Edman Lara y el ingreso a las universidades

Conocidos los resultados oficiales de las elecciones nacionales realizadas el 17 de agosto pasado, que mostraron la preferencia del pueblo boliviano a favor de las fórmulas encabezadas por Rodrigo Paz, del PDC y Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, corresponde que, en octubre próximo, se defina, a través del balotaje, quiénes serán los próximos titulares de los cargos de Presidente y Vicepresidente del Estado.

Amparados en los referidos resultados, los protagonistas, que continúan en la carrera electoral, seguirán intentando ganarse la confianza y el apoyo del electorado para esta segunda vuelta. Hasta ahí no hay ningún problema, porque se trata del derecho constitucional que les asiste a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a ser elegidos con base al programa que ofrezcan a los votantes. Y, en última instancia, serán éstos los que decidan lo que consideren más favorable para los intereses del país.

Lo que está generando preocupación, incluso indignación en un sector importante de la población boliviana, son las ofertas electorales por el carácter demagógico de muchas de ellas que, por ende, son irrealizables. En muchos casos por la dimensión económica de las mismas; en otros por el sentido antijurídico que las caracteriza.

El motivo del presente artículo guarda relación con la promesa del candidato a la Vicepresidencia del PDC, el excapitán Edman Lara, quien, entre sus propuestas, ofrece y promete, a través de sus videos difundidos por las redes sociales, que los jóvenes que cumplan el Servicio Militar tendrán pase directo a las universidades públicas, a la Academia Nacional de Policías y el Colegio Militar, dejando de lado los exámenes y el mérito académico.

Como correlato a su engañosa oferta asegura que los universitarios no tendrán que pagar nada para su titulación en las universidades públicas y privadas.

Independientemente de los juicios de valor que públicamente se esgrimieron respecto a la personalidad, forma de expresarse, actitudes, reacciones y antecedentes del referido candidato a la Vicepresidencia, y abstrayéndome de emitir criterios a favor o en contra del mencionado ciudadano, sin desconocer su derecho a continuar buscando respaldo ciudadano, igual que sus eventuales adversarios, me limitaré a explicar el porqué de la inviabilidad e ilegalidad de su oferta:

1.  Quién aspira a ser Vicepresidente de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que estar enterado de que el artículo 92 de la Constitución Política del Estado consagra la autonomía universitaria, lo que implica que las universidades públicas, en su condición de entidades educativas autónomas, gozan de la potestad de la libre administración de sus recursos, nombramiento de autoridades, personal docente y administrativo, aprobación de estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales.

Como son las mismas universidades las que elaboran y aprueban su propio ordenamiento jurídico en sus instancias de gobierno, es ahí donde se establecen las modalidades de ingreso y de egreso de los estudiantes. Es decir, no son las instancias de poder político externo las que deciden respecto al quehacer universitario.

Por consiguiente, cualquier medida externa, así sea a través de una ley aprobada en el Congreso, resultaría inaplicable jurídicamente, en atención a la jerarquía normativa y prelación constitucional, establecida en el Art. 400 de la Constitución Política del Estado.

2.- La susodicha propuesta no puede fusionar en un mismo tema el régimen militar con el universitario. Son figuras absolutamente distintas, con objetivos diferentes. Una está relacionada con la defensa y resguardo de la soberanía del Estado y la otra con la educación superior.

Es más, ante la elevada demanda de bachilleres para ingresar a la universidad, a través de su normativa interna, la universidad establece el examen de ingreso o los cursos preuniversitarios, sujetos a una evaluación de los postulantes, procedimiento a través del cual ingresan los que obtienen mejores promedios.

De modo que pretender que el solo requisito de realizar el Servicio Militar sea suficiente para ingresar a la universidad constituye un exabrupto que, además, viola la autonomía Universitaria.

Demostrada la inviabilidad e ilegalidad de la susodicha oferta electoral, es importante que la juventud boliviana, los padres de familia y la ciudadanía en general analicen con absoluta objetividad y serenidad las diferentes propuestas que plantean los candidatos. Muchas de ellas, además de ser imposible su realización, generan falsas ilusiones en la población.

Waldo Albarracín es abogado, fue Defensor del Pueblo, presidente de la APDHB y rector de la Universidad Mayor de San Andrés.