La chuta regularización

Se escuchan frecuentes y motivadas críticas al Poder Ejecutivo por confundir la gestión de un gobierno interino con la campaña electoral de su frente. Sin embargo, hay fuertes evidencias de que el MAS, amparado por los dos tercios de la Asamblea Legislativa que hace mucho perdió en el país, está haciendo exactamente lo mismo en favor de su candidatura.

Sucedió con la ley de rebaja (retroactiva) de los alquileres que buscaba popularidad para el MAS cuando arrendadores e inquilinos, con sentido común y sensibilidad social, desde el mes de marzo habían hallado soluciones cuerdas y consensuadas. Curiosamente, en 14 años de gobierno el MAS fue incapaz de aprobar una moderna Ley de Inquilinato, en reemplazo de la vigente que data del año 1959.

Algo similar sucede con el proyecto de ley 706-19 presentado por la diputada Concepción Ortiz (MAS) con el objetivo de “sanear legalmente” vehículos indocumentados (“chutos”) que circulan en el país.

Para empezar, salta a la vista una irregularidad. El proyecto de ley de marras está registrado en la gestión 2019, pero ha sido presentado el 15 de junio de 2020. Por tanto, habrá que empezar por “sanear legalmente” el propio proyecto.

Luego yendo al fondo de la propuesta, los objetivos declarados son de índole social (favorecer a los dueños), económico (generar mayores recaudaciones) y humanitarios (permitir la compra del SOAT a los chutos). ¿Será cierto?

El primer objetivo es claro: favorecer al delincuente, que no es necesariamente el actual poseedor del coche. El año 2011 se aprobó la Ley 133 que “por única vez” regularizó los vehículos chutos, a cambio del arancel omitido y una multa. La justificación del entonces vicepresidente fue un inédito manifiesto democrático: ¡un ciudadano, un voto… y un coche chuto! Por eso se sigue internando vehículos sin pasar por la Aduana, y no “por única vez”.

El argumento de lograr mayores recaudaciones es bastante flojo. La Aduana estima que 33 mil chutos siguen circulando en el país. Según datos oficiales, la mencionada Ley 133 tuvo el modesto resultado de regularizar 140 mil vehículos y recaudar 160 M$ para alimentar a los elefantes azules del ministro del mayor derroche de nuestra historia, hoy candidato. A toda vista, ese monto no se invirtió en mejorar el sistema de salud, al cual recién la proyectista sugiere destinar los 37 M$ que, proporcionalmente, recaudaría el nuevo chuto-perdonazo. En fin, ¡todos felices!

Sin embargo, la demagogia electoralista del MAS oculta algunas graves consecuencias de su eventual aprobación.

En lo social, se sabe que los perdonazos consiguen reforzar la costumbre de violar la ley. Se favorece al que evade y se castiga al que cumple, los importadores y compradores legales.

En lo económico, los ingresos no se comparan con lo que el Estado pierde por diferentes conceptos; el principal es el incremento del subsidio a los combustibles. Cada vehículo chuto se da modo para abastecerse de gasolina o diésel, incrementando el consumo y el subsidio asociado con esos combustibles. Un cálculo a mano alzada muestra que habría que destinar casi el 50% de las recaudaciones del saneamiento de los 33 mil vehículos chutos a la importación de gasolina para su consumo. ¡El juego no vale la vela!, diría mi abuela.

Asimismo, los chutos suelen llegar con motores viejos, usados e ineficientes. Las consecuencias nefastas sobre la seguridad, el medio ambiente y la calidad del aire son obvias.

Y, finalmente, el tema del seguro se puede resolver creando un SOCA (Seguro Obligatorio del Conductor de Automotores), personalizado al conductor de un vehículo, sea chuto o no, con el fin de proteger al accidentado e identificar el vehículo ilegal. Pero eso, con seguridad, no traería votos.

Francesco Zaratti es físico.