¿Ajuste? Sí, pero ¿cuál?

Generalmente, por “ajuste” en economía se entiende la reducción del déficit del sector público. Al respecto, hay diferentes formas de hacerlo. En una primera parte de este artículo explicaremos algunas de las propuestas frecuentes mientras que en la segunda presentaremos nuestro punto de vista.

Entre las propuestas frecuentes están: 1) La disminución del gasto corriente, incluyendo la reducción de los subsidios y del empleo, 2) La reducción de la inversión, 3) El traspaso de empresas públicas al sector privado.

Los principales subsidios en Bolivia son el relativo a los hidrocarburos y los bonos Dignidad, Juana Azurduy de Padilla y Juancito Pinto. La necesidad y conveniencia de eliminar o reducir drásticamente el subsidio a los hidrocarburos tiene amplio consenso pero no hay acuerdo sobre la forma de hacerlo sin que se dañe a los sectores más pobres ni provocar una alza generalizada de precios.

Sobre los otros subsidios no hay consenso por sus efectos sobre el bienestar de la población. Los que proponen eliminarlos no tienen en cuenta los efectos negativos que pueden tener en los más pobres, en la población adulta mayor, en la escolaridad de los niños y jóvenes y en las condiciones de la maternidad. Pero, es aconsejable hacer una auditoria sobre el bono Juancito Pinto y el bono Dignidad.

La propuesta de reducción del empleo público debería basarse en la identificación de los sectores que tienen supernumerarios y en los que falta personal. Contrariamente a la visión sin matices del empleo público, en algunas reparticiones los trabajadores laburan hasta altas horas de la noche, incluso sábados y domingos, pero posiblemente en otras reparticiones sobra personal. Plantear groseramente la reducción del personal sin hacer un estudio previo es un sinsentido. Por otra parte, los que hacen este tipo de propuestas deberían renunciar a sus propios medios de vida para equipararse con los que se quedarían sin empleo (no es ético decir “a ti te dejo sin empleo, pero yo conservo el mío”). El presidente Milei dispuso el retiro de 15.000 trabajadores, pero él aumentó su salario al doble y compra una flota de 24 aviones de caza F-16,

Posiblemente, otros rubros del gasto corriente pueden ser disminuidos sin causar daños, por ejemplo, el uso extensivo de movilidades, de celulares y de viajes en la administración pública y en la Asamblea Nacional. También podría reducirse a la mitad el número de parlamentarios o, por lo menos, suspender el pago de sueldos a los parlamentarios y concejales suplentes por algún tiempo.

Hace parte del sentido común que todas las actividades que pueda realizar eficientemente la empresa privada estén a su cargo y reservar para el sector público el menor número posible de rubros. La gran preocupación que emerge sobre este planteamiento es el relativo a la capacidad del sector privado de asumir muchas de estas actividades en forma eficiente. La duda emerge por el poco desarrollo de este sector y por su poca disponibilidad al riesgo. Con frecuencia se menciona el estado calamitoso de las empresas públicas, pero en el sector privado, la situación no es mejor, lo que lleva al cierre y quiebra a cientos de empresas privadas cada año. Las razones de este mal desempeño generalmente están asociadas a deficientes planes de negocios y a malas administraciones.

El “ajuste” no puede ser un fin por sí mismo, en el sentido de ajustar, cueste lo que cueste, haciendo sufrir a la gente. Los que proponen el ajuste sin más suelen poner caras tristes cuando dicen que será “duro” (para los demás, no para ellos). La economía no tiene como misión cuadrar cuentas, sin embargo el ajuste puede ser necesario para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero tiene que ser diseñado cuidadosamente. Las cuentas fiscales se cierran cada 12 meses, pero esto es una mera convención, también se podrían cerrar después de varios años con una programación multianual. O se podrían “bicicletear” durante mucho tiempo como lo hace Estados Unidos.

Las otras sugerencias resultan naturalmente de los comentarios anteriores, a saber: 1) Es necesario reducir el subsidio a los hidrocarburos (sin dañar a los pobres) por su gran impacto en el presupuesto fiscal, sus efectos redistributivos negativos y por su contribución al déficit de la balanza de pagos, 2) Los bonos deberían ser mantenidos, 3) Se puede disminuir el gasto corriente de la administración pública y del Congreso, 4) Se requiere hacer un estudio sobre el empleo en el sector público identificando las reparticiones con exceso de personal y a las que les falta trabajadores. Si el estudio concluye que hay que despedir a algunos trabajadores, hay que capacitarlos para que puedan encontrar empleo. Es un crimen pensar despedirlos sin alternativas, 5) Escoger mejor las inversiones y ejercer un mayor control sobre la corrupción permitirían un ahorro significativo para el sector público.

El país tiene insuficiencias estructurales que hacen que no tengamos suficiente gente para dirigir eficientemente las empresas públicas y privadas, por ello se hace necesario la colaboración entre estos sectores. En particular, el Estado, juntamente con las universidades, debería poner mucho empeño para formar gerentes, personal administrativo y obreros. Los que proponen que la empresa privada remplace a la pública deberían echar una mirada a las empresas privatizadas en los gobiernos de Jaime Paz y de Goni preguntándose cómo les fue.

Se necesita ajustar la política cambiaria para evitar sus efectos negativos en el presupuesto fiscal e introducir medidas para asegurar una tributación eficiente, sobre todo en el sector minero.

Finalmente, corresponde poner énfasis en que el financiamiento interno del déficit fiscal tiene sus consecuencias monetarias creando una situación propicia para la especulación bancaria. A fin de evitarla, es necesario ejercer un estricto control regulatorio, fortaleciendo ASFI, y ajustar la política monetaria del Banco Central.