El cambio climático obliga a una reforma agraria

El Día de la Tierra acaba de celebrarse lo que amerita recordar las preocupaciones que en las décadas de 1960 y 1970 enmarcaron esa y otras iniciativas ambientales. Todas fueron respuestas a la evidencia del deterioro del medio que nos rodea, al mismo tiempo que se tomaba conciencia que la humanidad comparte un mismo planeta. Los impactos que se desatan en un rincón del globo pueden terminar en consecuencias en sitios muy distantes. Incluso pueden globalizarse y eso es justamente lo que décadas después, estamos padeciendo con el cambio climático.

Cuando se aborda la problemática del efecto invernadero, con el aumento de la temperatura promedio del planeta y los eventos climáticos extremos asociados, es común que se caiga en confusiones, y muchas de ellas no son inocentes sino que terminan siendo funcionales a la persistencia de esa debacle ecológica.

Es por ello que se debe estar atento para reconocer que la composición de los gases invernadero que emite Bolivia es esencialmente la inversa a la que se registra en los países industrializados. Esta no es una cuestión menor, porque en los medios de prensa predominan los reportes y documentales de aquel norte más rico donde las principales fuentes están en las industrias, en los vehículos y otras fuentes que queman combustibles fósiles. Insistir en aquí en el sur ocurre lo mismo impide determinar las verdaderas responsabilidades.

Esto se debe a que las emisiones bolivianas, como las de los demás países sudamericanos, provienen sobre todo de lo que podría calificarse como la explotación de la tierra. En efecto: el 58% del total de los gases invernadero que arroja el país se originan en los llamados cambios en el uso de los suelos y forestería, y un poco más del 22% a la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, esas fuentes suman el 80% del total de los gases invernadero que cada año arroja Bolivia al planeta. Eso representa un estimado de al menos 106 mega toneladas de equivalentes de CO2 (una medida que permite contabilizar el CO2 junto a otros gases de alto impacto, como el metano). En cambio, el sector llamado “energía”, que responde a la quema de fósiles en motores de automóviles o camiones, para calentar calderas o generar electricidad, es responsable de un poco menos del 16%, y los procesos manufactureros apenas del 1,26%.

Para muchos esta situación es paradojal. Las imágenes de grandes chimeneas en enormes fábricas o las autopistas repletas de automóviles, como responsables de los gases invernaderos, no corresponden a las mayores emisiones del país.

Esta situación tampoco es nueva, ya que la proporción de gases debido a los usos de la tierra y la agropecuaria se ha mantenido en niveles más o menos similares desde el año 1990 (oscilando entre las 80 y los 110 mega ton CO2 equivalentes).

Las causas directas de esta situación radican en la deforestación, los incendios, la transformación de áreas arboladas en explotaciones ganaderas o agrícolas. Están en juego distintos procesos. Por ejemplo, la tala de bosques se debe a liberar áreas para ampliar las zonas de cultivo o pastoreo, como también es consecuencia del avance de la minería de oro aluvial que destruye toda la vegetación que encuentra. Los incendios forestales se han convertido en un flagelo que opera en el mismo sentido.

Detrás de todo eso están las estrategias convencionales en la agropecuaria, que promueven o toleran esos cambios a nivel local. Esas políticas explican impactos ya muy conocidos, como el desplazamiento de comunidades indígenas o la pérdida de biodiversidad, pero que además también son grandes responsables de las emisiones de gases invernadero de Bolivia.

Se podrá argumentar que no tienen la misma responsabilidad un pequeño campesino que un hacendado, pero más allá de ello, lo que no puede pasar desapercibido es que se han instalado políticas públicas que alientan una agropecuaria convencional sin que evalúe adecuadamente sus impactos, y entre ellos los del cambio climático. Como el gobierno boliviano es el que tiene uno de los discursos internacionales más enérgicos sobre el cambio climático, esa contradicción se hace todavía más evidente.

Al mismo tiempo, los espacios rurales están entre los que son más rápida y directamente afectados por el cambio climático. La evidencia más reciente radica en las oscilaciones extremas en la disponibilidad de agua, ya que hay momentos o sitios que pueden pasar de inundaciones a sequías, o de éstas a una nueva inundación. Todo esto termina impactando la productividad agropecuaria.

Se llega así a una conclusión no siempre evidente: si se quiere hablar en serio en lidiar con el cambio climático, en países como Bolivia, la prioridad está repensar las estrategias de la agricultura y la ganadería. Aquel viejo llamado a la reforma agraria merece retomarse, pero actualizándolo y redefiniéndolo, sabiendo que es indispensable para  frenar el cambio climático.

Eduardo Gudynas es investigador en transiciones y alternativas al desarrollo en el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB); @EGudynas