Entre el corrido y el ballenato

Las noticias que llegan desde México sobre la intensificación de la violencia son cada vez más alarmantes. No es casual, según constata el Informe Latinobarómetro 2024, que sea uno de los tres países latinoamericanos donde el crimen organizado preocupa a la sociedad como la causa de violencia más frecuente. Así lo constata el 44% de los encuestados, seguidos de Ecuador y Costa Rica con el 40%.

En buena medida esto es consecuencia directa de la irresponsable política de (in)seguridad del expresidente López Obrador, con su sugerente y marketinero título de "abrazos, no balazos". Tantos años de permisividad, de complicidad incluso, con los carteles, condujeron a la situación actual. La falta de respuestas adecuadas ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su secretario (ministro) de Seguridad, Omar García Harfuch, a dar un giro de 180º en el combate al crimen organizado, con políticas más activas y contundentes

Si hace un mes comentaba en esta misma Ventana, la confluencia entre Los Chapitos, una facción de del Cartel de Sinaloa, y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esta vez el tema de atención es la presencia destacada en México de mercenarios colombianos, fundamentalmente veteranos de las fuerzas especiales, que venden a buen precio sus servicios a los carteles mexicanos de la droga. En uno y otro caso la preocupación es la misma, el mayor poder de fuego y la brutalidad de los criminales.

El crimen organizado mexicano se está extendiendo dentro y fuera del país. El CJNG, con más de 20.000 efectivos se ha implantado en buena parte de los estados de la Federación y ha incrementado su presencia internacional en casi todo el territorio de su gran vecino del norte y en más de 40 países de regiones muy diversas. En poco tiempo se ha convertido en una de las mayores organizaciones criminales mundiales de su tipo.

La presencia de exmilitares colombianos (y también venezolanos) entrenando y prestando "asistencia técnica" a los narcos mexicanos (uso de drones, armamento de guerra, minas y fabricación de explosivos) no es una novedad, aunque se ha intensificado en los últimos años. En realidad, es posible ver a mercenarios colombianos a lo largo y ancho de la faz de la tierra, desde Ucrania a Sudán, pasando por Haití y otros lugares. Esto se explica, en buena medida, por las bajas pensiones que cobran tras su retiro y su buen nivel de entrenamiento en el combate contrainsurgente.

A esto se suma la actitud irresponsable e insolidaria del presidente colombiano Gustavo Petro, incapaz de arbitrar los mecanismos para limitar el fenómeno. Lo insólito del caso es que, si bien Petro y Sheinbaum se dicen estrechos aliados, incluso convocan conjuntamente el II Congreso Panamericano de la izquierda regional, han sido hasta la fecha incapaces de desarrollar los mecanismos más adecuados, aunque sean mínimos, para comenzar a encausar este serio problema. Es una muestra más de las dificultades que encuentran los gobiernos latinoamericanos de incrementar su cooperación para enfrentarse al narcotráfico con mayores garantías.

Un reciente estudio de la Fundación Ebert, Desafíos a la seguridad en América Latina, apunta a que uno de los reclamos de los especialistas participantes en el sondeo que dio lugar al trabajo es "que la cooperación (entre los gobiernos regionales) es esencial ante el carácter transnacional del crimen organizado". Dicho Informa también constata que el 90% de los consultados estima que los estados latinoamericanos requieren de reformas profundas para enfrentarlo.

Sin duda, éste se ha convertido no solo en el principal problema de seguridad de toda América Latina, sino también en una gran preocupación social. Según el Informe Latinobarómetro 2024, la inseguridad es la segunda cuestión más importante para los latinoamericanos después de la economía, a tal punto que la delincuencia como problema principal ha aumentado del 5% en 1995 al 19% en 2024.

Las demandas crecientes de ley y orden que surgen dentro de la sociedad mexicana, junto a la presión de la Administración Trump ante las exportaciones masivas de fentanilo, han sido determinantes para que el gobierno de Sheinbaum cambiar su paradigma a la hora de combatir al crimen organizado. Sin embargo, en parte de América Latina sigue vigente la premisa de que la protesta social no se reprime, siendo ésta, la protesta social una categoría tan amplia donde cabe todo, incluso los más diversos tráficos ilícitos como la minería ilegal y las plantaciones de coca.

Por eso, sería deseable que los gobiernos latinoamericanos, comenzando por el de Gustavo Petro, en el caso concreto de la promoción exterior de sus veteranos de guerra, intensificaran la cooperación con sus pares regionales. Combatir al narcotráfico y al crimen organizado es de por sí una tarea muy complicada como para que cada país siga haciendo la guerra por su cuenta. Mientras esto ocurra, el poder de los carteles se seguirá extendiendo como un cáncer irrefrenable.

Carlos Malamud es catedrático de Historia de América de la UNED. Investigador de América Latina del Real Instituto Elcano.