Cualquiera sea el motivo y cualquiera sea el bloqueador...

¿Está Ud. de acuerdo que en una familia los hermanos hablen de sus aspiraciones y discutan sus diferencias, pero que no se agredan para solucionar un conflicto o imponer una pretensión, pues ello consagraría la “ley del más fuerte”? ¿Quiénes deben evitar que se produzca tal exceso? Naturalmente, los padres, en especial, el padre de familia, cumpliendo y haciendo cumplir ciertas normas de conducta a fin de vivir en paz. Exactamente igual debe ser a nivel de un país.

El derecho a protestar no debería equivaler a bloquear, aunque no se lo entiende así. Se puede reclamar, ningún problema con ello, pero este acto debe ser pacífico y respetuoso de las normas de conducta social establecidas para garantizar la pacífica convivencia entre ricos y pobres, blancos y cobrizos, moros y cristianos, citadinos y campesinos, etc., ya que ante la ley todos somos iguales, y, cuando la ley es pareja, nadie se queja.

El derecho a la protesta tiene que ver con la libre expresión cuyo ejercicio está estipulado en la Constitución Política del Estado (CPE) en sus Arts. 21 y 106; pero, la Carta Magna garantiza también otros derechos ciudadanos como la libre circulación, en su Art. 21, y el derecho al trabajo, en el Art. 46, de ahí que, si de la protesta no se pasa a la propuesta, sino más bien a acciones que implican violencia, como el bloquear, se incumple tal requisito.

Imposible hablar de un “bloqueo pacífico” cuando se impide el libre tránsito y, al valerse de piedras, ramas, tierra y otros, para cortar una calle, un camino, una carretera, etc., se provoca toda clase de pérdidas, violentando así el derecho inalienable de los ciudadanos a vivir en paz, a circular con seguridad y a trabajar para poder ganarse el pan de cada día.

¿Se imagina que en una familia un hermano bloquee “pacíficamente” la salida del dormitorio de su hermano, impidiéndole ir a estudiar o trabajar? ¿Que una hermana decida bloquear el refrigerador, provocando que sus hermanos sufran de hambre? Peor aún… ¿Qué si un hermano cierra con llave la puerta de entrada para que los demás no puedan ingresar y deban estar a la intemperie día y noche? ¿Qué pasaría, si una hermana decide apoderarse del botiquín para que sus hermanos no puedan tomar sus medicinas? ¿No romperían tales actitudes las normas familiares y provocarían duras reacciones de los afectados? Si los padres no imponen el orden a tiempo, el enfrentamiento entre hermanos será inevitable, e incluso los propios padres podrían ser afrentados por los infractores.

Lo mismo pasa en un país donde unos pocos bloqueadores perjudican a muchísima gente.

¿Cuántos bloqueadores hay en los puntos de conflicto? Que yo sepa, no son millones, ni cientos de miles quienes participan, no llegan a decenas de miles, ni siquiera son cientos o decenas los bloqueadores en un solo punto; en realidad, no pasan de unos cuantos que en muchos casos son obligados y en otros pagados; que, por consiga o por estar alcoholizados, sus códigos de conducta no condicen con el del ciudadano de a pie, por lo que, en su ignorancia o temeridad, son aviesos y violentos en su accionar, frente a la pacífica población que lo único que desea es vivir en paz, trabajar y progresar.

El problema es que -ante la permisividad o inefectividad de quienes solemnemente juraron cumplir y hacer cumplir las leyes, al asumir las altas responsabilidades de administrar el Estado y velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales- de prolongarse los bloqueos, ante la profundización de los daños, los conflictos puedan degenerar, como ocurre en una familia donde los afectados se defienden ante una agresión, y se haga justicia por mano propia, y sobrevenga el caos.

El Código Penal boliviano prevé cárcel de dos a ocho años para quien impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, eso dice la norma para la pacífica convivencia, pero cuando la autoridad no actúa, la permisividad promueve una indeseada “cultura del bloqueo”, donde prima la “ley del más fuerte”.

Los productores agropecuarios, madereros, industriales, exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, prestadores de servicios, entre otros, lo único que demandan es seguridad jurídica y paz social para invertir, producir, comerciar, exportar, importar, recibir turistas, prestar servicios, para con ello generar empleos e ingresos para las familias, y divisas e impuestos para el Estado. ¿Será que eso es pedir demasiado?

En una reciente conferencia de prensa, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reiteró su pública posición de que “todo bloqueo, cualquiera sea el motivo y cualquiera sea el bloqueador, literalmente, bloquea la posibilidad de un mayor desarrollo del país” y quien sufre las consecuencias es el ciudadano de a pie, por la imposibilidad de parar una crisis en curso; la afectación a una mayor recuperación económica, y el deterioro de la imagen-país, al mostrar  que aquí se impone la razón de la fuerza, en vez de la fuerza de la razón.

Gary Antonio Rodríguez es Economista y Magíster en Comercio Internacional