Se mantiene el rechazo a la disposición adicional séptima del PGE. “El ampliado multisectorial (…) ratifica y convoca al gran paro movilizado a realizarse el día lunes 10 de febrero", indicó el dirigente gremial César Gonzales
Brújula Digital|05|02|25|
Tras el cuarto ampliado multisectorial realizado esta mañana en Tarija, los sectores de la cadena productiva ratificaron el paro “movilizado” para el lunes 10 de febrero en rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025, que permite la confiscación de productos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó la medida como “extrema”.
“El ampliado multisectorial (…) ratifica y convoca al gran paro movilizado a realizarse el día lunes 10 de febrero del presente año. Este mismo se va a realizar en todo el territorio nacional si es que el Gobierno nacional no deroga la disposición adicional séptima”, indicó secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, César Gonzales.
La medida de presión había sido definida en anteriores reuniones de los sectores de la cadena productiva.
Pedido a Arce y Choquehuanca
Los participantes en el ampliado exigen al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que convoque a una sesión para derogar la disposición séptima.
También solicitan al presidente Luis Arce que, a través de la bancada del MAS afín, impulse las acciones para concretar la derogación lo antes posible.
Reclaman al Ejecutivo soluciones a la escasez de dólares y carburantes, así como a la crisis económica, para evitar que jóvenes y familias bolivianas emigren en busca de mejores oportunidades.
Detalles de la medida de presión
“La emergencia y coordinación será permanente, continuamos en reuniones nacionales departamentales en torno a evitar que la aplicación de la disposición adicional séptima termine afectando a las familias bolivianas, comerciantes, productores, toda vez de que su intención es quitarnos diferentes productos”, afirmó Gonzales.
Además, indicó que cada institución coordinará con sus afiliados la forma de movilización para esta medida de presión y que, por estrategia, no se revelarán más detalles al respecto.
Gonzales indicó que la única forma de frenar esta medida de presión es “derogando esta disposición adicional y trabajando de frente a los medios de comunicación, al pueblo boliviano, a la cadena productiva, redactando una ley que realmente combate el contrabando a la inversa”.
Montenegro califica la medida como “extrema”
Desde el Gobierno, el ministro Montenegro indicó que se convocó al sector a mesas de trabajo y calificó la medida de presión como “extrema”.
“Tres ministros, Ministro de Desarrollo Rural, de Desarrollo Productivo y Justicia, han invocado a sentarse en mesas de trabajo con los propios ministros para buscar soluciones. Pero ya, tomar medidas de pleno no condice con esa cultura de diálogo que tiene el pueblo boliviano. Por lo tanto, la consideramos una medida extrema”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.
La autoridad aseguró que “ningún boliviano” está en contra de que se controle a aquellos que especulan con el precio de los productos.
“Lo que hemos dicho, reglamentemos, sentémonos a ver todos esos detalles para que funcione ese control. Pero solamente, es decir, quiten este artículo, creo que no condice con la cultura de diálogo que siempre ha recomendado el presidente Luis Arce”, culminó la autoridad.
El contenido de la Ley del PEG 2025 no fue debatido en el pleno de ninguna de las cámaras de la Asamblea Legislativa. Entró en vigencia el 1 de enero en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado.
El ampliado realizado hoy es el cuarto de los sectores productivos. Antes se reunieron en Santa Cruz, La Paz y Sucre.
BD/AGT