Educación: de las ruinas a quizá la oportunidad

La educación es uno de nuestros males que más contradicciones encierra; comenzando por el hecho de que debiendo ser el maná que alimenta la formación de nuevas generaciones, es el lastre que pesa sobre todas las agendas, al punto que preferimos olvidar que lo arrastramos, como si fuese una condena inescapable. Y si en algo la merecemos, es porque hemos sido consistentes en no darle la debida prioridad, y cuando, por una vez, estaba floreciendo, la matamos.

Si se pregunta a los ciudadanos –políticos, periodistas, padres de familia–, nueve de cada diez dirá que la Educación y la Justicia son los grandes problemas nacionales que todo Gobierno debería tener entre sus prioridades. De hecho, no hay programa de gobierno que no contenga sus capítulos correspondientes. Sin embargo, están ahí para constar, pues los candidatos describen en detalle cómo traerán dólares y gasolina, pero cuando se trata de educación, recitan las fórmulas que bien o mal cocinan sus asesores.

En este ciclo electoral, la cosa no ha sido diferente, pero un post reciente en FB de una connotada periodista y candidata me han motivado a escribir esta nota. Que ella, periodista inteligente, conocedora de otros temas y además interesada en el problema educativo, diga lo que dice, me ha hecho pensar que su ignorancia es ampliamente compartida y que es necesario poner los puntos sobre las íes de nuestra historia educativa reciente.

Ella dice en su post:

“La Ley Avelino Siñani fue construida en consenso con el magisterio (…). Se incluyó la enseñanza de las lenguas indígenas y cosmovisiones para entender al país en el que vives. Para entender la plurinacionalidad. (…) La profesionalización docente se concretó gracias a esta Ley (…) nunca hubo ningún esfuerzo para tal cosa, porque en las universidades que eran los centros de formación docente no se capacitaba a los futuros [maestros] en aimara. Solo en la normal de Chayanta (…)”.

Se equivoca en atribuirle tanto a la Ley Siñani y en negar lo precedente, como lo mostraré abajo. Han pasado treinta años de la promulgación de la Ley 1565 de Reforma Educativa y es comprensible que quienes no trabajan en el tema hayan olvidado o no se hayan enterado de lo que fue. Como estamos a puertas de un cambio de ciclo, como se viene diciendo, y es necesario que la Educación reciba un nuevo impulso, es importante hacer historia para refrescar el recuerdo de los desmemoriados e informar a los ignorantes.

Que la amnesia no es total, lo ha puesto en evidencia la reciente propuesta de la Fundación Milenio que, sin citar la Ley 1565, incorpora muchos de sus postulados. Tuto Quiroga la ha mencionado en su programa de gobierno y en el debate de la UPB, y Samuel ha recordado en modo autoelogioso en el mismo debate su participación en el origen de dicha reforma.

Es una feliz coincidencia que los dos candidatos que lideran las encuestas tengan derecho a echarse esas flores, pues ambos tuvieron actuaciones importantes –Samuel, como ministro de Planeamiento, en la gestación y Tuto, como vicepresidente y presidente, en la ejecución– de dicha Reforma.

Pero antes de ir a la historia y los resultados, quiero recordar que, al terminar la gestión de Tuto en 2002, la Reforma había logrado introducir la Educación en la agenda pública y ganado reconocimiento social para el sector. Este reconocimiento se tradujo en la nominación del ministro Hoz de Vila como “Hombre del año” (ATB) y “Mejor ministra” (Pérez Iribarne) a Amalia Anaya reiteradamente durante el año que ejerció ese cargo.

Asimismo, la Reforma fue declarada “Proyecto Estrella” (PAT), y el Sistema Educativo apreciado, según una encuesta nacional, como la segunda institución que gozaba de mayor confianza ciudadana, solo superada por la Iglesia y por encima de la Defensoría del Pueblo, de los medios de comunicación y de otras quince instituciones (La Prensa, 9/11/ 2002).

Hoy esto nos parece cosa de otro mundo y es prueba de que cuando hay voluntad política, resultados y capacidad técnica es posible elevar la Educación al sitial que requiere y merece. No estamos condenados.

