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17/04/2023
El Tejo

El turno de los periodistas

Juan Cristóbal Soruco
Juan Cristóbal Soruco

El Ministerio de ¿Justicia? se ha convertido en una usina en la que, por un lado, se fabrica, sin cesar, proyectos de ley que tienen la virtud de enemistar al gobierno con los distintos sectores sociales del país, violentar la Constitución Política del Estado e ir construyendo una institucionalidad autoritaria de la mano de un Órgano Judicial que acata todo lo que dispone el conductor de dicha repartición, tanto que tal vez debería preocupar al aspirante a conductor nacional.

Por otro lado, cobija en su seno a voceros de distintos niveles para quienes, sin tener noción del principio de verdad, la ciudadanía es pasible de ser engañada todo el tiempo, y tratan de explicar qué son los proyectos fabricados como instrumentos al servicio de ella y la democracia... y lo hacen sin ruborizarse utilizando ejemplos que demuestran, precisamente, lo contrario.

Aparece, siguiendo declaraciones de los jerarcas del ministerio, también, y desde el inicio del proceso de cambio, un tercer grupo de funcionarios, que pueden ser llamados de choque, que organizan especies de consorcios de directa injerencia en la administración de la justicia, como corroboran los anticipados anuncios del ministro o sus segundos sobre el contenido de sentencias a ser emitidas por el Tribunal Constitucional o por jueces comunes y corrientes.

En fin, el Ministerio de ¿Justicia? actúa en este campo como los vecinos chilenos cuando hacen mapas de Bolivia...

Ahora habría llegado el momento de “cuadrar” a los periodistas... y para ello se ha presentado, por medio de uno de sus diputados oficialistas, el proyecto de Ley (PL) 304 que “Regula y Sanciona el Uso Indebido de las Redes Sociales en Bolivia” para censurar la libertad de expresión a través de ellas. Y, desde el Ministerio de la Presidencia, el PL 305 de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, ampuloso título que esconde, en su artículo 281, el interés de derogar de hecho la Ley de Imprenta y encarcelar a periodistas que no se alineen con los intereses del gobierno.

Pero, los gremios del periodismo en Bolivia tienen bien desarrollado su instinto de defensa porque, más allá de los grados de presión, la pugna entre los operadores políticos y los periodistas es permanente, y siempre el poder ha tratado de domesticar la actividad informativa. Así, el gobierno y el MAS tuvieron que retirar rápidamente el proyecto de Ley 304, pero se mantienen firmes en tramitar el PL 305.

De acuerdo a un último informe de los diferentes gremios en que nos organizamos los periodistas “preocupa la posición del presidente Luis Arce que (...) manifestó, en relación a las protestas de los periodistas, que, en el país, en algunos casos, hay una ‘exagerada libertad de expresión’, lo que evidencia la percepción sesgada y retrógrada que tiene el gobierno respecto a los derechos fundamentales y aclara el origen de la nefasta intención inscrita en el proyecto de Ley 305/2023”.

Ratifican la “firme posición de que los derechos no se negocian ni se consensuan, se cumplen. El artículo 281 (Septies) del proyecto de Ley 305/2023 viola la Constitución Política, la Ley de Imprenta, la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a que se procese cualquier falta en el ejercicio de su tarea, solamente en el ámbito de la norma citada”.

Así, “nuestra posición como la del gobierno están suficientemente claras y no son compatibles”, aclarando que el problema no es que no se entienda la norma, como parecería que creen el ministro de Justicia, el Presidente del Estado, la presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados y la viceministra de Comunicación, que no abren “ninguna opción a suspender el artículo” de marras.

Finamente, expresan su contrariedad porque la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados estaría invitando a una organización apócrifa del gremio y anuncian que continuarán con las movilizaciones “hasta que se suprima del proyecto de Ley 305/2023 el artículo 281 como lo hemos demandado en nuestro pronunciamiento”. Más, claro, agua.

En este escenario, ¿insistirán el conductor y el conductorcito en su propósito de nicaraguanizar la relación con la prensa en el país o, en un acto de lucidez, optarán por respetar la libertad de información y expresión?

La pugna entre los operadores políticos y los periodistas es permanente, y siempre el poder ha tratado de domesticar la actividad informativa.



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