Mercurio para canjear oro por votos

Los mineros del oro hablaron: volcaron su apoyo electoral hacia quien sería el candidato que les aseguraría el mercurio más barato para continuar con su extractivismo. El elegido fue Evo Morales.

Esa fue la decisión que hace unas semanas anunció la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN). Su principal argumento fue que el precio del mercurio es actualmente muy alto, mientras que era mucho más barato en tiempos de la presidencia de Morales.

Esa explicación, extrañar el mercurio barato; la decisión, apoyar a quien se supone asegura más extractivismo del oro; y el hacerlo público de ese modo, ilustra la dramática situación que se vive. Lo es porque no puede olvidarse que esa minería, y especialmente la que se multiplica dragando los ríos del país, está repleta de impactos sociales, económicos y ambientales. En lugar se combatirla se la auspicia y festeja.

Aunque es presentada por algunos como un éxito económico, esa actividad es en realidad un factor de deforestación, produce drásticas alteraciones en los ríos al remover arenas y grava, y provoca una severa contaminación por mercurio en aguas y suelos, en alimentos como los peces, e incluso en las personas. Eso hace que genere daños sociales y ambientales, los que a su vez producen enormes costos económicos de los cuales ni los mineros ni el Estado hablan, aunque se vuelven una carga para las comunidades locales o la Naturaleza. Tampoco puede olvidarse que esas prácticas están inmersas en crecientes conflictos, avanzan ejerciendo la violencia, y en varios casos se ha indicado que están superpuestas con redes ilegales, por ejemplo de contrabando.

En una política sana, comprometida con el bienestar de las personas y de la naturaleza, los políticos no desearían el apoyo público de esos mineros, ni sería aceptable invocar como argumento contar con un contaminante barato. En un contexto normal, a muchos les produciría vergüenza recibir esa bendición, y tratarían de esquivarla; otros evitarían pavonearse con contaminar ríos o talar bosques. Incluso los que en su fuero íntimo estuvieran desinteresados en las cuestiones sociales y ambientales, también rehuirían de esas alianzas porque saben que les restan votos. Por supuesto que también hay ejemplos de acuerdos entre ese tipo de sectores con la política, pero se hacen en las sombras, para evitar la denuncia pública.

Solo unos pocos desprecian abiertamente las responsabilidades ambientales y reciben apoyos de deforestadores, contaminadores o negacionistas, como ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, o en estos meses se observa en Argentina con Javier Milei.

Entretanto, en Bolivia, si realmente se asegurara la sobrevida de la Madre Tierra, como tantas veces se ha dicho en los discursos políticos, la minería de oro aluvial estaría prohibida. No sólo eso, sino como el país firmó hace casi 10 años un acuerdo internacional para contener el uso del mercurio (Convenio de Minamata), si se lo cumpliera no sólo sería mucho más caro sino que debería estar prohibido su utilización en la minería que se practica en los ríos.

Al contrario de esos mandatos, la minería de oro sigue avanzando en Bolivia. Hay contingentes que se lanzan, por ejemplo, a dragar los ríos amazónicos del norte del país, ofreciéndose múltiples justificaciones. Es cierto que entre ellos están los que padecen pobreza y otras restricciones, pero detrás de sus circunstancias están las fallas de las políticas sociales y laborales de los anteriores gobiernos que resultaron en que esas personas no encuentran otra opción que dedicarse a pasar horas hundidos en el agua, arenas y lodos, embebidos en mercurio, ansiosos de conseguir unos gramos de oro.

En lugar de salir de esa dramática situación, ahora, ante los ojos de todos, se proclama un respaldo electoral que busca insistir con un contaminante, propio de un tipo de minería que es incompatible con la justicia social y ecológica. Las posiciones y discursos políticos se han distorsionado a tal extremo que lo que es dañino no se hace a escondidas, sino que se lo proclama abiertamente. Se llama a votar por quien no sólo asegure más contaminación sino que sea más barata. El destinatario de esas adhesiones no las esquiva ni las rechaza. ¿Se canjean votos por oro?

Por estas razones estamos en una crisis ambiental que es ciertamente grave en sí misma, pero está inmersa a su vez en otra problemática más amplia, y a la vez más profunda. Se están erosionando los sentidos de la política pública, y de los entendimientos de ella como el medio para lograr una buena vida. Eso ocurre poco a poco, y se naturalizan posturas que hace unos años atrás hubiesen sido inaceptables y vergonzosas. Es que, ¿quién puede estar a favor de seguir contaminando con mercurio a los niños y niñas de la Amazonia boliviana?

Eduardo Gudynas es investigador en transiciones y alternativas al desarrollo en el CEDIB; @EGudynas