27/08/2018
Cara o Cruz

Lo que podría hacer una Fiscalía independiente

Raúl Peñaranda U.
Raúl Peñaranda U.
La Fiscalía de distrito de Nueva York acusó de varios delitos al exabogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen. Este se entregó al FBI y compareció ante un juez federal el miércoles. El abogado confesó que Trump le ordenó cometer el delito de pagar a dos mujeres, una exactriz porno y una exmodelo de Playboy para que no revelaran que habían mantenido un romance con el actual Mandatario. El pago se realizó para lograr evitar que el escándalo afectara la campaña electoral de Trump. Paralelamente, el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fue acusado de ocho cargos de fraude fiscal y bancario.

Una cosa así, en la que las propias autoridades estatales actúan contra personas relacionadas al Presidente en funciones, solo se logra cuando existe separación de poderes y, por tanto, una justicia independiente. En la región se han dado muestras de esa solidez en el caso llamado Lava Jato, en el que el juez Sergio Moro acusó a exautoridades y empresarios y descubrió el más grande esquema de corrupción gubernamental que se haya conocido hasta ahora.

La democracia es varias cosas a la vez, entre otras construir un Estado de Derecho, en el que la justicia sea independiente del Ejecutivo y nadie está por encima de la ley.

¿Se imagina el lector qué sucedería si en Bolivia hubiera esa separación de poderes e independencia institucional? Con un poco de imaginación podemos concluir que estas cosas podrían ocurrir:

La Fiscalía llama a declarar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para indagar por qué reformaron una norma previa del Fondo Indígena, decisión que les permitió que más de 900 dirigentes de grupos de presión recibieran en total, en sus cuentas particulares, unos 300 millones de dólares de esa entidad. La norma anterior establecía que el dinero debía ser depositado en cuentas institucionales, no personales.

La Fiscalía llama a declarar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para establecer qué estamentos y personal de la Policía permitió que se usaran canicas para ser disparadas por armas especialmente adaptadas y con las cuales efectivos policiales mataron a tres manifestantes en diversos años. La indagación intentará establecer también si es que se modus operandi fue utilizado para darle impunidad a los oficiales que usaban esas armas tras matar a manifestantes.

La Fiscalía llama a declarar al ministro de Justicia, Héctor Arce, para inquirir sobre las irregularidades cometidas durante la defensa de Bolivia ante el consorcio NMM-Quiborax. La investigación tiene que analizar por qué Arce demoró 14 meses en iniciar un proceso administrativo contra una abogada, pariente del embajador de Bolivia ante la ONU, después de cometido el delito de prestar su computadora a los abogados chilenos. También se indagará por qué Arce, como ministro de Defensa Legal del Estado, no aceptó un acuerdo de compensación a esa compañía de tres millones de dólares y terminó pagando 42,6 millones de dólares.

La Fiscalía llama a declarar al ministro de Justicia, Héctor Arce, para establecer qué medidas ha tomado su despacho para evitar la retardación de justicia y la imposición de penas excesivamente altas, consideradas como parte de crueldad judicial, contra personas de la oposición, sobre todo las relacionadas a los casos Porvenir y hotel Las Américas.

La Fiscalía llama a declarar al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, para examinar si existe daño económico al Estado sobre cuáles fueron las razones para realizar una inversión fallida, de mil millones de dólares, para crear una planta de urea que no funciona y que contamina el medioambiente con amoniaco. 

La Fiscalía llama a declarar al actual ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, para inquirir sobre sus responsabilidades cuando se produjo el asalto al Hotel Las Américas dado que él era ministro de Gobierno. Diversas investigaciones han determinado, mediante autopsias, que los tres fallecidos fueron ejecutados (uno de ellos incluso tenía atadas las manos con alambres) y que no se produjo tal “balacera”, puesto que los sospechosos estaban durmiendo con se produjo la arremetida. La Fiscalía busca establecer si existe base para empezar un proceso de acusaciones de delitos de lesa humanidad debido a que se habrían producido ejecuciones extrajudiciales.

La Fiscalía llama a declarar al actual embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, para establecer si efectivamente dio órdenes para que 33 camiones cargados con mercadería de contrabando no fueran requisados en un puesto de control aduanero de Pando, como lo establece la ley y si ello implicó pagos irregulares de los comerciantes.

La Fiscalía llama a declarar a Juan Ramón Quintana para establecer exactamente por qué permitió que la exnovia del presidente Evo Morales usara la oficina que antes estaba destinada a la Primera Dama, por qué hizo desaparecer el registro de visitas a esa entidad y por qué “hizo perder” su celular en el que presuntamente había material comprometedor.

La Fiscalía llama a declarar al presidente Evo Morales para establecer si tuvo influencia en la contratación de su exnovia en la empresa china CAMC y si colaboró en que la empresa recibiera contratos por cientos de millones de dólares por invitación directa.

Raúl Peñaranda U. es periodista / Twitter: RaulPenaranda1



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