El Estado no funciona

Los escándalos desatados por la aparición de un diario de vida de un religioso jesuita y, luego, por la intervención del Banco Fassil, han vuelto a comprobar la debilidad institucional del Estado y que, tal como está siendo administrado, nos encaminamos a que se imponga la ley de la selva.

Develados ambos hechos, y ante la inoperancia del Ministerio Público de actuar oportunamente, asumiendo con autoridad sus atribuciones constitucionales, se ha abierto un vacío institucional peligroso, que han intentado llenar desde otras instancias del Estado y desde la sociedad, en la que la desconfianza respecto a las autoridades y la administración estatal crece geométricamente. En el caso del banco Fassil, se debe agregar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por cuya acción (o inoportuna acción) una consecuencia ha sido la muerte (sea por suicidio o asesinato) del interventor que nominó para la liquidación de la entidad financiera.

Como se sabe, si se abre un vacío hay interesados en llenarlo. En los casos que se comenta, hay autoridades que creen que todo es válido para llenarlos a como dé lugar. Es el caso del Procurador o el Ministro de Gobierno que sin pensar en el daño que hacen a su propio gobierno, asumen funciones que no les corresponde poniendo en evidencia la inoperancia del Ministerio Público, que solo atina a mostrar su servil dependencia de los gobernantes de turno. Y no ha faltado alguna iniciativa de la Asamblea Legislativa para crear “comisiones” de investigación que, hasta ahora, felizmente, no se han concretado porque de hacerlo se interpondrían más obstáculos para el buen desarrollo de las investigaciones.

Desde la sociedad, ese vacío intenta ser llenado por una serie de actores que tratan de aprovecharlos para defender intereses particulares, sean de orden político o económico, que sin escrúpulo alguno ayudan a que la investigación del caso no llegue a resultados objetivos.

También hay una notoria actuación de colegas periodistas, fundamentalmente a través de las redes sociales, que gozando de acceso a información privilegiada se vuelven detectives o fiscales provocando en sus auditorios todavía más desconfianza en la sociedad.

Y no están ausentes los comentarios de voceros oficiales u oficiosos al régimen que, con total mala fe, interpretan los datos que se les filtra en “verdades” ideológicas provocando ya no sólo desconfianza sino desorientación.

Además, la superficialidad, el sensacionalismo y el sectarismo con los que se están manejando mediáticamente ambos casos, con elevados grados de influencia gubernamental, están permitiendo que se desvíe la atención del desvelamiento de lo delictivo. Más bien, generan sentimientos morbosos atávicos que, sumados a la desconfianza creciente, son el mejor pasto de cultivo del caos y la imposición de la ley de la selva.

Ese escenario debe cambiar y cada quien debe actuar en los campos que le competen.

El país no merece ese destino y en los dos casos reseñados se debe hacer un esfuerzo para recuperar la racionalidad, investigar con transparencia y a través de los mecanismos y procesos constitucionales establecidos y sancionar a quienes resulten autores de delitos, evitando aquello de que en río revuelto ganancia de pescadores…

Juan Cristóbal Soruco es periodista.