El CONADE, la desobediencia civil y el Vice

Apenas conocida la anticonstitucional habilitación del TSE al binomio Evo-Álvaro para que participe en las “elecciones” primarias de enero de 2019, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, convocó a la población a la desobediencia civil y a los partidos políticos a que se sumen a la tarea de “organizar la lucha del pueblo sobre las consignas de desobediencia civil y de movilización permanente”.
Para algunas personas, la convocatoria del CONADE parecería ser un llamado a delinquir o a la insurrección y la violencia, que nos llevaría a la anomia y el caos.

En un Estado de Derecho, la sociedad debe confiar en que las decisiones y acciones de las autoridades sean constitucionales. En sociedades maduras democráticamente, esta confianza en las autoridades presupone la existencia de una estructura institucional que asegura los mecanismos adecuados, expeditos y pertinentes, para cuestionar decisiones que podrían considerarse violatorias de normas o derechos ciudadanos y, de ser el caso, corregirlas.

Esa institucionalidad es un “deber ser” que, en términos reales, absolutos, no existe; en las democracias frágiles resulta conveniente usar la “presunción de constitucionalidad” para establecer relaciones de “mando y obediencia” entre gobernantes y gobernados para, en los hechos, desconocer la soberanía popular: mandan los que gobiernan y los que obedecen son los gobernados, contrariando el principio que la soberanía reside en el pueblo.

Por cierto, la presunción de constitucionalidad no es un cheque en blanco: tiene límites y menos puede usarse como amparo a las arbitrariedades de funcionarios de cualquier nivel, en especial si ejercen sus cargos inconstitucionalmente. En general la presunción de constitucionalidad queda desvirtuada si “el legislador otorga diferentes consecuencias jurídicas a situaciones que son esencialmente equiparables”.

Si las normas se aplican arbitrariamente, en beneficio de unos o perjuicio de otros según el caso, la desobediencia civil adquiere legitimidad; es una opción de la sociedad en la medida que los gobernantes, con sus acciones, horadan las bases que justifican ante la sociedad la presunción de constitucionalidad.

Pero la desobediencia civil no implica caos y violencia: “es una opción democrática de la ciudadanía frente a la crisis de legitimidad de los sistemas políticos y a la obstrucción de los canales legales de participación”; consiste en incumplir normas concretas, sin poner en cuestión la obediencia al total del ordenamiento jurídico. Se define como una “acción de protesta, individual o colectiva, consciente, moralmente fundamentada, pacífica y pública que, violando normas jurídicas concretas, busca producir un cambio en las leyes, en las políticas o en las directrices de un gobierno”.

En el pasado, el Estado boliviano no se ha destacado especialmente por su compromiso de respeto a las normas. Pero tampoco habíamos llegado a la situación de extrema indefensión en la que hoy se encuentra la ciudadanía. La lista de arbitrariedades es ya casi interminable gracias a la obsecuencia de la Asamblea Legislativa, del Órgano Judicial y, ahora, del Electoral.

Cada arbitrariedad supera a la anterior; en los últimos días, el Vicepresidente detalla sin rubor “la estrategia envolvente” que supuso la redacción y la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas con la que aseguran la ilegal repostulación de su binomio y perjudican a las plataformas ciudadanas y partidos políticos; y con esta amañada ley, el TSE rechaza las impugnaciones al binomio oficial planteando la superioridad del reglamento de la ley respecto del artículo 168 de la CPE.

El Vicepresidente, al reconocer que el oficialismo usa todo el Estado para dictar normas en beneficio particular, confirma que fue roto el pacto social que compromete al ciudadano con sus gobernantes y que han eliminado, en realidad, la institucionalidad democrática. Ello es suficiente justificación para que las personas, de manera individual o colectiva, no consideren la desobediencia civil como una opción si no como una obligación.

Con el reciente ejemplo de los malabarismos a los que el Gobierno está siendo obligado para poder aplicar el doble aguinaldo, debería preocuparles la posibilidad que el incumplimiento selectivo de normas acentúe la anomia y los condene a una acelerada espiral normativa de abrir un hueco para tapar otro.

Para la mayoría, el acomodo pasivo a la arbitrariedad no es una alternativa porque hay conciencia que heriría de muerte a la democracia. Si luego de las insulsas primarias esta mayoría optara por la desobediencia civil, el Gobierno no solo enfrentará una larga y dolorosa campaña que terminará tarde o temprano en su derrota electoral, democrática y moral, sino que deberá además asumir la responsabilidad histórica de haber llevado caprichosamente a Bolivia por un camino con nefastas consecuencias para su desarrollo a corto, mediano y largo plazos.

Enrique Velazco es director del instituto Inaset.