Bloqueos sociales y/o políticos

El común denominador de los conflictos actuales es por la actitud de la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de prolongarse en su cargo más allá de su mandato estipulado en la Constitución Política. Esta actitud anticonstitucional de los tribunos ha provocado que Evo Morales organice un bloqueo salvaje de caminos fundamentalmente en el Chapare.

La característica de este conflicto es que no es social. Es decir, no es un conflicto por intereses económicos, sociales, ambientales de un grupo de personas o un gremio, este es un conflicto político que sólo le interesa a una persona, Morales, debido a que se le aclaró que la Constitución establece que sólo una vez, reitero, una sola vez, una persona se puede se reelegida a la presidencia, ya sea de forma continua o discontinua.

Los más golpeados por la interrupción del flujo carretero fueron los transportistas, que se vieron secuestrados y muchos de ellos perdieron el producto que llevaban. Otro grupo afectado fue el de los productores agropecuarios y el sector avícola. En conferencia de prensa conjunta del ministro de Economía y el presidente de la Cámara de Industria de Cochabamba se informó que el bloqueo salvaje provocó pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares y que los precios de muchos alimentos han aumentado: la carne de res y pollo subieron, y así con otros productos. No se tiene que ser adivino para decir que los más perjudicados en este conflicto son las familias de los más pobres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reaccionaron rápidamente, a diferencia de otras oportunidades en las que tardan meses y meses; esta vez recomendaron oportunamente al Estado su deber de respetar a los estándares interamericanos sobre libertad de tránsito, asociación, reunión pacífica y expresión, así como tomar medidas efectivas para generar diálogos y reducir la polarización política en el país. Creo que el Gobierno, a pesar que había voces que reclamaban la intervención de los piquetes de bloqueo para garantizar el derecho constitucional al libre tránsito, no tenía la intención de usar la fuerza como mecanismo de desbloqueo.

Lo que llama la atención en conflicto es que la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), así como las confederaciones y federaciones de mineros, petroleros, fabriles, etc. no se pronunciaron a favor ni en contra de lo que estaba pasando en el país. En otras ocasiones las organizaciones sindicales eran los primeros en saltar (a no ser que ellos estén impulsando los bloqueos), para defender a las familias de los trabajadores.

En otras oportunidades, el movimiento sindical, a la cabeza de la COB, lo primero que hacía era llamar a un ampliado nacional de dirigentes para realizar una consulta sobre cuál debería ser la política sindical en la coyuntura, y en consecuencia actuaban. Pero esta vez dejaron solas a las familias bolivianas, pero también a su aliado, el presidente, quien está envuelto y es parte de este conflicto. Ese presidente que desde que era ministro les regalaba oficinas sindicales, vehículos, hoteles y muchas cosas más. No salieron a dar línea. Quizá en el fondo son evistas.

Es urgente, y quizá esta tarea la lleve adelante un Gobierno que no sea de bloqueadores, determinar cuál es un conflicto social y cual no. De esa manera el Estado en sus tres niveles podrá diferenciar y tomar acciones jurídicas contra todos aquellos que pretendan ganar beneficios (habilitarse para candidatos, etc.); mientras tanto, solo podemos sufrir las consecuencias de los bloqueadores.