someter al Estado a una profunda crisis económica, incrementó la debilidad institucional y una estructura de corrupción difícil de extinguir en poco tiempo.
En relación al municipio de La Paz, advertí que nuestra ciudad fue ostensiblemente maltratada. No se observan obras que expongan el mejoramiento urbano y la relación gobierno municipal–ciudadano o vecino sigue siendo vertical.
Tuve la oportunidad de estar en varias reparticiones del municipio paceño, conversar con ciudadanos, auscultar su criterio y, muchos más que opinar, se quejaban de manera homogénea respecto a la situación de sus trámites.
No exagero cuando varios de ellos mencionaron con desesperación y frustración que su trámite sobrepasa los cinco años, que da vueltas por todo lado, que el cambio de funcionarios encargados de su caso incrementó la demora, porque es como volver a empezar.
Se evidencia problemas de carácter estructural que no es responsabilidad exclusiva de la actual gestión, sino de males provienen de hace más de dos décadas, no habiéndose adoptado mecanismos que extingan la pesada burocracia, la misma que es prima hermana de la corrupción.
Me llamó la atención, especialmente por el caso de un inmueble, cuyos propietarios acudieron a mi persona para buscar apoyo y respaldo profesional, sin entrar a individualizar ni especificar nombres, porque no se trata de interpelar personas, sino un sistema de administración municipal obsoleto.
Cuando advertí que se trataba de un abuso de parte de los funcionarios conversé con la profesional encargada del trámite. La soberbia con la que tratan al ciudadano es indignante. En el intento de diálogo con dicha funcionaria, obviamente que la relación no fue horizontal; ellos son dueños de la verdad y el vecino es un infractor al que se debe procesar, sancionar, multar.
El municipio nunca se equivoca, siempre tiene la razón. Se expone una preocupante vocación punitiva y sancionatoria contra el vecino. Ante esa circunstancia opté por solicitar audiencia con la máxima autoridad de esa subalcaldía.
La secretaria de dicha autoridad reaccionó con la misma arrogancia y me exigió que para hablar con la subalcaldesa debía presentar una carta de solicitud de audiencia. No me quedó otra opción que redactar la nota y esperar la buena voluntad de la autoridad.
Así funcionaba y funciona el Gobierno Municipal de La Paz, donde tienes que implorar derechos, donde el personal que trabaja en las diferentes reparticiones, independientemente del cargo que ocupan, se cree un rey chiquito.
Están instruidos a satanizar el accionar del vecino. No lo orientan, buscan la forma de reprimirlo y, en lo posible, convertirlo en un contribuyente irregular. Pareciera que existe una instructiva expresa de recaudar fondos para la institución a como dé lugar, de modo que se busca penalizar todo para sancionarlo.
En un escenario de absoluta indefensión de la ciudadanía frente a su municipio comprendí que debe promoverse un cambio profundo en la relación municipio–ciudadanía, en el marco de una relación horizontal, donde el objetivo principal de la institución es satisfacer las necesidades principales del vecino, y no de la autoridad. De la misma forma extinguir la pesada burocracia y, fundamentalmente, cambiar el estereotipo o perfil de la gente que presta servicios en la entidad, extinguir el concepto de funcionario o autoridad, pare reemplazarlo por el de SERVIDOR PÚBLICO.
Esas son las razones por las que me animé a postular como candidato a la Alcaldía de La Paz, mi ciudad, la que me vio crecer, la que también fue escenario de luchas permanentes para reivindicar los derechos humanos y tumbar a los tiranos. La Paz merece respeto y debe recuperar el liderazgo que siempre ejerció en Bolivia.
Es un nuevo desafío que asumo bajo el compromiso de afrontar la contienda electoral a través del juego limpio, tratando con respeto a mis adversarios, porque no son mis enemigos. Intentando perfilar una nueva forma de hacer política, combinándola con la ética y la vocación de servicio.
Waldo Albarracín fue Defensor del Pueblo, presidente de la APDHB y rector de la UMSA.
