En vísperas del balotaje de octubre, las dos candidaturas que aspiran a la Presidencia han coincidido en un punto crucial. Ambas plantean la necesidad de abrir nuevamente las puertas de Bolivia al mundo y, en particular, rencausar la relación con Estados Unidos. Esta coincidencia es alentadora. No se trata de un gesto menor, sino de una señal de madurez política frente a un escenario internacional cada vez más complejo.
Ahora bien, las relaciones internacionales no se construyen solo con declaraciones de buena voluntad. Conviene recordar que fue el propio Estado boliviano el que, en 2008, tomó la decisión de expulsar al embajador estadounidense Philip Goldberg, lo que derivó en la salida de la DEA y, tiempo después, de USAID. Washington respondió en reciprocidad, reduciendo la relación diplomática al nivel de encargados de negocios. Aunque han pasado más de 15 años, esa herida sigue abierta y es Bolivia, como Estado, el que debe dar el primer paso para enmendar la torpeza.
En este punto, la reflexión académica resulta útil. El politólogo indio Amitav Acharya propone el concepto de “mundo multiplex” para describir un sistema internacional diverso, con múltiples centros de poder, instituciones y normas que conviven en diversos planos. Este orden no depende solo de la rivalidad entre potencias, sino de la interacción de actores diversos, como Estados, organismos regionales, empresas y grupos sociales organizados. En este marco, el aislamiento es un lujo que ningún país periférico puede darse.
Algo similar sugiere Carlos Escudé con su teoría del “realismo periférico”: los países con menor peso económico y militar deben actuar con pragmatismo, evitando confrontaciones innecesarias y alineando su política exterior hacia donde obtengan beneficios concretos. Desde esta perspectiva, Bolivia puede y debe rencausar su relación con Estados Unidos, no por simpatía ideológica, sino por un cálculo racional de intereses.
La buena noticia es que ya existe un instrumento vigente para avanzar: el Convenio Marco de Relaciones Bilaterales de Mutuo Respeto y Colaboración, firmado en 2011 y ratificado por Bolivia mediante la Ley N.º 227. Este acuerdo establece principios claros –soberanía, no injerencia, igualdad entre Estados– y mecanismos prácticos, como la Comisión Conjunta y el Consejo de Comercio e Inversiones (CCI). Es decir, Bolivia no necesita inventar nada nuevo; basta con poner en funcionamiento lo que ya está firmado.
El problema, hasta ahora, ha sido la falta de voluntad política. La Comisión Conjunta apenas se reunió en 2012, el CCI no tuvo continuidad y las iniciativas puntuales –como el Acuerdo Aduanero de 2017– no pasaron de esfuerzos aislados. Sin voluntad sostenida, todo marco legal está destinado al fracaso.
Reactivar el Convenio Marco permitiría ordenar una agenda de trabajo en varias fases. Primero, instalar mesas técnicas de comercio, inversión e innovación. Luego, avanzar en cooperación judicial y antinarcóticos bajo el principio de “responsabilidad compartida”. Finalmente, evaluar resultados y, sobre esa base, acordar el retorno de embajadores. El instrumento lo permite; lo que falta es decisión y, sin duda, el próximo cambio de gobierno.
Los beneficios de un acercamiento son múltiples. Para empezar, diversificar mercados y atraer inversión estadounidense, que sigue siendo la mayor economía del mundo y la primera fuente de innovación tecnológica. Más adelante, Bolivia podría, incluso, explorar un acuerdo comercial, lo que implicaría, de manera realista, congelar el proceso de adhesión al Mercosur, donde las posibilidades de integración plena parecen cada vez más lejanas, tras una larga inacción y falta de rumbo en la política exterior.
A ello se suma la posibilidad de cooperar en áreas sensibles, como la lucha contra el crimen organizado, desarrollo de pequeñas y medianas empresas, energías renovables y acceso a financiamiento. Estados Unidos no es solo un socio económico, también puede ser un aliado técnico en seguridad, educación e innovación.
Por supuesto, existen riesgos. La narrativa de “injerencia versus soberanía” ha calado hondo en sectores políticos y en parte de la población. Entonces, es probable que resurjan resistencias. Además, un eventual endurecimiento de la política estadounidense hacia América Latina –como ocurrió en ciertos momentos de la administración Trump– podría afectar la dinámica. Pero frente a esos escenarios, lo sensato no es encerrarse, sino contar con un andamiaje diplomático institucional que permita navegar las diferencias sin romper el vínculo.
El futuro gobierno boliviano tiene aquí una oportunidad estratégica. Reponer embajadores sería un gesto de normalidad diplomática; usar activamente el Convenio Marco, una señal de responsabilidad; plantear un acuerdo comercial, una apuesta al desarrollo. Todo ello encaja con la visión de un mundo multiplex y con la necesidad de asumir, desde el realismo periférico, que Bolivia no gana nada confrontando con las grandes potencias, pero sí puede ganar mucho encaminando su relación con pragmatismo.
No se trata de claudicar soberanía, sino de ejercerla con inteligencia. El camino para rencausar la relación con Estados Unidos ya está trazado, lo que falta es la voluntad de recorrerlo.
Javier Viscarra es diplomático y periodista.