No me cabe la menor duda de que nunca antes el sistema judicial fue tan perjudicial. La más que sospechosa inconducta de los administradores de justicia es probablemente el origen de casi todos nuestros males desde la fundación de la República. Siempre supimos que el sistema judicial era, y es, una grotesca sastrería donde hacen trajes a medida (sentencias). La calidad del traje depende del grosor de la billetera o la cercanía con el poder político. Si alguien tuvo la gracia de Dios de ser parte de los que seleccionaron a la banda judicial gansteril, hasta diezmos periódicos le podrían caer del cielo a costa de los dolientes litigantes.
Vidas destrozadas, inocentes encarcelados, criminales, violadores y pedófilos libres, bienes expropiados, pruebas fabricadas, testigos comprados o asesinados, investigaciones amañadas, certificados forenses falseados, asesinatos perpetrados, son apenas una mínima parte de lo que le tocará al que tenga la desdicha de caer en un litigio.
Cuando por alguna fatalidad o error caen peces gordos del crimen, poderosos empresarios o políticos influyentes, presumo que en los juzgados debe haber júbilo, quizás hasta se peleen por atender el caso; tal vez han establecido una metodología (sorteo le llaman) mediante la cual todos por turno reciben ordenadamente casos complejos y abundantes en pecunio, pues algo grande caerá, el desgraciado “amollará” nomás.
Muchos criminales salen absueltos y luego contrademandan al que tuvo la osadía de demandarlos, de tal manera que la realidad hace que una gran cantidad de diablos pobres (que no es lo mismo que pobres diablos), se la piensen bien antes de iniciar una acción por la vía judicial porque la probabilidad de terminar tras las rejas es alta si se enfrentan a un espécimen poderoso y muy probablemente coludido con la inmunda estructura de juzgadores. O sea, no importa tener la razón y además contar con pruebas, lo que importa es tener la capacidad de sostener un viacrucis judicial que fácilmente podría terminar arruinando la vida de cualquier parroquiano, hasta el punto del suicidio. Si señor, así son las cosas, poder o plata, o ambos, o como decía el tristemente célebre narcotraficante colombiano Pablo Escobar: “plata o plomo”.
Pero no hay nada nuevo al respecto. ¿O quizás sí? Ahora elegimos mediante voto directo a los sastres (jueces). El “proceso de cambio” nos vendió la idea de una revolución cuya vena no solo era social, sino sobre todo, moral. Encandilados por semejante promesa y saliendo del hartazgo de la putrefacta administración de justicia del periodo anterior, anduvimos exultantes al saber que íbamos a elegir a las autoridades de nuestros altos tribunales y finalmente todos seríamos tratados igual ante la ley, algo inédito. No pudimos haber estado más esperanzados al saber que ahora siendo pobres o humildes, estaríamos en igualdad de condiciones ante juzgadores impolutos. Que cosa maravillosa, ser un triste individuo, carente de influencia y dinero, pero en igualdad de condiciones ante la justicia, con la certeza de que la prometida “reserva moral” finalmente llegaría al sistema judicial para ponerse en acción y convertir los litigios en genuinos procesos de reparación. Pero era demasiado bueno para ser cierto.
Bolivia decidió mostrar al mundo su “maravillosa revolución”, extraordinario modelo económico y diáfano sistema de elección de autoridades de los altos tribunales. De hecho, alguna vez escuché decir a algún jerarca leguleyo del MAS, con típica soberbia, que nuestra Constitución y sistema judicial eran la envidia del mundo. En procura de verificar tales afirmaciones, por circunstancias que me ligan al mundo académico, tuve la oportunidad de conversar con reconocidos constitucionalistas internacionales; mi conclusión, para no hacer largo el cuento, es que somos el hazmerreír del mundo en materia de derecho constitucional. No nos envidian, nos compadecen, se aguantan de reír, pero al final les da pena porque esta corriente reformista vino plagada de aterciopeladas frases como inclusión, descolonización y otras vaguedades propias de los grandes estafadores… para no lograr nada.
La elección judicial como una innovación de “impronta revolucionaria” ha resultado ser peor que la forma de elegir en el pasado. Antes, las fuerzas políticas se repartían las altas cortes en proporción a su representación parlamentaria, pero a casi todos les tocaba algo; de esa forma, los administradores de justicia tenían una correa de trasmisión político partidaria con sus padrinos. Empero es justo mencionar que en medio de todo, algunos abogados decentes llegaron a ser elegidos como magistrados.
Hoy, las autoridades judiciales siguen siendo electas en el Parlamento, denominado ahora Asamblea Legislativa; por eso, la población no elige nada, solo vota; lo peor de todo es que termina siendo utilizada para legitimar un abyecto proceso judicial mediante elecciones espurias; no obstante, como la población no es tonta, en las dos elecciones precedentes ganó el voto nulo y blanco, derivando en la desastrosa composición de autoridades votadas, pero no elegidas.
Como era de esperar, ahora crece la necesidad de revisar la forma de elección de autoridades judiciales y muchos apuntan a que se deben eliminar las elecciones por voto directo; sin embargo, en un estudio realizado por la Fundación Jubileo el año 2022, 64% de la población está de acuerdo en la elección de las autoridades judiciales mediante voto popular, por tanto, quizás eliminar esta situación no sea fácil o conveniente, en realidad se ha convertido en un derecho.
Pero vayamos al corazón del problema, aunque seamos los únicos en el mundo que elegimos mediante el voto directo a nuestras autoridades judiciales, el origen del desastre es que la selección de candidatos antes y ahora está en manos de parlamentarios.
En consecuencia, para contar con elecciones judiciales no perjudiciales, lo que en esencia se debe eliminar mediante una reforma constitucional es que la evaluación y preselección de postulantes sea extirpada por completo de la Asamblea Legislativa. Se debe pensar seriamente en que la conformación de una instancia proba, apolítica y científica podría ser un camino mejorado, capaz de suscitar la participación e interés de los mejores juristas del país y para que las elecciones sean un ejercicio que incluya un riguroso filtro meritocrático, capaz de brindarle al pueblo la posibilidad de elegir a los mejores, y no votar como ahora, por los peores.
Franklin Pareja es politólogo.