¿Asilo o afinidad? La diplomacia boliviana en la mira

El reciente pedido de asilo del sindicalista panameño Saúl Méndez, refugiado en la embajada de Bolivia en Ciudad de Panamá, interpela a la diplomacia boliviana a actuar con responsabilidad, equilibrio y estricto apego al derecho internacional. Aunque el Gobierno de Luis Arce ha informado que la solicitud será evaluada por el Consejo Nacional de Refugiados (CONARE), es inevitable advertir las complejidades políticas, jurídicas e incluso diplomáticas que este caso entraña.

El asilo es una institución profundamente arraigada en la tradición latinoamericana. Históricamente ha servido como instrumento para proteger a personas perseguidas por motivos políticos, en contextos donde la inestabilidad o el autoritarismo ponían en riesgo la integridad física y la libertad de los disidentes. Bolivia ha sido parte activa de esa tradición, pero también está obligada –como todo Estado responsable– a respetar los límites y condiciones que establece el sistema internacional.

Las convenciones sobre asilo político de 1933 y sobre asilo diplomático de 1954, ambas ratificadas por Bolivia, establecen una premisa clara: no es lícito otorgar asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes por tribunales ordinarios competentes. Sin embargo, ambas convenciones también reconocen la soberanía del Estado asilante para valorar si la persecución alegada tiene un carácter político y si el solicitante reúne las condiciones para ser acogido como perseguido político. Esta tensión entre norma y discrecionalidad constituye el dilema central que Bolivia debe resolver con rigurosidad y sin sesgo ideológico.

El caso de Saúl Méndez –quien se refugió en nuestra embajada en la madrugada del miércoles 21 de mayo, tras saltar la verja y solicitar el asilo– pone a prueba esa delicada arquitectura normativa. Aunque no existe hasta ahora un proceso judicial formal en contra de Méndez, la Fiscalía panameña ordenó su aprehensión. El canciller de Panamá, Javier Martínez, ha dicho categóricamente que Méndez no es un perseguido político.
En este contexto, no puede pasarse por alto que la República de Panamá, en los últimos años, no ha sido señalada como un Estado represor ni como un régimen que vulnere sistemáticamente los derechos fundamentales. Por el contrario, se trata de un país con instituciones democráticas en funcionamiento y un sistema judicial que opera con independencia razonable. En ese sentido, cabe presumir buena fe en la información oficial que Panamá haya transmitido al Gobierno de Bolivia respecto a la situación jurídica del sindicalista refugiado, lo que debe constituir un insumo determinante en el proceso de evaluación del asilo solicitado.
La experiencia reciente en América Latina ofrece una advertencia clara. En el caso del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, refugiado en la embajada de México en Quito, se generó un conflicto diplomático de alta tensión. México, al conceder asilo a una persona condenada por delitos de corrupción y con una orden judicial vigente en su contra, ignoró los límites del asilo.

Otorgar asilo es una prerrogativa soberana, pero también una responsabilidad internacional. Transformar esa prerrogativa en un acto de afinidad ideológica o de solidaridad automática puede desvirtuar su esencia jurídica y convertirla en un mecanismo de impunidad política.

Por tanto, corresponde a la Cancillería boliviana y al CONARE actuar con prudencia, pero también con firmeza. Bolivia no puede convertirse en refugio de conveniencia para actores en situación judicial ambigua ni dar señales de manipulación política de una institución concebida para proteger a los perseguidos, no a los investigados.
La evaluación de la solicitud del señor Méndez debe basarse en criterios objetivos, con respaldo documental, y atendiendo tanto el marco normativo regional como la buena fe entre Estados.

La tradición latinoamericana del asilo merece ser defendida. Pero eso exige responsabilidad, legalidad y coherencia, no adhesiones partidarias ni gestos de complacencia. Bolivia debe honrar esa tradición con rigor diplomático y con un compromiso firme con el derecho internacional.

Javier Viscarra es periodista y diplomático.