Lecciones de Bolivia para la reforma judicial mexicana

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho aprobar por el Congreso una reforma judicial de gran envergadura, cuya disposición principal es la de la elección por voto popular de los jueces federales, incluyendo a la de los más altos magistrados. Esta modalidad de elección sería la segunda en el mundo, después de la nuestra dispuesta en la Constitución de 2009.

Precedió a la reforma mexicana un amplio debate, empleando a menudo como referente la nuestra. En el país le hemos prestado poca atención al debate mexicano, con algunas excepciones, como el artículo de Fernando Chávez en Visión 360 que describe en detalle los alcances de la reforma mexicana y que contiene declaraciones del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé. La revista inglesa The Economist tiene también un informe amplio y muy crítico sobre la elección directa de los altos magistrados en nuestro país. Recoge las muy acertadas declaraciones de Rodríguez Veltzé. Un artículo de Americas Quarterly, escrito por Raúl Peñaranda, también establece el paralelo. Y el periodista boliviano Rafael Archondo publicó un extenso texto en la revista NUSO.

Con la gran mayoría que tiene en el Congreso, AMLO no ha tenido mayores obstáculos para hacer aprobar su reforma judicial. Empero, tuvo y sigue teniendo la oposición en las calles, de corporaciones como las de los jueces, de estudiantes de derecho, y de ONG de derechos humanos. Los inversionistas y los mercados han reaccionado muy negativamente.

Un tema crucial para el buen funcionamiento del Poder Judicial es la confianza que la ciudadanía puede tener en él. AMLO dice que con elecciones populares la confianza de la ciudadanía aumentará. Nuestra experiencia boliviana no es esa. Según Latinobarómetro (2021, p. 70) solamente un 20% de los encuestados confiaba en el Poder Judicial. En 2010, con el antiguo sistema de elección de magistrados, la confianza era un poco más alta, con 24% de los encuestados (Latinobarómetro 2010, cuadro 17).

Las dos elecciones judiciales bolivianas se saldaron por fracasos, con más de 60% entre votos nulos y blancos. La participación del electorado fue también baja (menos del 80%) a pesar de que el voto es obligatorio. En la segunda elección, la de 2017, esos resultados podrían explicarse parcialmente por la desaprobación de la ciudadanía de la Sentencia Constitucional 0084/2017, que permitía la reelección indefinida del presidente y otras autoridades. Más simplemente, en las elecciones de 2011 y 2017, había el problema que, para la mayoría de los votantes, los candidatos a las altas magistraturas eran ilustres desconocidos o peor, que eran afines al gobierno.

En cuanto a la calidad del sistema judicial y el desempeño de los tribunales elegidos por voto popular en el país hay mucha controversia. Sus decisiones no tienen impactos sistémicos notables. Los tribunales inferiores siguen citando las sentencias constitucionales simplemente por su número, como si estuvieran leyendo la guía de teléfonos. Las elecciones populares refuerzan la vieja tradición inquisitorial del sistema judicial del país.

Una crítica que se hace al proyecto de ley de AMLO es que ignora al eslabón poderoso de la estructura judicial que son los fiscales. En un seminario en la Universidad de Columbia en Nueva York el 2009 acerca del sistema judicial mexicano, me llamó mucho la atención la afirmación de uno de los expositores de que los jueces le tienen miedo a los fiscales y, con datos estadísticos, mostró que rara vez van en contra de la acusación. Me temo que la situación nuestra es similar a la descrita para México.

Un idóneo sistema judicial es importante para el desarrollo económico. Hay una amplia literatura académica que señala la importancia del derecho a la propiedad privada y de las instancias para el cumplimiento de contratos, para el buen desempeño económico. Un muy respetado cientista político, Stephan Haggard y sus colaboradores (2008) dicen que más importante todavía para el desarrollo económico es la seguridad, no sólo con buenas instituciones de seguridad ciudadana sino también protegiendo a la ciudadanía de las arbitrariedades estatales. El respeto a la separación de poderes es crucial y no es seguro que se lo obtiene con elecciones populares. Puede ser al revés.

Juan Antonio Morales es PhD en economía.