Elección judicial fraccionada, derecho ciudadano mellado

Los resultados de las elecciones judiciales no son totales y se prolongarán por un tiempo aún indeterminado; más de 4,1 millones de ciudadanos no eligieron a ningún magistrado del TCP, una mayoría de electores: el 56,65% de ciudadanos de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando no votaron.

La democracia boliviana tenía una agenda clara hasta principios de junio de 2024, esta agenda democrática tenía cuatro hitos: 1) elecciones judiciales, 2) elecciones primarias, 3) elecciones generales y 4) elecciones subnacionales, todo ello a desarrollarse entre 2023 y 2026.

El primer escollo que modificó el cronograma electoral del año 2023 fue el incumplimiento de la Asamblea Legislativa de realizar la preselección de postulantes para renovar a los magistrados del Órgano Judicial. El año 2024 debía realizarse el acto electoral judicial y termino por realizarse una parte del mismo el 15 de diciembre, llevando su segunda parte al año 2025 sin conocerse con certidumbre la fecha de su realización.

Las elecciones judiciales fraccionadas ponen en entredicho la realización de las elecciones generales de 2025; esta afirmación es incluso asumida por algunos vocales del TSE que proponen una “tercera cumbre multipartidaria e interinstitucional” para “blindar esas elecciones”, sin haber cumplido los compromisos firmados en las dos cumbres precedentes.

Las elecciones judiciales fraccionadas conllevan la vulneración de los derechos políticos y electorales ciudadanos porque también los fraccionan; así, la CPE dispone: “Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”.

El 15 de diciembre de 2024, un grupo de ciudadanos bolivianos fue limitado en su derecho a ejercer la ciudadanía emanado por el Artículo constitucional 144, que dispone: “I Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta. II La ciudadanía consiste:

“1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público…”.

Resulta que las personas que ejercieron el voto el 15 de diciembre no gozaron de la misma igualdad de su voto ni pudieron elegir a igual cantidad de autoridades judiciales. Los datos no mienten:

Ciudadanos habilitados para votar en general: 7,3 millones (100%).

Ciudadanos habilitados para elegir magistrados al TCP: 3,1 millones (43,4%).

Ciudadanos que no votaron por el TCP: 4,1 millones (56,6%).

De los magistrados electos al TCP, solo la candidata por Potosí Amalia Laura obtuvo más votos que el nulo y blanco (ella y Julio Miranda eran los únicos postulantes), por tanto uno de ellos iba a ser electo titular y el otro suplente. En consecuencia, no hubo elección sino ratificación.

Del resto de los candidatos al TCP, Ángel Edson Dávalos obtuvo 22,59% de votos, mientras el voto nulo y blanco en Chuquisaca llegó a 34,31%. Lo mismo sucedió en La Paz, donde Boris Wilson Arias recibió el 30,20% de los votos, pero el nulo y blanco fue del 37,27%. En Oruro, Paola Verónica Prudencio obtuvo el 32,59%, frente al 39.93%.

De los 19 magistrados electos, 17 están vinculadas a la gestión de gobierno y trabajaron en el maltrecho Órgano Judicial. Eso significa que el 89% de los candidatos eran “azules” y que no habrá la tan mentada renovación institucional. Es una pena que algunos personajes políticos hubieran incidido en redes sociales para que la ciudadanía acuda a votar bajo la falsa consigna de que existían postulantes idóneos y alternativos al MAS.