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Siendo autor del concepto “Estadonarco” que se aplica a la actual realidad boliviana (2006-2023) tengo la obligación de explicarlo. El tráfico de cocaína cobra un impulso inusitado en Bolivia debido a que forma parte del poder político (desde 2006) y se desarrolla a través de múltiples políticas públicas (gubernamentales, legislativas y judiciales), con lo cual se evita cualquier intento de “penetración”, “seducción”, “infiltración”, porque la actividad ilícita no es ajena al Estado y a un segmento de funcionarios públicos que la componen. Por eso en Bolivia no hay violencia entre el narcotráfico y el Estado, ergo, el narcotráfico no busca imponer a la fuerza sus intereses, es parte del componente corporativo de gobierno.

Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ONUDC, que realizan en territorio nacional el control y monitoreo de los cultivos de hoja de coca, reportan cada año la participación de la hoja de coca en el Producto Interno Bruto PIB en un rango promedio del 1,61% entre el año 2006 al 2017 (12 años). Según mis cálculos, la coca y cocaína tendrían una participación promedio del 3,5% del PIB entre los años 2006 al 2023, es decir, de forma continua e interrumpida. Estos datos económicos cierran toda especulación de que Bolivia sería un “país de tránsito” de la cocaína.

Otro dato revelador, objetivo e incuestionable, establece que entre el año 2006 y 2017 la hoja de coca para el narcotráfico asciende a 302.587 toneladas métricas TM, es decir el 57% del total de la producción, con una tendencia creciente con los datos nuevos de cada año y con las declaraciones del Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo quien ha oficializado el ingreso de hoja de coca ilegal del vecino país del Perú.

La actividad complaciente del Estado, por ejemplo a nivel del Órgano Judicial, determina que del 100% de detenidos por delitos de narcotráfico, en la actualidad estén recluidos en cárceles el 20%, es decir, ocho de cada 10 aprendidos por delitos de narcotráfico están en libertad reincidiendo. Del total de policías involucrados en delitos vinculados a la cocaína y la marihuana, entre los años 2006 al 2019, sólo el 12% tienen sentencia condenatoria. Un grupo importante de ellos son reincorporados a la institución.

Hoy 2023, se cultiva ilegalmente hoja de coca en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, a un promedio (entre el año 2006 y 2020) de 39 hectáreas nuevas al día, mientras la erradicación apenas llega a destruir 28 hectáreas al día. La expansión de los cultivos ilegales se debe a la sentencia constitucional plurinacional 66/2017 del 12 de octubre de 2017 que dispone: “j) Los atributos de originaria y ancestral de la hoja de coca están relacionados con ésta en su estado natural y no pueden ser atribuidos a denominaciones convencionales que se hacen a la zona”, por ello se puede plantar la hoja de coca “originaria y ancestral” en cualquier parte del país. Así contribuye la justicia a las políticas y normas favorables al narcotráfico.

Se puede afirmar que en el Chapare se encuentra la megafactoría más grande de cocaína, también se denomina el “epicentro del narcotráfico”, pero más allá de lo geográfico o la capacidad industrial de generación de valor agregado para la exportación, la gente dedicada a la cadena productiva forma parte de un clúster político de llegada al Estado Plurinacional. Este clúster comienza con el nombramiento de Silvia Lazarte como Presidenta de la Asamblea Constituyente; la elección de senadores y diputados chapareños; el control orgánico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico FELCN; el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y otras esferas del Estado a nivel departamental y local.

La cadena productiva de la cocaína, divida en oferta y demanda, permite conocer el control absoluto que ha generado la fuerza antidrogas y todos sus mecanismos de apoyo logístico y comunicacional, de la oferta, volviéndola dispersa, de “bajo perfil” (es decir sin cárteles notables), enmascarándola y normalizándola con informes sobre cierta cantidad de operativos con el objetivo de hacerla parte de la vida cotidiana de los bolivianos y de esta manera no llamar la atención.

La cadena productiva de la cocaína en su demanda ha presentado el mayor problema para el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, por la imposibilidad material de controlar las variables, de manera que los casos más sonados y evidentes de narcotráfico en Bolivia fueron denunciados en el exterior, generando repercusiones que han evidenciado la complicidad de las autoridades con esta actividad ilícita: el general René Sanabria condenado en Estados Unidos; el coronel Medina vinculado a la entrega de 40 kilos de cocaína en Paraguay; Romer Gutiérrez, detenido con 99 kilos de cocaína en Brasil, aparece como un febril militante del MAS.Y así, hasta el caso de Sebastián Marset denunciado desde Paraguay y Uruguay, prófugo gracias al apoyo de policías que lo alertaron para evitar su detención.

Finalmente, algo novedoso es la lucha entre dos fracciones del MAS que se acusan mutuamente, una corresponde a Evo Morales y otra al actual Ministro de Gobierno a quien se le denuncia que a poco de llegar al gobierno se vincula con el narcotráfico y opera a favor de él, lo que confirmaría que el Estado tiene predisposición para servir al narcotráfico, independientemente de quien sea el funcionario público, por lo menos así parece ser dentro del MAS.

He profundizado sobre estos temas en mis libros “Coca MAS Cocaína”, “Economía de la droga, guerra falsa y pachamamismo y “Narcovínculos. Narcotráfico, instituciones del Estado Plurinacional y personajes agnados”.



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