La Paz, 07 de septiembre de 2024
Cuando Evo Morales fue Gobierno desde 2006
no pasaron más que unas semanas para conocer su convocatoria a la Asamblea
Constituyente bajo su “metodología” de aprobación del texto final mediante 2/3,
procedimiento que marcó desde un inicio su fracaso. La composición diversa del
ente constitucional demostró la existencia de fuerzas plurales en el seno de la
sociedad. La mayoría de las organizaciones de izquierda se plegaron al bloque
del proceso de cambio. Otros nunca lo hicimos. En el ámbito de la derecha también,
muchas personas de pensamiento conservador se introdujeron al Movimiento Al
Socialismo MAS, ejemplos hay varios.
El año 2009 se afirmó mediante referendo constitucional el texto pactado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de una comisión multipartidaria, cuya votación del 61,43% de los bolivianos le dio legalidad y legitimidad. Es cierto, hicimos campaña por el NO, pero una aprobada la nueva Constitución Política del Estado juramos defenderla. No pasaron meses y el Gobierno de Evo Morales se dio a la tarea de desconocerla y mediatizarla, con leyes como la de deslinde jurisdiccional contra la jurisdicción indígena originaria campesina y la Ley Minera que anula la consulta previa libre e informada. Las primeras víctimas del supuesto gobierno “indígena” fueron las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS con la represión en Chaparina.
A lo anterior se sumó las denuncias sobre la malversación en el Fondo Indígena de más de 700 millones de dólares a cargo de la dirigencia de las organizaciones campesinas indígenas originarias interculturales y Bartolina Sisa, que tuve la oportunidad de denunciar con la publicación del libro “Fondo Indígena: La Gran Estafa”. ¿Pero cuál fue la razón de peso para que las dirigencias de las comunidades no inviertan productivamente los recursos transferidos a fondo perdido? La respuesta se ubica en el nacimiento de una nueva élite del vivir bien, una nueva casta de políticos, dirigentes sindicales y funcionarios públicos orientados al enriquecimiento y a medrar de la acumulación de capital estatal generado por el modelo económico basado en la exportación de materias primas y el control de la inflación mediante la política de subvención de carburantes y alimentos.
La articulación socioeconómica del Gobierno del MAS se basa en la alianza corporativa con los llamados cocaleros, cooperativistas mineros, agronegocios, banqueros y militares. Todos estos sectores se benefician del modelo económico vigente, reciben retribuciones y dan base social al gobierno del MAS, que sobre este caudal electoral puede proyectar la reelección, sea está limitada o indefinida. Estos acuerdos de intereses son espurios y no benefician al bien común sino a las alianzas corporativas, dentro de las cuales se han acomodado –últimamente- los rectores, alcaldes y gobernadores.
En este esquema no se vislumbra más democracia, más información y participación ciudadana. En este esquema se busca mantenerse en el poder mediante las herramientas del autoritarismo.
El 10 de noviembre de 2019 la renuncia de Morales y su salida del país podría tener como ruta crítica la asunción del general Kalimán al Gobierno para convocar a elecciones y preparar el retorno de Evo Morales. El plan no funcionó.
Hoy en día, Luis Arce y su allegado Juan José Zúñiga complotan contra la democracia pretendiendo poner en escena un levantamiento militar para generar un autogolpe. Un acto grosero, un acto de manoseo a la institucionalidad militar, pero ¿qué más da?, ya la justicia está defenestrada por el golpe judicial de enero de 2024 con magistrados usurpadores y autoprorrogados; la Asamblea Legislativa Plurinacional completamente jaqueada y neutralizada desde el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Nunca he apoyado a Evo Morales ni a Luis Arce ni lo haría en el futuro. Uno representa el autoritarismo con ojotas y el otro ha pretendido entronizar un golpe militar para beneficio propio.
La senda está clara, luchamos por la democracia, la democracia del pueblo, de la gente, que nos reporte un beneficio común, que sea transparente y plenamente participativa.
Dictadura, ni de ojotas ni de botas