Mi aporte al debate sobre política monetaria

Acabo de retornar al país en la madrugada y me quedé con el amargo sabor de la vergüenza ajena al oír las opiniones, de quienes nos visitan, respecto al trato que reciben de la burocracia (aduana y migraciones) cada vez más incompetente, que aplica reglas y procedimientos que nadie con sano juicio establecería y que, para añadir insulto a la injuria, empeora en cada arribo. Sin embargo, la publicación del Doctor Juan Antonio Morales que pude leer al final de la mañana, me ha ayudado a superar la “bajoneada” de la llegada y me alienta a seguir en la brega.

Me alegró muchísimo que Juan Antonio se hubiera dado el tiempo para leer mi artículo y, en especial, que responda abriendo un sano debate.

Entro en materia. Primero, el doctor Morales acepta la posibilidad que la política fiscal pueda ser más importante que la monetaria “según como se ajustan los factores”; entonces, si la sociedad, economistas y políticos entendieran y aceptaran la política fiscal como instrumento útil, los gobiernos podrían tener el marco legal y administrativo adecuado para “ajustar los factores” de manera que decisiones fiscales, clasificadas como útiles para determinados desajustes macro, puedan aplicarse con la misma rapidez con la que ahora se usan los instrumentos monetarios que, en realidad, se concentran en uno: la tasa de interés.

Sin embargo, desde el punto de vista práctico (operativo), la evidencia muestra que ninguna de las medidas monetarias aplicadas sucesivamente desde los años 1980 ha tenido éxito: las metas de emisión de dinero, los ajustes a la tasa de interés o las actuales metas de inflación.

Segundo, Juan Antonio afirma que los déficits fiscales originan desarreglos macroeconómicos: “porque se financian con deuda, luego con emisión monetaria y, a mayor emisión monetaria, mayor inflación”. Los datos sobre el comportamiento real de las economías demuestran que eso no es cierto; surge de la errada concepción que la economía del gobierno se maneja y funciona igual que la de un hogar al suponer que el gobierno está restringido por sus ingresos igual que lo está una familia o una empresa. Y, por supuesto, desconoce muchas otras posibles causas para el aumento de precios o la reducción de la oferta, que podrían derivar en procesos inflacionarios.

Un hogar, para poder gastar, primero tiene que tener un ingreso. Pero un gobierno que emite su moneda soberana, primero debe gastar (pagar a las empresas y a la gente) para luego recaudar impuestos o “prestarse”, no porque lo necesite para invertir, sino por otras razones entre la que destacan las monetarias (sostener la tasa de interés) o remunerar ahorros que los privados tuvieran sin uso productivo (ganar rentas comprando bonos del Estado en el capitalismo financiero).

La esencia de estas relaciones y transacciones las reflejan las identidades contables con las que se registra el comportamiento de las economías. Las cuentas nacionales, verdaderas por definición, establecen como una identidad que el saldo financiero (ahorro o deuda) del sector privado, es igual al saldo público (gasto menos impuestos recaudados), más el saldo comercial (valor de exportaciones (X) menos importaciones (M)).

Si el gobierno termina una gestión en total equilibrio (gastos igual a lo que recauda) y el saldo comercial también fuese nulo (exportaciones igual a importaciones) el saldo del sector privado necesariamente será también cero: en ausencia de actores y factores externos a las actividades económicas, todas las transacciones entre privados suman cero ya que lo que algunos pudieran ganar es exactamente igual a lo que otros pierden, pero la economía ni crece ni decrece: la riqueza podrá cambiar de manos pero su total es constante.

Con un saldo externo relativamente equilibrado, un superávit fiscal implica el des-ahorro privado; la única forma para que el sector privado, empresas y familias, pueda ahorrar para salud, construir una casa, educar a los hijos, invertir, etc., es que el gobierno opere en déficit; o que el saldo comercial sea positivo a largo plazo (el caso de los grandes productores de petróleo, por ejemplo). El déficit público, el dinero que queda en la economía después que el Estado gasta (introduce dinero en la economía) y retira una parte con las recaudaciones, constituye el superávit privado: por supuesto, hay condicionantes que evitan que el manejo de la economía sea un carnaval de “helicópteros tirando dinero”, aspectos que podrán entrar al debate en su momento.

Si el sector externo tiene un saldo positivo (X>M), los hogares podrán tener un ahorro neto positivo, pero en las cuentas nacionales las X se registran siempre como costo para la sociedad: representa uso de recursos (materias primas, mano de obra, infraestructura, etc.) que la economía interna no puede aprovechar y que se pierde a largo plazo: por ejemplo, la bonanza del 2004 al 2019 ha representado quitar 20 TCF de gas y cientos de toneladas de oro a las generaciones futuras, dejando además un enorme pasivo ambiental.

Respecto a nuevas teorías fiscales que menciona el doctor Morales, ni quiero ni podría opinar, primero, porque son construcciones teóricas cada vez más alejadas de la economía real (parten de premisas falsas: “habida cuenta que los déficits se financian con deuda...”); segundo, porque estas teorías toman, como verdaderas, relaciones entre variables que posiblemente pueden tener algún grado real de causalidad, pero la teoría las considera vinculadas por relaciones matemáticas exactas… pero irreales, muy especialmente cuando las ideologías o los intereses políticos (que incluyen los académicos) priman al momento de adoptar políticas económicas; y, tercero, las interpretan, además, bajo supuestos irreales, como que las economías funcionan a capacidad plena: un aumento de demanda o precios es, en estos modelos, señal de inflación, pero en una economía con capacidad ociosa (que es la regla más general), una mayor demanda, antes que generar un aumento de precios, induciría a aumentar la oferta con el bono adicional de aumentar el empleo y hasta la posible reducción de precios por efecto de la mayor productividad de una menor capacidad ociosa.

Propongo que el debate busque definir si un gobierno tiene las mismas restricciones financieras que una empresa o un hogar. Esta definición nos ahorrará muchas desviaciones innecesarias.

Por ahora, me alegra que coincidamos en que el tipo de cambio fijo fue un error; desde INASET y contra la opinión de varios amigos economistas, identificamos este error en 2012. Hay, sin duda, mucha tela que cortar. La esencia de lo aquí planteado, fue parte de una propuesta de FEBOPI-INASET a una reunión convocada por la Cámara Nacional de Industrias a inicios de la gestión de Jaime Paz Zamora. El tema general, era cómo promover a la industria cuando la consigna política era que “la mejor política industrial es no tener política industrial”, pero el emprendedurismo (cuentapropismo) y el microcrédito promovidos por el FMI/BM se mostraban ya como una amenaza real a la pequeña y mediana empresa.

Desde entonces, lo repetimos regularmente, pero lo que eran observaciones aisladas, ahora tienen respaldado en las ideas de la Teoría Monetaria Moderna “MMT”, que no es una teoría, pero constituye un sólido marco conceptual que detalla cómo realmente fluye el dinero en la economía. Ojalá que introduciendo ideas aparentemente antagónicas al debate, clarifiquemos las opciones reales de la economía boliviana para entrar con buen pie a su tercer centenario. Gracias, otra vez, Juan Antonio.

Enrique Velazco Reckling, PhD, es investigador en desarrollo productivo.