En mi anterior artículo hablé de la necesidad de generar nuevas
políticas económicas, que dejen atrás el extractivismo. Hice notar que en los
últimos 70 años hemos experimentado con casi todo tipo de modelos económicos y
regímenes de gobierno y que, lamentablemente hemos caído de estar cerca al
promedio, a ocupar uno de los últimos cuatro lugares de la región.
Por eso planteé que tenemos la alternativa de repetir las mismas fracasadas recetas que aplicamos en diferentes momentos del pasado, y llegar a los mismos resultados o, de una vez, optar por un nuevo paradigma de desarrollo.
Ahora deseo comentar las opiniones de personas y agrupaciones que piden un pacto nacional para enfrentar la crisis centrada en el COVID-19 en sus múltiples dimensiones: en salud, por la precariedad del sistema; en la economía, por la paralización del aparato productivo que anula los ingresos; en lo social, porque la ralentización de la economía aumenta el desempleo, la pobreza y alienta la conflictividad ante el dilema de “morir de hambre o por el virus”; y en la política, por el doble rol de Presidenta y candidata de Jeanine Añez, la crítica fácil a las acciones de su gobierno “desde las graderías” y la abierta obstaculización de las medidas gubernamentales por parte de sectores opositores, buscando su fracaso con objetivos estrictamente “electoreros”.
Es claro que el COVID-19 ha generado situaciones inéditas, y son necesarias medidas creativas para combatirlo. La debilidad institucional y nuestra indisciplina social limitan la posible eficacia de medidas gubernamentales, imponiendo la necesidad de improvisar; y la gestión de la crisis se complica aún más si lograr acuerdos parlamentarios está condicionada por una mayoría legislativa que privilegia sus intereses políticos.
En una sociedad madura, con estructuras confiables de rendición de cuentas, en casos de “crisis dinámicas” como la presente, implícita o explícitamente se otorgan al gobierno poderes especiales, amplios y suficientes, para que la administre tomando las medidas más pertinentes en todas las áreas críticas, como salud, empleo, etc.
Pero con nuestra débil institucionalidad, lograr que la Asamblea Legislativa otorgue esos poderes no estará únicamente condicionada a la renuncia de Añez a su candidatura, sino por infinidad de intereses que ignoran convenientemente que, en la realidad de la crisis en salud, hoy “es preferible que en un par de meses critiquemos al gobierno porque exageró, a tener que asumir la responsabilidad de haber impedido que haga lo necesario”. Al contrario de lo que algunos políticos asumen, las emergencias no son oportunidades para procrastinar ni para que “politiquillos todólogos” busquen balcones para figurar.
Reactivar la economía demandará también una creativa agenda de corto plazo con alta flexibilidad, tolerancia y un gobierno con poderes especiales para que, entre “miles de temas”, asuma las acciones necesarias que busquen preservar el empleo (formal e informal), promuevan la creación de nuevos puestos de trabajo y aumenten el valor agregado y la productividad para mejorar la distribución del ingreso y las remuneraciones.
Para ello, es requisito necesario restablecer condiciones de confianza y de corresponsabilidad entre empleados y empleadores, empresas y Estado y entre Estado y ciudadanía para lo que será necesario experimentar en tres ámbitos particularmente prioritarios: mercado interno, impuestos y normativa laboral.
Recuperar o construir estas condiciones de mutua confianza es una oportunidad de la presente crisis que sería estúpido despreciar: la historia continúa después del COVID-19 y quedará la tarea de diversificar, para transformar, una economía que hasta ahora no ha sido capaz de derrotar la pobreza y el subdesarrollo y que estará aún más debilitada.
Pero mirando a la gestión 2020-2025, en general los planes de gobierno ofrecen “economías verdes o naranjas” que se quedan en slogans y clichés porque, o siguen con las políticas “azules” (masistas), o no precisan la esencia del cambio necesario que nos llevaría a un proceso sostenido de desarrollo con equidad social y compromiso ambiental. Es decir, aunque mencionen la necesidad de superar el extractivismo rentista, caen peligrosamente cerca de ser “variaciones sobre el mismo tema”, como fueron las ideas de las “cadenas productivas”, el “exportar o morir” o la necesidad de una “economía plural”, que terminaron siempre en los mismos resultados: estamos entre los cuatro países más pobres de América Latina.
Como consecuencia, ante la alternativa que el MAS encumbre otra vez en el poder a su dirigencia dura, que no honró su palabra, no actuó con ética ni respetó la vida, la ciudadanía está condenada a escoger entre las otras opciones, no por ser sus preferencias reales, sino como “males menores”, “voto útil” o “voto inteligente” en contra.
Por ello, todas las opciones políticas tienen como escenario más probable en el corto plazo la institución de “gobiernos débiles” con “oposiciones mayoritarias”. Presagia pugnas y componendas en torno a coyunturas, sin capacidad de asumir las profundas reformas estructurales necesarias, lo que nos condena a seguir de observadores inertes de las “ch’ampa guerras” entre políticos y que ocultan los problemas reales del país y frenan todo intento de desarrollo sostenible.
Es decir, en cualquiera de esos escenarios, nos farrearemos por otros cinco años la oportunidad de iniciar los cambios que nos permitan enfrentar, con algún grado de autonomía, las más elementales tareas necesarias para el desarrollo productivo, humano y sostenible.
Si la “clase política” o es incapaz de evitar tal resultado o se siente cómoda con él porque así perpetúa sus beneficios, solo queda que la sociedad civil vuelva a actuar para “poner pititas” que, esta vez, marquen inequívocamente el camino que esperamos sigan los políticos: que abandonen la comodidad de “controlar la billetera” que les ofrece el extractivismo, y se desafíen a pensar –y a actuar– para sacar al país de esa maldición que ha perpetuado la pobreza y la exclusión… y que el COVID-19 ha vuelto a desnudar.
Más de lo mismo no es una opción responsable para los gobernantes ni para nosotros con respecto a nuestros hijos y nietos.
Y si bien hay muchas sugerencias (y urgencias) para mitigar la crisis actual, el desafío está en aplicarlas de manera que sean el punto de partida de la ruta crítica que nos marque un nuevo paradigma de desarrollo. De otra manera, volveremos otra vez al pasado.
Enrique Velazco Reckling, director de INASET, es experto en temas de desarrollo.