Arce busca prorrogar su mandato hasta el 2026

El presidente Luis Arce junto a los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional buscan prorrogar su mandato hasta 2026. En efecto, la afirmación anterior nace de las inmensas incertidumbres y maniobras generadas respecto de las elecciones judiciales y generales, pero también de un conjunto de certezas que paso a detallar.

En enero de 2024 debió inaugurarse el año judicial en la ciudad de Sucre con la posesión de los nuevos magistrados electos por el voto ciudadano, acorde con los plazos definidos por la Constitución Política del Estado, sin embargo se ejecutó un golpe judicial con la autoprórroga ilegal de los magistrados cesantes. Este es un hecho real, que evidencia, que la prórroga de mandato por fuera de la vía legal, democrática, constitucional, es posible.  

El 26 de junio de 2024 varias tanquetas militares llegaron a la plaza Murillo a la cabeza del general Zúñiga y se produjo una parodia de golpe de Estado, con la colaboración de los ministros de Defensa y de Gobierno. La puesta en escena fue un fracaso total, pero evidencia la segunda acción golpista del mismo gobierno de Luis Arce.

Otra maniobra es la fragmentación de las elecciones judiciales en dos o más momentos; es parte de este descarrilamiento de la democracia que se pretende consumar con el designio de seguir en el gobierno por vías irregulares.

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4, del 4 de noviembre del 2024 emitida por los magistrados autoprorrogados del TCP, ordena al Tribunal Supremo Electoral organizar elecciones judiciales para la elección parcial de los cargos electos y deja abierta la realización de un segundo acto electoral judicial para el año 2025, con lo cual está abierta la posibilidad de posponer las elecciones generales puesto que no pueden darse dos elecciones en un mismo año.

Los bolivianos y bolivianas siempre hemos acudido a las urnas de forma mayoritaria y con la certeza de la fecha de realización del acto electoral; sin embargo, las próximas elecciones judiciales, asumidas por los vocales del Tribunal Electoral, tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de culminación, puesto que están fragmentadas o dividas. En otras palabras, no existe un calendario electoral completo, preciso y conforme a la Constitución Política del Estado y a las leyes electorales.

En este marco, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia CONADE, mediante nota escrita, preguntó al TSE cuándo terminaría las elecciones judiciales, sin obtener respuesta alguna.

Uno de los vocales del TSE argumentó que no podría realizarse dos actos electorales durante el mismo año y por ello se suprimió las elecciones primarias para priorizar las elecciones judiciales. El mismo argumento se aplicaría para las elecciones generales.

En diciembre de 2025, los vocales del TSE culminan los seis años de su mandato, en consecuencia no podrían conducir elecciones generales en el año 2026.

El Tribunal Supremo Electoral no ha publicado el calendario electoral judicial, es decir, las fechas en las que entregaría credenciales a los magistrados del Órgano Judicial electos por voto popular. Si lo hace de forma fraccionada, sería la primera vez en la historia que las máximas autoridades judiciales formarían parte de un ente colegiado compuesto por magistrados elegidos democráticamente (en minoría) y magistrados sin fuero constitucional (mayoría).

Luis Arce es el peor gobierno de la época democrática con cada vez menor respaldo ciudadano. Está plagado de actos de corrupción y donde la demanda de protección e inmunidad a su gestión es su principal combustible; por todo ello, camina por la senda antidemocrática imponiendo todo mecanismo autoritario que le permita prolongarse en el gobierno.

La misma ciudadanía asumirá una conducta disruptiva frente a las elecciones judiciales programadas en su “primera parte” este 15 de diciembre de 2024.

Varias organizaciones de defensa de la democracia están pidiendo la renuncia de los vocales del TSE porque ya no reúnen condiciones de actuación independiente, se hallan subordinados al TCP y consideran inapropiado realizar elecciones judiciales fraccionadas, argumentos expuestos que respaldan el pedido de renuncia.

Corresponde la elección de nuevos vocales del TSE para que garanticen la realización de las elecciones generales 2025, según los límites temporales impuestos por la norma constitucional, como agenda prioritaria.