El presidente argentino, Javier Milei, ha agitado las aguas del Mercosur con una declaración periodística hecha en Davos, Suiza, donde también aprovechó para criticar la cultura “woke” en su discurso ante el Foro Económico Mundial (WEF). En esa entrevista, lanzó una advertencia que ha causado un verdadero temblor dentro de la estructura del bloque, sugiriendo que, si no se modifican ciertas restricciones de negociación comercial, Argentina podría optar por retirarse del acuerdo. Una amenaza que no solo cuestiona la cohesión del grupo, sino que evidencia las tensiones internas sobre el futuro del comercio en la región.
Lo que Milei expresó no es una sorpresa. Ya en la cumbre presidencial del Mercosur celebrada en diciembre de 2024 en Uruguay, el controversial mandatario argentino calificó al bloque como una “prisión comercial”, criticando abiertamente las limitaciones impuestas por sus propias reglas que, según él, impiden a los países miembros aprovechar sus ventajas comparativas y desplegar todo su potencial exportador. Un discurso que no solo pone en evidencia las fricciones de un bloque que, en su origen, se pensó para promover la integración, pero que hoy parece más un sujetador económico que limita el crecimiento de sus integrantes.
Pero lo que hay detrás de las palabras de Milei es aún más revelador. Se advierte un impulso claro hacia la firma de un acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos, algo que no podría hacer libremente como miembro del Mercosur debido a la Decisión 32/00, que obliga a negociar en bloque con terceros países o grupos. Esta limitación, que Uruguay ya ha experimentado de cerca al verse forzado a suspender un acuerdo casi cerrado con China por la misma razón, es un obstáculo que el presidente argentino parece dispuesto a derribar, aunque a costa de una posible fractura con sus socios comerciales.
Aquí es donde la presencia de Bolivia en la discusión se vuelve alarmantemente ausente.
Mientras la Cancillería boliviana en apariencia está más ocupada con la adhesión al bloque, las autoridades se mantienen ajenas a las discusiones de fondo que están redefiniendo el Mercosur. Este desconcierto resulta preocupante, especialmente porque Bolivia enfrenta un plazo inexorable para presentar el cronograma de armonización de las normativas del bloque con las de Bolivia, un documento que debe estar listo en las próximas semanas y cuyo incumplimiento podría poner en riesgo la adhesión al grupo.
¿Y qué ha hecho Bolivia en este frente? Prácticamente nada. La administración de Luis Arce, más interesada en sostener promesas vacías sobre un proceso de industrialización irrealizable, cuando menos no en los meses que le quedan de gestión, ha abandonado el tema del Mercosur a su suerte, como si se tratara de un simple eslogan electoral. El cronograma de armonización, que debería ser un asunto urgente, sigue sin avances significativos, a pesar de que el plazo se acerca a su fecha de vencimiento. Y no es que el tiempo sea el único enemigo; la falta de acuerdos con el legislativo, con las cámaras de comercio y otras instituciones clave para la integración económica demuestra que Bolivia no está preparada para dar el paso necesario hacia la plena incorporación al bloque.
Este silencio, más allá de la incomodidad diplomática, refleja una falta de visión estratégica por parte de un gobierno que parece incapaz de manejar los complejos desafíos del comercio internacional. En lugar de abordar las dificultades con seriedad, se opta por un abordaje superficial, como si el simple hecho de ser parte del Mercosur fuera suficiente para garantizar la prosperidad. En meses pasados, la Cancillería “socializó” el ingreso al Mercosur ante auditorios poco especializados. Vergüenza ajena dio ver a las autoridades explicando el ABC de la organización, como si se tratara de clases estudiantiles.
Y respecto al bloque de integración regional hay temas preocupantes. La experiencia ha demostrado que el acuerdo comercial firmado en 1996, entre Bolivia y el Mercosur, bajo el nombre de ACE 36 dejó, tras más de dos décadas, un déficit comercial de 42.000 millones de dólares en contra de Bolivia, un resultado claro de la ineficacia de la política industrial boliviana y de su debilidad competitiva.
Quizás, y solo quizás, la salida de Arce y su administración inoperante pueda abrir un espacio para que el próximo gobierno repiense la pertenencia de Bolivia al Mercosur. No se trata de dejar de lado la integración, sino de reconsiderarla con una visión más pragmática, que no caiga en el fervor integracionista sin análisis previo. El desafío es claro; Bolivia debe decidir si quiere ser parte de un bloque que, como bien señala Milei, puede restringir la capacidad de negociar acuerdos con potencias como Estados Unidos o la Unión Europea, o si prefiere explorar nuevas rutas para el comercio global, sin los grilletes de una estructura que ha demostrado ser más un obstáculo que una oportunidad.
Los meses por venir son decisivos. Bolivia necesita tomar decisiones que vayan más allá de los intereses momentáneos o las promesas electorales. El futuro de Bolivia en el Mercosur depende de una reflexión estratégica profunda sobre su papel en el bloque y en el comercio internacional. Deliberación difícil de imaginar con una Cancillería desmantelada. El tiempo para seguir dando excusas se ha agotado.
Javier Viscarra es periodista y diplomático.