La Reforma Educativa de los años 90 plantea una de las mayores paradojas en los esfuerzos de reforma institucional emprendidos en Bolivia. Fue concebida y desarrollada durante el proceso de recuperación y fortalecimiento democráticos, en cuyo espíritu se encuadran sus planteamientos de educación intercultural, bilingüe y participativa en todo el Sistema Educativo. Sin embargo, el hecho de que naciera en el período en el que fueron adoptadas las medidas de ajuste estructural llamadas neoliberales, dio lugar a una asociación tóxica para una reforma que nada tenía de neoliberal.

La historia de esta reforma es una de las tragedias de nuestra fragilidad institucional, producto de la miopía con una dosis de estupidez de las élites políticas bolivianas.

Pese a sus logros significativos, como lo veremos abajo, fue destruida por la propia administración estatal que la había cobijado en su inicio. La que debía ser su cuarta gestión gubernamental consecutiva procedió a desmantelarla, no a corregir su curso –como habría sido pertinente–, sino a su completa aniquilación, primero a través de una campaña de desprestigio y después destruyendo uno por uno sus logros institucionales. Sobre sus móviles solo una investigación seria podría –y debería– dar explicaciones.

Comencemos con un breve recuento de la gestación de dicha reforma, para poner en contexto la participación de Jaime, Goni, Banzer y Tuto; notable lista de actores, que pone en evidencia su dimensión temporal y su relevancia política.

Durante la gestión de Jaime Paz, fue creado el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE) que produjo, entre 1992 y 1993, una propuesta técnica –en consulta con maestros de base y organizaciones indígenas–, basada en la evaluación de innovaciones bolivianas y en el levantamiento de necesidades de aprendizaje del país.

Armado de esa propuesta, el ETARE elaboró un proyecto de ley e impulsó un Acuerdo político, firmado por los jefes de los partidos políticos con presencia parlamentaria, de asumir la Reforma Educativa como una política de Estado. En 1994, bajo la Presidencia de Goni, fue promulgada la Ley 1565 y sus decretos reglamentarios y normas legales que permitieron poner en marcha de la Reforma, que tuvo continuidad y su periodo culminante en la siguiente gestión de gobierno (1997-2002), bajo las Presidencias de Banzer y Tuto.

De 1995 al 2002, en 7 años, la Reforma logró los siguientes resultados principales, posibles gracias a un equipo técnico sólido en el Ministerio de Educación y en la estructura descentralizada del Sistema Educativo:

1.  Incremento de la cobertura neta, reducción del abandono y la deserción, particularmente en el área rural donde se aplicó la modalidad bilingüe (quechua, aimara y guaraní con castellano).

2.  Sistema de Medición de Calidad (SIMECAL), que realizó múltiples evaluaciones en  primaria, secundaria (pública y privada) y en escuelas normales.

3.  Mejora del rendimiento escolar donde se introdujo el nuevo currículo con 13.000 maestros capacitados en educación bilingüe y 1.600 asesores pedagógicos apoyando en aula a los maestros (área urbana y rural).

4.  Escuelas Normales transformadas en Institutos Superiores (INS) y elevado nivel académico, administrados por universidades públicas y privadas. En la transformación de los ocho INS bilingües, participaron los Consejos Educativos de Pueblos Originarios.

5.  Totalidad de escuelas públicas equipadas con bibliotecas para maestros y de aula para los niños, textos escolares, juegos y material didácticos, y material deportivo.

6.  Cumplimiento regular de 200 días de clases en las escuelas fiscales de todo el país gracias, principalmente, al pago puntual de salarios, incentivos y horas adicionales para los maestros.

7.  Eliminación de “maestros fantasmas” y otras irregularidades, y simplificación de trámites de ascenso y jubilación de los maestros, gracias a un reordenamiento administrativo con sistemas informatizados.

8.  Presupuesto asignado, por primera vez en la historia de la educación boliviana, acorde al número real de estudiantes, gracias al sistema de información estadística que recogía información desde cada escuela y al alcance del público en el portal del Ministerio.

