La Paz, 07 de septiembre de 2024
La semana pasada, Alfonso Gumucio publicó, bajo el título Cuero de ballena (Brújula Digital, 20|07|24|), un recuento de casos de corrupción atribuidos a funcionarios de este Gobierno y que todavía no han sido aclarados. En esta frase, la palabra “todavía” podría ser considerada una expresión de optimismo de mi parte, pues muchos, incluyendo probablemente a los lectores de este medio, consideran que ese todavía es un “nunca serán”.
De hecho, uno de los cabreos generales contra el actual Gobierno proviene justamente de que las alegaciones de corrupción se acumulan y van pasando al olvido de la noticia, pues con la Justicia sometida por el régimen, poca esperanza hay de que se hagan las debidas investigaciones y se diferencie alegaciones de delitos comprobados y culpables de inocentes. Siendo así, Gumucio cumple con una función de los columnistas: evitar que el olvido valga como absolución.
Sin embargo, una revisión de los casos listados por él muestra un conjunto que incluye acusaciones, hechos comprobados y simples sospechas; todas combinadas como si perteneciesen a una misma categoría. Muchos bolivianos conocemos a al menos una persona que ha sido acusada injustamente y sin pruebas, varias por el actual Gobierno y otras por los anteriores, y sabemos el daño que eso causa, la mella en la dignidad, el impacto familiar, el perjuicio laboral, los gastos en abogados; e incluso no falta la condena arbitraria.
Un aspecto que es comprensible como resultado de una irritación acumulada, pero no debe ser excusa, es el trato diferenciado que se da los masistas cuando se trata de acusaciones, como si a ellos no les cupiera el beneficio de la dignidad. Esto me parece racista y clasista. Creo que Gumucio no usaría los mismos términos si estuviera acusando a personas de otro entorno social. En lo referido a corrupción, ha habido partidos más groseros que otros, pero no creo que haya clase, raza o gestión sin mancha.
Es decir, todos quienes queremos que tengamos una Justicia de verdad, deberíamos comenzar por evitar hacer acusaciones con nombre y apellido si no contamos con las pruebas correspondientes. Entiendo que la intención de Gumucio no es dar los casos como cosa comprobada, sino provocar la aclaración que espera la ciudadanía. Pero si es así, el lenguaje utilizado debería tener el cuidado de dar el beneficio de la duda al acusado y no usar epítetos que sugieren otra cosa. Todos merecen el respeto que se debe a un inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Si queremos construir para la siguiente generación una Justicia y una democracia que la actual no ha conocido, debemos en el camino cuidar el tejido social, respetándonos todos por igual, sin distinciones de color, clase o afiliación. Es obvio, pero hay que recordarlo.
Una de las alegaciones de corrupción que me llama la atención es la que hace el columnista contra el hijo de David Choquehuanca, a quien acusa de poseer “una casa valuada en 300 mil dólares y además ha recibido un préstamo bancario de un millón de bolivianos”, hecho sobre el cual el vicepresidente “no ha abierto el pico”, en palabras de Gumucio.
Lo del pico entra en la categoría del lenguaje antes comentado: libertad que se permite con el vicepresidente porque se trata de un masista, que es, por tanto, blanco para el ejercicio de la más amplia libertad de expresión.
Pero lo que más me llama la atención, porque lo he visto usar en una u otra variante, es la acusación de que el joven Choquehuanca posee un inmueble. En primer lugar, ni tener una casa ni prestarse plata del banco son delitos. De hecho, si el joven ha usado el préstamo bancario para adquirir la casa, solo ha tenido que poner la mitad del precio; una suma poco significativa en la economía de nuevos sectores sociales muy líquidos hoy en día. Muchos otros poseen casas más valiosas y créditos bancarios mayores, sin por eso despertar sospechas.
En la misma línea de suspicacia sesgada con los inmuebles, hace unas semanas una de nuestras columnistas expresaba su antizquierdismo repitiendo la crítica que se hizo hace años al líder español Pablo Iglesias y su esposa por haberse comprado con sus dos salarios de profesionales un chalé en un barrio madrileño más o menos equivalente a Jupapina, en contradicción, alegaba esta columnista, con los ideales socialistas de la pareja. Si de coherencia se tratara, obedeciendo el mandato de Jesús, los cristianos no deberían tener ni dos túnicas, ni dos casas. (Lucas 3:11).
En cambio, la defensa de los desposeídos que caracteriza al marxismo no significa querer ser igual a ellos sino lo inverso. De no ser así, habría que criticar a los izquierdistas no por tener casa, sino por no andar en harapos. Ya se ha hecho esta aclaración miles de veces.
Sin embargo, dejando de lado algunos excesos verbales y un par de ejemplos como el citado, que no restan valor al todo, una columna de opinión viene siempre con el entendido de que se trata, como su categoría lo indica, opinión; es decir, afirmaciones que se sobreentiende que son cosas de un “así lo veo” o “hago notar”, etc. y cumplen la función arriba reconocida, distinta de la noticia.
Brújula Digital ha reproducido las opiniones de Gumucio en nota separada, y ahí la cosa adquiere otro carácter y, con todo el respeto que tengo por este medio a cuyo éxito apuesto y por su director, me parece que era mejor no haber dado ese paso.
Lo que correspondería es investigar lo que el columnista denuncia, pero para ese periodismo todavía faltan recursos; por lo que los lectores que quieren que la prensa cumpla esa y otras funciones con mayor efectividad, pueden contribuir a través del QR disponible en ese sitio para ese propósito.
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