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27/08/2022
Articulista Invitado

La economía desde la olla

Carlos Armando Cardozo
Carlos Armando Cardozo

Hace pocos días un grupo de madres inicio una cruzada por acceder a la Billetera Móvil como una alternativa para recibir el Prenatal y Lactancia respectiva a cargo de instituciones como el Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas (SEDEM) a través de la admisión de una Acción Popular. Lo que se logró desnudar tras las varias visitas de las madres movilizadas y María Galindo (Mujeres Creando) no solamente fue el trato desconsiderado y hasta condescendiente en la que cada una de las funcionarias hasta la máxima autoridad de dicha institución negaban la realidad señalando que todos y cada uno de los productos que figuraban en sus listas cumplen con requisitos de inocuidad, calidad y nutrientes suficientes para una dieta equilibrada tanto de la madre como del infante beneficiarios. Valga decir para que un producto forme parte de la lista oficial de productos pasa por una evaluación científica a cargo del Ministerio de Salud y Deportes.

La aplastante realidad y conjunto de evidencias en imagen y video recabada hábilmente por las madres fue fundamental para emitir una denuncia pública inicial que se trato de acallar en una complicidad interinstitucional entre diferentes instancias de Gobierno: Viceministerio de Defensa al Consumidor, Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas (SEDEM) y Ministerio de Salud y Deportes.

Este hecho al parecer aislado, que a priori solo incumbe a las madres beneficiarias, es una señal económica de que el valor de esa canasta de productos es lo suficientemente alto como para incurrir en el costo de peregrinar en los tribunales, exponerse al riesgo de represalias no solo contra ellas sino también en contra de sus parejas a través de sus fuentes de trabajo. Este no es un dato menor, en vista que las madres beneficiarias conciben el prenatal y/o lactancia como la diferencia entre tener y no tener un plato de comida en sus mesas.

Solo alguien desesperado de renunciar a un derecho que le permite compensar lo bajo de los ingresos familiares puede asumir el coste y riesgo de la protesta activa en búsqueda de su reivindicación.

El Estado Plurinacional de Bolivia, es la clase de país que tiene extremos tan contradictorios. Por ejemplo, se tiene un sistema de justicia donde los juzgados no tienen los recursos suficientes para que el encargado de las notificaciones pueda convocar a las partes poniendo en riesgo la realización de las audiencias, tal cual sucedió con la Acción Popular iniciada por las Madres Beneficiarias. Y por otro lado un Gobierno que acude a créditos de 400 millones de dólares americanos a titulo de reponer gastos incurridos en la lucha por el COVID-19.

En este ultimo punto el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro acotó: “y de seguro estos recursos van a ser llevados a la inversión pública”. Una nueva contradicción, cual el sentido de reponer recursos en el Tesoro General de la Nación y especular al mismo tiempo sobre el destino de una reposición. Dicha reposición, dice entrelineas que existe un hueco en el presupuesto, mismo que debía ser cubierto con urgencia de ahí la necesidad de buscar un organismo internacional como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Actualmente la deuda externa representa el 31,2% del PIB nacional (12.697 millones de dólares americanos) que si se suma con la deuda interna esta rompe la barrera del 50% en proporción al PIB. Una economía que vive endeudada pero no parece preocuparse por el destino de los recursos que se compromete a pagar a nombre de todos los ciudadanos bolivianos.

Simplemente recogiendo las palabras del ministro Montenegro, que carece de precisión al momento de señalar el destino final de los recursos que pretenden reponer esos huecos en el Tesoro General de la Nación. ¿Acaso no importa el destino de ese crédito, así como el resto de créditos? Si la impronta es crecer por crecer, ¿qué impide que las madres de familia no vean la situación económica en sus hogares cambiar para mejor?

Las preocupaciones de los economistas son políticas, se centran en partes específicas de la macroeconomía, perdiendo foco de la realidad, desconocen los problemas en los municipios y departamentos en temas presupuestarios, mismos que demandan la realización del Censo en 2023. Desconocen la precariedad y vulnerabilidad de las familias que dependen del Gobierno para compensar sus limitadas canastas familiares parcialmente con los productos del prenatal y lactancia incluso con precios superiores a los disponibles en el mercado.

Las madres de familia, valerosas todas ellas cuentan con toda la información de mercado para realizar un diagnóstico con mucha más realismo y objetividad que los que el propio ministro de Economía y Finanzas o el presidente, Luis Arce podría aspirar jamás. Esa es la economía real, la de la olla de cada día, misma que supone un conjunto de acciones de supervivencia y estrategias orientadas a maximizar el nivel de satisfacción de los miembros de sus familias a partir de la selección priorizada de productos.

Si el contexto actual pone en esquinas opuestas al Gobierno de la negación y las madres de familia impulsadas por las ollas de sus hogares, enfrentados en sus posiciones, se ha llegado a un punto de inflexión en el que no serán necesarias “Golpes imaginarios” o “Conspiraciones elaboradas desde el Imperio” el empujón final a Arce Catacora, a su modelo económico y en definitiva al MAS será el hambre y la miseria.

Podrán pisotear, amenazar y acallar por medio del monopolio de la violencia a sus detractores, pero jamás, jamás podrán dictaminarle a una madre boliviana que, como y cuando alimentar a su familia.

Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, presidente de Fundación Lozanía



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