9.  Programa de incentivos monetarios y no monetarios para los maestros que aplicaban innovaciones dirigidas a mejorar la calidad y cerrar brechas de inequidad.

10.  Conformación de 13 mil juntas escolares, nueve Consejos Educativos Departamentales y cuatro Consejos Educativos de Pueblos Originarios (Quechua, Aimara, Guaraní y Multiétnico Amazónico).

11.  Proyectos educativos por escuela que lograron movilizar recursos municipales con participación activa de la comunidad.

12.  Estructura descentralizada con 220 direcciones distritales (nivel municipal) que permitió –por primera vez– el desarrollo del currículo regional complementario, la designación local de maestros y la administración de la planilla hasta entonces centralizadas en el Ministerio.

Tuto y Rodrigo que están proponiendo la descentralización de la Educación deben prestar especial atención al último logro. ¡Ya se lo hizo!

Los críticos de la Reforma alegaron, en tono de denuncia, que ella había gastado 340 millones de dólares en su ejecución. En realidad, hasta el 2002 se habían ejecutado 265 millones, de los cuales 82 fueron transferidos al Fondo de Inversión Productiva y Social para la construcción de infraestructura escolar. Con los 183 millones restantes -8% en promedio del total anual que se gasta en salarios de maestros- el país contó por primera vez con recursos para inversión en educación, con los que se realizaron las múltiples actividades que permitieron lograr los resultados arriba listados.

De este apretado –e incompleto– resumen, se puede ver cuán lejos de la realidad están las afirmaciones de la periodista referida y cuán poco originales son las propuestas de algunos candidatos que plantean hacer lo que ya fue hecho. Pero, no se trata de criticar por criticar, sino de que hagamos memoria de lo que tuvimos y podemos nuevamente realizar, si hay la voluntad política. La Reforma no fue perfecta ni completa, pero debió ser la base para hacer más y mejor.

A partir del año 2002, cuando arrancó la segunda gestión de Goni en alianza con Jaime Paz, comenzó la destrucción de la Reforma desde esferas del propio Gobierno con una campaña mediática sostenida de desprestigio de la Reforma, orquestada por la Vicepresidencia de Carlos Mesa, y con el desmontaje del equipo técnico para dar empleo a militantes, como en los tiempos previos a la Reforma. No tardó en paralizarse el proceso de transformación, y ahí languideció la Reforma.

Cuando llegó el MAS al Ministerio, solo quedaban las ruinas y le resultó más fácil y políticamente más ventajoso hacer una nueva ley. La Ley Siñani recogió todo el lirismo identitario del MAS, pero se quedó ahí. Lo cierto es que, con el poco talento de sus ministros y la ausencia de capacidad técnica, no se podría haber hecho nada con ninguna ley. Ahí está el resultado. La Educación, después de haber tenido su mejor hora, pasa por su peor momento.

La periodista mencionada atribuye la reivindicación de la identidad a esta ley. Al respecto es relevante citar a Goni al momento de la promulgación de la Ley 1565:

“La educación bilingüe es vital no solo como una reivindicación de los pueblos indígenas, sino también para dar solidez a nuestra cultura nacional, para que Bolivia sea un país diverso pero unido. Mantener nuestra unidad sin perder nuestra diversidad”.

La inclusión de la diversidad lingüística y de la cosmovisión de los pueblos indígenas en la Educación no es invento del MAS y la Reforma Educativa lo demostró con resultados, recogidos por ejemplo, por Albó y Anaya (CIPCA/Unicef, 2003).

De estas reflexiones quiero rescatar algunas lecciones importantes, tanto para una posible reforma de la Justicia, como para una nueva reforma educativa, que ojalá se emprendan.

Por ser un objetivo nacional que debe trascender las gestiones de Gobierno, la Educación no puede someterse a agendas partidarias, sino regirse por una visión de Estado y de país en el largo plazo.

No es posible emprender una reforma de esta envergadura en una sola gestión de Gobierno y, por tanto, es necesario un acuerdo multipartidario que permita darle continuidad.

Fernando Patiño es escritor boliviano.