Entre la magia monetaria y efectivas alternativas productivas

Da la impresión que es muy fácil solucionar un déficit comercial en la balanza de pagos (compras y ventas de y desde el exterior) o resolver el déficit fiscal (gastos del gobierno mayores a sus ingresos). Para sentir esa sensación de “pan comido” es necesario escuchar a la gran mayoría de mis colegas economistas que están enmarañados en las teorías más ortodoxas y más repetidas en estos tiempos. Todas parecen cortadas con la misma tijera y del mismo paño.

De esta manera, los comunicadores y analistas son ecos a la distancia de fórmulas elaboradas por el FMI. A su vez, este reproduce prácticas nacidas en pensamientos de teóricos de cuño conservador. Han elaborado planteamientos que defienden un statu quo de privilegio para unos cuantos y que sean los más pobres los que paguen las malas decisiones, o la corrupción, de gobiernos de cualquier declarada inclinación: populistas de izquierda, populistas de derecha, simplemente populistas, socialistas del siglo XXI o quien sea que llega a gobernar un país sin el auténtico compromiso de alcanzar el bienestar de la población.

Lo cierto es que esas “soluciones” adquieren un tono de simplicidad cuando no se piensa en las mayorías empobrecidas de un país, sea de África, Asia o América Latina. Son medidas que afectan lo financiero, con fuerte peso en lo monetario. Solo se tiene que hacer que los gobiernos gasten menos, se deprecie la moneda frente al dólar, y no se aumente la deuda pública (externa e interna).

Para eliminar el déficit comercial, se afirma, hay que devaluar la moneda nacional respecto al dólar. Para disminuir el gasto público, lo más sencillo sería crear desempleo. Por ejemplo, Antonio Saravia aconseja, sin sonrojarse, poner en la calle a un 50% de los empleados públicos. En Bolivia, nada menos que 182.000 ítems corresponden al magisterio, 39% de un total de 471.000 empleados públicos. A la vez, 43.500 se encuentran en salud, 37.4000 en la policía, y 19.231 en defensa. Estos cuatro grandes grupos significan el 60% de todos los empleos del aparato estatal ¿A cuál escogería Saravia para cortarles el empleo? Asimismo, 19.806 tienen ítems en entidades del gobierno central, 99.157 en la administración territorial (gobernaciones y municipios) y 32.507 en las universidades estatales ¿A cuál se elimina?

Otros economistas apuntan a la informalidad y señalan que, en un país como Bolivia, el “modelo” de desarrollo se fundamenta en el trabajo informal. Esto es, se sostiene que más de ocho de cada 10 trabajos son resultado del modelo económico instaurado por el MAS. No se advierte que la informalidad es un rasgo de muchos países pobres, de escaso desarrollo capitalista, como lo es Bolivia.

En el contexto latinoamericano, Bolivia se destaca por la alta fracción de trabajadores en el sector informal de su economía. Sin embargo, este primer lugar (84,9%) ha sido disputado en varias oportunidades por países, además de Bolivia, como Honduras o Guatemala. Evidentemente, la informalidad es un rasgo compartido por gran parte de los países latinoamericanos. El promedio para América Latina entre 2017 y 2022 no muestra una mejora, sino que, por el contrario, incluso subió de 53% al 55%, según la OIT. Las notorias excepciones son únicamente Uruguay, Chile y Costa Rica.

Es cierto que, en Bolivia, las empresas estatales creadas por el largo gobierno del MAS se han destacado por su baja o negativa productividad. Asimismo, han predominado en ellas altos niveles de corrupción y creación artificial de empleos (similares características prevalecen en gran parte de las entidades gubernamentales). Ya es lugar común afirmar que pudieron haber aprovechado mejor los abultados recursos que se crearon en la etapa del auge de las materias primas. Pero no contaban, ni cuentan, con un plan que oriente cuáles son las actividades productivas, claramente definidas, estudiadas como factibles, rentables y generadoras de empleo, que de mejor modo contribuyen a que esta economía alcance mayor impulso para un desarrollo sostenido.

En esta coyuntura que Bolivia vive, impregnada de crisis, incertidumbre y zozobra, abundan los consejos de cerrar empresas públicas, y ciertamente hay muchas que merecen ser cerradas (no crean empleos productivos y menos ofrecen garantías de sostenibilidad). Así se ha facilitado la crítica a la empresa pública, se la ha colocado en la posición de máxima fragilidad y escarnio porque no se han hecho empresas sólidas. Incluso una empresa como YPFB, con grandes flujos de recursos financieros, ha sido puesta en ridículo por los escándalos de corrupción y por no saber responder al gran desafío de continuar con la exploración y explotación de nuevos campos de gas. De esta manera han permitido que se vea a la empresa pública como inviable, como naturalmente insostenible y corrupta. Por lo tanto, han favorecido a voces profundamente conservadoras.

Son políticas que insisten en medidas monetarias como la devaluación o la reducción del gasto fiscal. La alternativa efectiva y de largo plazo es el aumento de la producción. Actualmente existen posibilidades en el sector privado, como en el público, que pueden contribuir al aumento de la producción. Un sector que claramente puede aportar es el turismo. Un sector que crea empleo, distribuye el ingreso y genera considerables flujos de divisas. También está la producción agrícola en las distintas regiones del país. A la vez, está la producción de carne vacuna para la exportación.

Estos sectores, y actividades económicas, pueden ser impulsados en plazos breves y de mediano plazo. Por supuesto, supone que haya la visión clara de parte de los gobernantes y el deseo de evitar las prácticas corruptas. Es momento de hacer lo importante en el ámbito productivo, y que, además, es viable en el corto plazo. Supone, a la vez, dejar de lado el énfasis en lo monetario que no logra soluciones duraderas y que, con certeza. Es la vía que hundirá más a los sectores ya empobrecidos de esta sociedad.