Implosión del Estado de Derecho

Es común entender la implosión como un desmoronamiento hacia dentro de una estructura, en el caso que analizó se trata de un colapso del Estado de Derecho en Bolivia. Está implosión sucede por las agudas contradicciones y pugnas internas del MAS, que en intensidad van generando un daño a la institucionalidad democrática de gran magnitud.

Las peleas entre la denominada “ala evista” y “ala arcista” son profundas y sus consecuencias se hacen evidentes en la actual descomposición de la Asamblea Legislativa Plurinacional ALP, fragmentada en varias fuerzas y sin mayoría evidente, incapacitada de solucionar problemas, como por ejemplo preseleccionar a los candidatos a magistrados del Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia TSJ, el Consejo de la Magistratura CM, el Tribunal Agroambiental TA y el Tribunal Constitucional Plurinacional TCP).

En la vida parlamentaria reciente, el MAS posee una secuencia de triunfos electorales que le dio una mayoría muy ventajosa para dirigir la ALP (excepto las elecciones generales anuladas por fraude del año 2019). Así, el 2009 gano con el 64.22%, el 2014 con el 61.36% y 2020 con el 55.11%. Ese caudal electoral le dio dos tercios (2009-2014) y una mayoría holgada para aprobar las normas que requería (2014-2019). En el año 2020, el MAS logro tener una representación parlamentaria en la ALP del 58% y asumió la nueva gestión legislativa ese 2020 con la ventaja de la modificación del reglamento interno donde se anuló procedimientos de 2/3 y se flexibilizó el poder discrecional de las presidencias de ambas cámaras y del congreso a favor del MAS. Esta modificación reglamentaria la realizó el MAS al terminar la legislatura 2020.

En los procesos de elecciones judiciales para magistrados correspondientes al año 2011 y 2017, el MAS pudo realizar la preselección de candidatos a magistrados de forma contundente. Sin embargo, quedó claro para la población que los candidatos eran todos “masistas” y fueron rechazados mediante el voto nulo y blanco, rondando más del 60% en ambas elecciones.

La Constitución Política del Estado, establece en el artículo 182 que: “V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos”, por este candado, los magistrados electos con umbrales de votación muy bajos, fueron posesionados sin mayor inconveniente.

Hoy en día, la división al interior del MAS, expresada en una ruptura de su bancada parlamentaria, generó un escenario inseguro y tendencialmente adverso para el gobierno de Luis Arce, toda vez que el proceso de preselección de postulantes podría “contaminarse” con candidatos “pro evistas” o “proclives a la oposición”. Es más, una preselección meritocrática, supuestamente independiente, podría generar una lista de postulantes, que por la forma de elección en circunscripción nacional o departamental, dependiendo del cargo, podría terminar con la elección de “magistrados rebeldes”, generando una potencial conducta disruptiva en los nuevos órganos judiciales.

En este contexto, las elecciones judiciales programadas constitucionalmente para finales del 2023, se volvían potencialmente peligrosas e incontrolables al poder centralizado que ejerce el gobierno del MAS mediante el control directo y efectivo que tiene del Órgano Judicial. La posibilidad de un cambio de conducta en el electorado, es decir, migrar del voto nulo y blanco al voto efectivo, se vio “estimulado” por la cantidad militante de ciudadanos que firmaron los libros a favor de la reforma de la justicia mediante referendo constitucional, promovida por los juristas independientes, más la adhesión del CONADE a nivel nacional y variados sectores de la sociedad civil, que se movilizaron por todo el país. Si 833.115 ciudadanos dieron su firma para la reforma judicial, una vez inviabilizada la misma podrían converger en una elección posible, sin mucha dificultad, votando a parte de los integrantes del Consejo de la Magistratura o Tribunal Agroambiental. A nivel departamental, ese voto consciente podría haber elegido a integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional o del Tribunal Supremo de Justicia, en aquellos departamentos donde el MAS no es mayoría electoral.

Considerando estos factores y otros adicionales, el gobierno valoró su situación como altamente desfavorable, por ello optó por clausurar la elección judicial e implementar un golpe judicial con un elemento humano, compuesto por funcionarios judiciales y ex magistrados, escribiendo una página negra contra el régimen constitucional.

Mantener un golpe judicial a través de la usurpación de los cargos de Magistrados no es la manera legal ni legítima de avanzar, todo lo contrario, es generar un descontrol del Órgano Judicial. Así, en la práctica, la división del MAS genera una implosión no sólo de la Asamblea Legislativa Plurinacional sino también del Órgano Judicial, es decir, del Estado de Derecho.