Exportar a cualquier costo ambiental, o morir en el intento

El diagnóstico de la economía boliviana no es alentador para los próximos meses y años. El declive de la extracción del gas está sacando a la luz pública una serie de consecuencias negativas tanto para el presupuesto público como para el medio ambiente.

El sector hidrocarburífero dejó de ser el principal generador de divisas tras haber bajado su participación en las exportaciones del 43% el 2015 al 22% para el año 2022 (INE, 2023). Esta disminución está determinada por los menores volúmenes de producción de los últimos años. El 2022, el alto precio internacional del petróleo evitó que se registraran peores resultados.

La baja producción de hidrocarburos causa dos grandes problemas económicos. Por un lado, afecta directamente a los fondos públicos. Es la principal fuente de ingresos para las arcas del Estado, comparado con los otros dos sectores extractivos, el minero y el agropecuario. Por otro lado, eleva el gasto público debido a las subvenciones a la importación de los combustibles. A menor producción interna, mayor importación de gasolina y diésel.

En lo ambiental, el impacto es enorme. El gobierno nacional, desesperado por ingresos alternativos, anunció nuevos incentivos para la ampliación del sector minero y agropecuario. La “fiebre del oro” del norte de La Paz no sólo es tolerada a pesar de contaminar con mercurio la Amazonia, sino que recibe incentivos y apoyos estatales. Una muestra es el impulso del Banco Central de Bolivia (BCB) de un proyecto de ley para comprar oro a los cooperativistas y así aumentar las reservas internacionales. 

El sector agropecuario también tiene amplias libertades para la deforestación expedita de los bosques de las tierras bajas y la ampliación de las tierras agrícolas para la exportación de soya. El gobierno comenzó a comprar dólares a los agroexportadores a precios preferenciales. También está en marcha el proyecto de biodiesel y la apertura de miles de hectáreas en ecosistemas protegidos para la producción de soya y aceite de palma africana.

Sin embargo, a diferencia del sector hidrocarburífero, el extractivismo minero y agrario transfieren al Estado solamente una porción minúscula de sus ganancias extraordinarias. El último año, se estima que los auríferos exportaron por un valor superior a 3.000 millones de dólares, pero sólo tributaron cerca de 72 millones de dólares. El agro exportó cerca de 2.000 millones de dólares el 2021, pero tributó no más de 5 millones de dólares, gracias al impuesto obsoleto llamado régimen agrario unificado.

En otras palabras, los dos sectores que provocan los mayores costos ambientales de Bolivia y que menos contribuyen al sostenimiento de los bienes y servicios públicos, protagonizarán la realidad económica y ambiental de los próximos años. Sabiendo que la recaudación por hidrocarburos alcanzó 1.361 millones de dólares (2021), está por demás claro que los auríferos y agropecuarios están muy lejos de sustituir a la principal fuente de ingresos públicos, pero esto poco le importa al gobierno actual.

Al parecer, el gobierno de Arce, apremiado por la escasez de dólares, ya optó por el grito de guerra: exportar a cualquier costo ambiental, o morir en el intento.