Pititas y el protagonismo de la sociedad civil

En una coyuntura política en la que el gobierno de Evo Morales había generado una abierta confrontación con la sociedad civil –rompiendo los moldes democráticos, convirtiendo al Estado en un ente meramente represor del pueblo – se puso en evidencia la colisión de intereses. Por un lado el afán obsesivo del dictador de perpetuarse en el poder para preservar privilegios, consolidar su dominio político; y, por el otro, la natural reacción de un pueblo que luchaba por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

En ese escenario diversas organizaciones de la sociedad civil, inspiradas en sus convicciones y referentes bioéticos, ofrecieron una dura y tenaz batalla contra el régimen. Cabe enfatizar que en esta contienda se observan exclusivamente dos contendores: el gobierno y la ciudadanía. Curiosamente, las organizaciones político partidarias estuvieron fuera de esta confrontación.

Los testimonios más emblemáticos de la lucha emprendida por nuestra gente están en su participación protagónica y decisiva en el Referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), logrando derrotar al dictador a través del NO en las urnas. Las posteriores movilizaciones exigieron el respeto y cumplimiento de su resultado de carácter vinculante, bajo la consigna BOLIVIA DIJO NO.

Más tarde, en 2019, ese protagonismo se incrementó denunciando el fraude electoral de octubre. Demostrando técnica y documentalmente esa actitud fraudulenta ante los organismos y auditores internacionales, logrando así que el autor principal del delito de lesa democracia sea avergonzado e interpelado públicamente. Ante esa circunstancia, en un acto de tácita aceptación de semejante inconducta, anunció la nulidad de los viciados comicios, la destitución de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral y la realización de nuevas elecciones. Al final de la tarde del 10 de noviembre, viéndose descubierto, comunicó su renuncia a la Presidencia del país.  Nada de esto se habría conseguido sin el accionar patriótico del pueblo.

En las circunstancias descritas, Evo Morales, haciendo gala de su soberbia, en determinado momento, pretendió minimizar y ridiculizar las movilizaciones de un pueblo, manifestando que él nos enseñaría a bloquear las vías públicas, porque la gente lo hacía utilizando “pititas”. Nunca se imaginó que a través de esa actitud despectiva iba a potenciar las movilizaciones ciudadanas y darle su propia identidad pues, desde ese día, toda persona que participaba en las movilizaciones era identificada como “Pitita”.

Hoy esta palabra es sinónimo de dignidad, de rebeldía, de valentía y fundamentalmente de una persona de convicciones democráticas. Fueron Pititas los que pusieron en su lugar y desenmascararon al dictador, los que defendieron la democracia, arriesgando su seguridad, integridad física y su vida. Muchos de sus integrantes fueron reprimidos.

Lástima que los militantes de los partidos y frentes políticos no valoraron la lucha de la gente que, sin necesidad de pertenecer a una organización política, hizo mucho más por la democracia que ellos, y sin buscar un beneficio personal ni espacio de poder alguno.

En momentos que nos aprestamos a elegir un nuevo gobierno, en el próximo balotaje de octubre, independientemente de quiénes resulten elegidos, de algo estoy seguro: ni en el Congreso ni en el Órgano Ejecutivo la sociedad civil estará genuinamente representada, por la sencilla razón de que hay una diferencia notoria en el discurso y la actuación de quienes ofician de candidatos en plena campaña electoral. Muestran un rostro amable y se ofrecen todo, hasta lo imposible, con el pensamiento y la actitud de quien ya se consolidó en una instancia de poder.

El cambio es radical y notorio. Desapareció el “salvador” para que aparezca un potencial represor.  Ante esa cruda realidad se torna necesario que la sociedad civil organizada no renuncie a su insoslayable derecho a ejercer el control ciudadano, sobre todo en el manejo de los recursos públicos; a exigir se cumpla lo prometido en campaña; a que se resguarden los derechos humanos y se promueva un verdadero proceso de cualificación del sistema de administración de justicia, alejando de este organismo a los tradicionales prevaricadores.

Que se promueva la designación de un Contralor General absolutamente independiente y no de un celestino de las fechorías de los gobernantes, como actualmente acontece. Que se viabilice la conformación de un Órgano Electoral independiente e imparcial que garantice elecciones transparentes. Que se viabilice la llegada al Ministerio Público de juristas probos, capaces de resguardar los intereses de la sociedad y no de los fiscales genuflexos que hoy ostentan poder en las cúpulas de la institución, subordinadas al poder político. 

Existen tantas tareas pendientes, que si la ciudadanía organizada no exige, el gobernante y los mal llamados “padres de la patria” no asumirán sus obligaciones con la diligencia y convicción necesarias.

Ese es el motivo por el que resulta imperioso que el resiliente Movimiento Pititas emerja con más fuerza. La democracia se fortalece precisamente con la participación activa del verdadero soberano: el pueblo. 

Waldo Albarracín Sánchez fue Defensor del Pueblo, presidente de la APHB y rector de la Universidad Mayor de San Andrés.