(In)Justicia para todos

Llevamos desde por lo menos un año en la discusión respecto de que la emergencia de un acuerdo o pacto entre las fuerzas políticas sobre temas urgentes para la sociedad; esto es algo muy importante puesto que la semilla del pacto político de Estado fue plantada por la población, no por la clase política. 

La ciudadanía primero reclamó que las fuerzas políticas antimasistas se unieran en torno a un proyecto político posmasista. Ya se sabe que eso no tuvo resultado, hoy la clase política tiene una oportunidad más, antes que la gente comience a prescindir de los partidos y establezcan por sí mismos la instalación de pactos políticos y sociales entre los muchos grupos corporativos que componen nuestra sociedad. Esa oportunidad se llama reforma de la justicia.

La percepción generalizada de que el sistema judicial no funciona es un asunto sobre lo que ya sobra hablar, porque es algo que tiene un correlato de ida y vuelta entre los políticos y los operadores de justicia. Ocurre eso cuando hay por un lado una politización de la justicia, lo que significa que es algo que ocurre cuando los políticos, sean del partido que sean, intentan inmiscuirse en las decisiones del poder judicial; por otro lado, se presenta la judicialización de la política, que ocurre cuando los operadores de justicia rebasan sus atribuciones y se inmiscuyen o influyen manipulando las normas en las decisiones de los políticos.

Vivimos los fenómenos de judicialización de la política y de politización de la justicia desde hace mucho tiempo, un círculo vicioso que lleva alimentando la sensación generalizada de injusticia e impunidad. Esto no es que sea calamitoso y definitivo, sino que nos lleva a un estado constante de anarquía institucional que refuerza la sociedad jerarquizada y desigual por encima del empuje que tuvo el país hace poco más de una década atrás de movilidad social importante.

Y es que una cosa es clara, para salir del círculo vicioso tenemos que entender que los países con mayor movilidad social tienden a empujar políticas de mayor igualdad. Lo que vale aquí es la vuelta a una sintonía de que el sentido común colectivo se construye en base a pactos y alianzas.

Por eso es que la reforma de la justicia es también la oportunidad para engarzar dos elementos importantes para la construcción democrática: la racionalidad, a través de las políticas concretas; y la subjetividad, a partir de lo aspiracional; todos queremos y aspiramos que funcione una justicia injusta. El círculo vicioso de ida y vuelta descrito antes nos arroja hoy una factura muy alta de pagar, pero necesaria. Esa factura se traduce en que tenemos una brecha muy profunda de persecusión política en la que se dio muerte civil a personas que podrían no haber cometido delitos. Por eso la reforma de la justicia planteada desde el Ministro de Justicia tiene un lazo directo y muy fuerte con el proyecto de reconciliación nacional que se encuentra empujando el vicepresidente David Choquehuanca.

Los círculos viciosos se pueden detener y volver círculos virtuosos, pero para eso no basta solamente con la transformación normativa de aquello que está mal sino las señales que dé la clase política de oficialismo y especialmente, en este caso, de oposición, porque en la medida que se involucren en este camino, aportando y no simplemente reaccionando como hasta hoy, habrá logrado tener un primer cable de conexión con la gente común. Conseguiremos así dejar de ser el país que compite en el mundial de desconfianza interpersonal e interinstitucional.

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.