Disposición confiscatoria: Cainco cuestiona acuerdo entre Gobierno y CEPB e insiste en la abrogación

Brújula Digital |12|02|25|

El presidente de la Cámara de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, criticó el acuerdo al que llegaron este martes el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que congela su aplicación hasta que existan consensos, entre otros puntos.

Antelo afirmó que el acuerdo solo dilata el problema y pidió que la única solución sea la abrogación de la disposición.

“Llamar ‘acuerdo’ a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva”, escribió Antelo en su cuenta de X.

Este martes, la CEPB y el Gobierno acordaron congelar la aplicación de la disposición séptima de la Ley Financial mientras no se alcancen consensos y se garantice la propiedad privada.

Además, el acuerdo establece que la derogación de la disposición no es competencia del Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa, y prevé un cronograma para avanzar en el diálogo, como parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno y los representantes del sector productivo para encontrar soluciones.

Antelo añadió que la Cainco está cansada “de estar en el banquillo de los acusados, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en su propio país. No son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país”.

Sectores cuestionan el acuerdo

La Cainco no es la única institución que criticó el acuerdo. Otros sectores insistieron en que la disposición quede sin efecto.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicó que los empresarios no participaron en reuniones previas con el Gobierno y calificó el acuerdo como una jugada del Ejecutivo.

“Y decirle que la CEPB nunca participó en un ningún ampliado de esta cadena productiva, nunca se acercó a este comité multisectoral a nivel nacional, entonces yo les pregunto a ellos cómo una ley se pone en pausa. La Ley y este artículo, su única salida es la derogación, es lo que exigimos nosotros como sectores. Es una jugada más del Gobierno, lo sabemos y que tiene que ser derogada”, afirmó el presidente en ejercicio de la CAO, Klaus Frerking.

El presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz, Jorge Méndez, enfatizó que el objetivo no es postergar la aplicación de los decomisos, sino eliminar la disposición.

“No vamos a asistir a ningún diálogo hasta que se la abrogue”, advirtió. 

En la misma línea, el dirigente gremial Édgar Álvarez reiteró que los sectores continúan en emergencia y organizando nuevas medidas de presión.

Rechazo a la disposición

Diversos sectores de la cadena productiva rechazan la disposición adicional séptima porque aseguran que abre la posibilidad de arbitrariedades en los decomisos de productos y atenta contra la propiedad privada. El Gobierno sostiene que su objetivo es combatir la especulación y el agio.

La norma busca “garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

BD/MC/JA

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