Ni los negocios que cierran están mal para el SIN

Mario Cazón, en ejercicio (¿ilegal?) de la presidencia interina del SIN, convocó hace unos días a una conferencia de prensa para apoyar las declaraciones de la ministra de la Presidencia que, un día antes, afirmó que el país no estaba en quiebra; el argumento del señor Cazón fue el incremento relativo de las recaudaciones en los dos primeros meses del año respecto a las de igual período del año anterior.

La obsesiva fijación de metas de recaudación –que cuestionamos desde hace 15 años–, es una clara evidencia que quienes manejen la política económica de este sufrido país no tienen idea de las consecuencias que su fetichismo recaudatorio tiene en el comportamiento de la economía boliviana, ni, menos, en el bienestar de los hogares.

Dado que, con excepción del IDH, prácticamente todos los impuestos en Bolivia son impuestos indirectos que se trasladan al precio final de los bienes y servicios en el mercado, el precio de venta de los productos nacionales puede incrementarse en 35% a 40% como efecto del IVA, IT, ICE, IUE y otros impuestos. Lo único que el SIN logra al cumplir (o superar) sus metas de recaudación es encarecer los productos nacionales y quitar poder adquisitivo a los ingresos de las familias. Al hacerlo, reduce aún más el ya pequeño mercado interno, las empresas cierran o reducen personal, y empuja a los hogares a recurrir a productos de contrabando, actividad ilegal que el propio gobierno alienta al mantener un tipo de cambio fijo que fortalece nominalmente al boliviano frente a las monedas de los países vecinos o de ultramar.

Según los datos del INE (Recaudación de renta interna por tipo de impuestos, 1987-2023), durante el auge exportador 2006-2015, el promedio anual de recaudación fue de 35.200 millones de bolivianos, de los cuales 9.500 millones (27%) correspondieron al IDH y 25.700 millones (73%) al mercado interno e importaciones. A partir de 2016, las recaudaciones anuales crecieron en 30% (de 35.200 a 45.800 millones de bolivianos), pero el aporte del IDH bajó en 3.200 millones (de 9.500 a 6.320 millones, 13,5% de las recaudaciones totales); el mercado interno y las importaciones subieron su participación a 39.600 millones (86,5%).

En resumen, desde 2016, la recaudación interna aumentó en 13.900 millones de bolivianos (la de “conceptos varios” –la buro-parásito-cracia en acción– tiene el mayor crecimiento relativo: 350% en 2021-23 respecto a 2006-15), pero la del IDH cayó en 3.200, resultando en un neto incremento de 10.600 millones de bolivianos en recaudaciones. Expresado en dólares (a 6,96 Bs/$us), entre 2006 y 2015, el SIN restó 3.700 millones de dólares anuales a la capacidad de consumo de los hogares y, desde 2016, les quita casi 6.000 millones de dólares anuales.

Si al aumento obligado en precios en 35%-40% por efecto de las cargas impositivas se añaden la reducción de 6.000 millones en la capacidad de consumo, y el aliciente al contrabando que significa mantener la moneda boliviana sobrevaluada respecto a las economías vecinas, se explica perfectamente la caída de los aportes de la industria y la manufactura a la formación del PIB, y al empleo productivo formal: entre 1990 y 2005, las importaciones eran un 35% del consumo de los hogares, pero, hacia 2020, superaron el 55%; el empleo industrial (formal) cayó de algo más de 800.000 personas a inicio de los años 1990, a menos de 90.000 en 2017.

Es absurdo quitar a la producción nacional una demanda de 6.000 millones de dólares anuales, a la vez que un monto comparable se destina a pagar sueldos y salarios de la administración pública. La administración pública, además de no aportar un centavo a la generación de valor económico, está entrenada para imponer una institucionalidad disfuncional para el desarrollo productivo, cuyo “logro” más evidente, es condenar al 90% de la población económicamente activa al cuenta-propismo empobrecedor.

Una simple aritmética demuestra que, una demanda adicional de 6.000 millones de dólares anuales, justificaría y permitiría crear los más de 120.000 puestos de trabajo necesarios para acomodar a todos los jóvenes que anualmente ingresan al mercado laboral y que hoy, en amplia mayoría, terminan en el cuentapropismo obligado. Con una productividad modesta de unos 15.000 dólares por trabajador/año, los nuevos empleos podrían, a su vez, aportar con un nuevo valor agregado de unos 2.000 millones de dólares anuales.

Pero, finalmente, además que las metas de recaudación son económica y productivamente irracionales, es indignante que el SIN recurra a formas abusivas y prepotentes para cumplirlas a costa de la ciudadanía. Pocos días atrás, acompañé a un amigo que no podía hacer su declaración mensual porque el sistema del SIN confundía las gestiones que él realizaba a título personal, con las de su emprendimiento. Después de esperar casi 3 horas, y ya pasada la hora de atención al público, el funcionario comprobó que, efectivamente, el sistema del SIN no funcionaba bien. Cuatro días después, el SIN había notificado a mi amigo por incumplimiento a pesar que la culpa era del sistema SIN.

Desde 2012 y durante años, me rehusé a pagar el IUE–profesionales independientes– porque demostré que era un impuesto ilegal al ingreso, por lo que finalmente cerré mi NIT en 2019. Los procesos en mi contra quedaron temporalmente congelados porque estaban en estudio las nuevas disposiciones que modifican el IUE para profesionales independientes, dándome la razón en todos mis argumentos. Pero en 2022, de manera solapada, reactivaron los procesos en mi contra. Desde agosto de 2023, congelaron y vaciaron todas mis cuentas, las personales y las con firmas compartidas. Me tomó seis meses para que el SIN reconozca que había pedido congelar mis cuentas, y en el proceso mostramos (hay testigos) que nunca recibí notificaciones porque al dar de baja mi NIT, el sistema me habría bloqueado acceso a mi “buzón tributario”.

En fin, el SIN pone el freno de mano a la actividad económica, causa daño a los contribuyentes, y está afectando severamente las posibilidades de desarrollo de la economía nacional. ¿Quién es responsable? ¿El Presidente? ¿El Ministro de Economía? ¿El Directorio del SIN (si existe)? ¿El presidente “a.i. de impuestos”? ¿Los gerentes regionales “a.i.” de esa entidad? Quizás los guardias de seguridad…

Lo que es seguro, es que los jodidos somos los que les pagamos sus jugosos sueldos.

Enrique Velazco, PhD es especialista en temas de desarrollo.