Evo ataca la vida de los bolivianos

Bolivia está viviendo momentos violentos. Los mismos se veían venir; sobran antecedentes del gobierno en cuanto a lo que sí hace y en cuanto a lo que no hace.

Lo que hicieron los últimos 20 años fue proteger a quienes han pisoteado la democracia, a quienes han desfalcado los erarios nacionales, como es el caso del Fondo Indígena, las reservas del oro y el despilfarro con los recursos del gas. Han dejado sin ejecutar las órdenes de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, y han permitido, y están mirando –llenando los medios de comunicados sin medidas efectivas– el sufrimiento de la población, principalmente estos últimos días en Llallagua.

Allí se han realizado saqueos y han muerto, hasta el momento de la escritura de esta columna, cuatro policías y un civil. Ellos no solamente son parte de una estadística o un titular: son bolivianos que son hijos, son padres, tienen familia, sufren al igual que todos el problema de las filas por combustible, la subida de los precios de la canasta familiar, y hoy el luto viste a sus hogares y a todo el país.

Hoy Bolivia duele mucho, duele principalmente a quienes aún creemos que la democracia puede y debe prevalecer como eje político y social de Bolivia.

Hicieron detenciones que hasta podrían calificarse como secuestros, como el caso del gobernador electo por Santa Cruz, Camacho, y han activado casos judiciales para amedrentar candidatos, como el caso Catler y Jorge Tuto Quiroga. Pero no han atrapado a quien llamaba “Sonia” al exministro de Gobierno, hoy candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo.

Ni han cumplido su deber –ni policías ni el Ministerio Público– en cuanto a la detención de Evo Morales. Han detenido a librecambistas por cambiar dólares en precios distintos al “oficial”, han inhabilitado para las elecciones nacionales a una ejemplar parlamentaria, la diputada tarijeña Luciana Campero, pero no han protegido la vida de ciudadanos potosinos ni de cuatro policías.

Probablemente los protegidos son los altos mandos, y una vez más sacrifican al eslabón más débil: el ciudadano que ha escogido como ocupación de vida la protección de las personas y la lucha contra la delincuencia, como es el caso de los policías. No los santificamos –aunque cuando alguien fallece siempre se dice que fue bueno–, respetamos su memoria, que representa textualmente la frase de Víctor Paz Estenssoro: “Bolivia se nos muere”.

Los actos vandálicos que están protagonizando seguidores de Evo Morales inclusive podrían calificarse como actos terroristas. Los mismos aparentan tener cierta impunidad porque, al ser rebasada la policía, no han enviado a las fuerzas militares.

Sin embargo, hace años no se dudó ni un minuto en detener a activistas como los miembros de la Resistencia Cochala, ni a un hombre albañil que le dijo a Evo Morales: “Bolivia dijo no”.

Son tan detestables esos actos terroristas que hasta han agredido ambulancias y personal de salud: médicos, enfermeros, inclusive estudiantes de medicina, que con una calamina en la espalda, para no recibir pedradas, atendían a los heridos.

Las normas internacionales protegen a las ambulancias y al personal médico en conflictos armados. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece que los heridos y enfermos deben ser respetados en todas las circunstancias, y cualquier ataque contra ellos constituye un crimen de guerra. Además, el personal sanitario debe ser protegido y respetado.

La Asociación Médica Mundial (AMM) también condena los ataques contra instalaciones y personal de salud, y apoya mecanismos de denuncia para documentar agresiones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los Estados a condenar estos ataques y garantizar la seguridad del personal médico.

El viceministro del Régimen Interior y Policía vinculó los hechos del norte de Potosí con el narcotráfico, ya que inclusive se encontrarían como parte de los agresores a francotiradores. Con esa información señalada por la mencionada autoridad, ¿no tendrían que usarse todas las fuerzas del orden necesarias –policías y militares, e inclusive apoyo internacional– para detener este conflicto y limitar su expansión a otros lugares de la patria?

Son momentos tensos, otra vez, que vive el territorio boliviano. La solidaridad con Llallagua y las familias afectadas debe prevalecer. No debemos olvidar que quien gobierne en la siguiente gestión debe hacerlo para todos los bolivianos, con firmeza, decidir por el bienestar de la gente y no titubear como lo hace hoy el primer mandatario.

Sólo quien tiene claridad y decisión podrá superar estas presiones, esta constante extorsión que la comanda un hombre enceguecido por el poder, que advierte desde hace 20 años, y que fue su frase de campaña electoral en 2005: “Vamos a bloquear”, Evo Morales.

Cecilia Vargas es cirujana y docente universitaria.