Minería informal y contratos chutos

El país paulatinamente se ha ido transformando en una economía informal. No hay sector de la economía en los que no se perciba el trabajo informal. Comercio es su cara más visible, pero también lo hay en la industria y por supuesto la minería no está exenta. En lo político se pasó de una sociedad que medianamente se regía por el diálogo a una de confrontación. Se consolidó la política en las calles con manifestaciones, bloqueos, etc.

La minería a cualquier escala es una actividad no amigable con el medioambiente, provoca degradación de la tierra, contamina agua y aire. Por ello las empresas dedicadas a esta actividad tienen que ser muy cuidadosas en elegir la tecnología a utilizar y contar con prácticas de excelencia en la gestión ambiental.

Pero lo que ahora observamos en la minería es una precarización de su explotación. Se reduce el tamaño de las empresas y con ello los recursos para la prevención de la contaminación. De grandes empresas que cumplían con la normativa nacional para su funcionamiento como San Cristóbal, Comibol, Manquiri. Sinchi Wayra, Pan American Silver y Paitití, pasamos a contar con más de 1.500 cooperativas y la mayoría no cumplen con la normativa para su funcionamiento.

Héctor Córdova, de la fundación Jubileo, señalaba al portal Mongabay que ese sector, apoyado por el Estado, se ha convertido en el responsable de más del 90% de la producción aurífera del país; además nos dice que solo el 14% de las aproximadamente 1.500 cooperativas existentes en el país cuenta con licencia ambiental para realizar sus operaciones. Y aquí una de sus conexiones con la informalidad: esta minería se caracteriza por ser de pequeña escala y porque carece de autorización para realizar su actividad.

Por la política anti empresas transnacionales que se tiene desde hace casi dos décadas, el Estado se apoya en los pequeños productores cooperativizados, los mismos que por la escala de producción no cuentan con tecnologías apropiadas al cuidado del medioambiente y tampoco tienen el debido asesoramiento estatal para cumplir con ello.

Por otro lado, la crisis económica del país, que se manifiesta por la caída pronunciada de las reservas internacionales, ha reforzado en el Gobierno su vínculo con las cooperativas mineras auríferas. Parece que les dijeran “extraigan todo el oro que puedan, lo necesitamos”. En ese sentido, la Asamblea Legislativa aprobó la denominada “ley del oro” que posibilita al Gobierno echar mano de las reservas metálicas y comprar oro a los mineros cooperativizados porque supuestamente así se podrá recuperar la economía del país y enfrentar los escases de dólares.

Con lo que no cantaba el Gobierno es que las empresas (cooperativas o no), tienen que acreditar, como manda la Constitución Política del Estado, su contrato. Textualmente la CPE en el parágrafo I del Artículo 370 determina que el Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley y una de las normas es la ambiental.

Actualmente se encuentran estancados 19 contratos con las cooperativas mineras en la Asamblea debido a que ninguno cuenta con estudios ambientales y además estos encuentran en proximidades de cabeceras de cuencas, ríos, vertientes y embalses, lo cual está reñido con la Ley 535 de minería, que no permiten asentamientos mineros en lugares cercanos a cuerpos de agua. 

Los cooperativistas auríferas, conociendo la Ley, exigen a la Asamblea la aprobación de los contratos a pesar que no tienen la licencia ambiental. Para este efecto las bancadas de masismo divididas en dos fracciones en la mayoría de los temas (evistas y arcistas), se unen para demandar la aprobación de los contratos chutos.

La actitud política de las cooperativas mineras concuasa con los conceptos de que este sector es un sector informal tanto económicamente como políticamente.