El cuidado de los bienes del Estado

Ciertas instituciones de Potosí se han traslado a otras sedes en el último tiempo.

La Fuerza Especial de lucha Contra el Crimen se trasladó al nuevo edificio de las calles San Alberto y Pando y la Fiscalía Departamental también tiene nuevo inmueble, en la avenida Villazón, casi frente al todavía nuevo complejo de oficinas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y el Registro de Derechos Reales.

El traslado de la Fiscalía no es un desprendimiento, sino el cumplimiento de un acuerdo. El costo del edificio de la Villazón fue cubierto en un 80% por la Gobernación de Potosí a cambio de que el Ministerio Público corriera con el 20% restante. Parte de ese trato es devolver la antigua casona que la Fiscalía ocupaba en la esquina de las calles Junín y Matos.

El fiscal general, Juan Lanchipa, devolvió ese edificio el lunes y el actual gobernador, Marco Antonio Copa, anunció que allí funcionaría la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura. Quiere que el inmueble tenga uso cultural y eso está acorde con el propósito inicial de que allí se instale el Archivo Nacional del Notariado boliviano, un proyecto que, por ahora, pocos bolivianos pueden aquilatar.

Copa ha entendido que una manera de marcar la diferencia es retomar el megaproyecto de transformar el centro histórico de Potosí en un enorme museo al aire libre. Para ello, es necesario que la Gobernación y la Policía desocupen el antiguo edificio del Cabildo Secular, para que este sirva de centro cultural y repositorio. Muestra de ese esfuerzo es la reapertura del Museo del Cabildo. La Alcaldía y el concejo municipal tendrían que desocupar el edificio de las Cajas Reales.

La Gobernación está construyendo un edificio para su sede en la zona baja, pero la que ya debió desocupar las oficinas en el inmueble de la plaza 10 de Noviembre es la Policía. Pese a que tiene su espacio en el edificio entre San Alberto y Pando, los últimos comandantes se han resistido a desocupar y, con eso, han demostrado un preocupante desconocimiento de la ley.

Los edificios públicos son del Estado, no les pertenecen a las instituciones que los ocupan, que son meras administradoras. La Policía debe devolver los ambientes que ocupa en la plaza o el gobernador tendría que iniciar un proceso contra sus autoridades.

Pero si oficiales de Policía desconocen la ley, más alarmante es el caso de los vocales del ahora TDJ que inscribieron a nombre del Poder Judicial nada menos que el edificio de la primera Casa de Moneda que, igualmente, ya deberían de desocupar.

Jueces y policías desubicados (¿o ignorantes?) son apenas un par de ingredientes en la ensalada de vísceras que se ha convertido la institucionalidad boliviana. Menos mal que, por esta vez, la Fiscalía es una excepción. 

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.