La gestión de un contrato de Asociación Publico-Privada

Una Asociación Público-Privada o APP surge a la vida jurídica mediante un contrato, un acuerdo de voluntades que implica obligaciones de la parte pública y la parte privada, además de una serie de actividades administrativas, de coordinación y supervisión que alcanzan sus objetivos siempre y cuando la gestión del contrato obedezca a criterios y estándares probados en casos exitosos. 

La particularidad de un contrato de APP es su mayor nivel de complejidad que un contrato ordinario que suscribe la administración pública con un contratista privado.  En la APP se asignan diversas funciones y responsabilidades y los plazos de ejecución y operación son más largos.  Al socio privado se le transfieren mayores riesgos, pero obviamente se debe asegurar el equilibrio económico financiero sin el cual no sería viable llevar adelante un determinado proyecto que además implique la prestación de un servicio público o realice actividades de interés colectivo.

Otro de los aspectos relevantes en un contrato de APP es el reparto de tareas o roles entre las partes. Entre las principales funciones de la parte estatal se encuentran la de aprobar diseños y proyectos constructivos que propone el socio privado, expropiar terrenos necesarios para el proyecto, emitir las licencias correspondientes y por supuesto supervisar las obras. La parte privada debe elaborar diseños con el detalle necesario, debe garantizar el control de calidad de las obras y mientras estas se desarrollan debe cumplir normas de seguridad laboral del personal y asimismo llevar a cabo una gestión jurídica eficiente que coadyuve en la superación de obstáculos.

Se debe tener en cuenta que la APP está rodeada de un entorno institucional en el que varios entes públicos –y no sólo el ente que suscribe el contrato de APP- tienen incumbencia. Por ejemplo, las autorizaciones y licencias de orden municipal o ambiental que emiten las entidades competentes requieren de un nivel de coordinación tal que permita la agilidad en la toma de decisiones evitando demoras en la emisión de esos permisos. En esta tarea la gestión jurídica adquiere también relevancia.

Otro de los aspectos centrales en una APP es de la financiación. Teniendo en cuenta la magnitud de los proyectos constructivos que encaran las APP conseguir el financiamiento es tarea de ambas partes. El régimen de garantías que respalde el o los créditos y la fuente de repago implica muchas veces la expedición de normas jurídicas que le permitan al ente estatal que participa en la APP obligarse ante bancos o entes financieros exigentes que realizarán evaluaciones detalladas para otorgar dichos créditos. Por supuesto, la parte privada tendrá que aportar también las garantías equivalentes a su participación en la APP y gestionar de manera eficiente la aplicación de los fondos al proyecto hasta su conclusión.

El marco jurídico es otro de los elementos a tomar en cuenta desde que la APP nace a la vida jurídica. Leyes, reglamentos y normas técnicas además del contrato mismo conforman el andamiaje jurídico-legal sobre el que se erige la APP. En dicho marco legal se encuentran normas de derecho tributario, derecho ambiental, las relativas a expropiaciones y servidumbres y las que incumben directamente al proyecto a cargo de la APP que por cierto implica un régimen regulatorio al que deberá someterse más aún si en la fase de operación prestará un servicio público.

Mención aparte merece la tarea de supervisión. Dependiendo de la magnitud del proyecto y sus obras concomitantes la supervisión podrá requerir de un equipo de expertos o en su caso de una empresa especializada en la supervisión de obras que cuente con personal administrativo, técnico y jurídico con el suficiente conocimiento para afrontar estas actividades. El criterio del experto jurídico será requerido en distintas fases del desarrollo de un determinado proyecto a cargo de la APP. No debemos dejar de mencionar el régimen de solución de controversias que forma parte de la gestión jurídica de un contrato de APP, al que me referiré con mayor detalle en un posterior artículo.  Por lo pronto vale señalar que la constitución de Juntas de Resolución de Disputas se ha tornado en un mecanismo eficaz de prevención y resolución de controversias en este tipo de contratos. 

La gestión de un contrato de APP es una tarea especializada que implica el concurso de varios profesionales con experiencia y sólidas credenciales académicas. El éxito de una APP se medirá precisamente en la forma en que se administra la alianza del sector público con el privado que a su vez permitirá la conclusión de las obras de infraestructura y de su equipamiento según los plazos, términos contractuales y manuales técnicos. Luego vendrá la fase de operación y explotación comercial, que en muchos casos implica prestación de servicios públicos, fase en la cual la gestión de la relación contractual en el seno de la APP continúa siendo importante para lograr el éxito económico y financiero del proyecto que ya ha sido materializado.