El secretario Ejecutivo de la Alcaldía, Juan Carlos Campero, afirmó que el Ejecutivo no discutirá la legalidad de la norma que pretende dejar sin efecto el sistema de parqueo tarifado. Esperará el pronunciamiento del TCP y del Servicio Estatal de Autonomías, mientras el servicio continuará operando con normalidad.
Brújula Digital|14|10|25|
El secretario Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, José Carlos Campero, afirmó este martes que el Ejecutivo edil no discutirá la legalidad de la norma aprobada por el Concejo Municipal que pretende dejar sin efecto el sistema de parqueo tarifado “Parqueo para todos”. Señaló que se esperará el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Servicio Estatal de Autonomías, mientras el servicio continuará operando con normalidad.
“Nos enteramos hoy que el Concejo Municipal habría aprobado una norma que trata de quitar la vigencia al servicio de estacionamientos tarifados en la ciudad de La Paz. No vamos a entrar en la discusión legal de una norma que el Ejecutivo desconoce en su vigencia legal por ser contraria a la Constitución”, afirmó Campero.
La autoridad edil expresó su respaldo a la decisión del presidente del Concejo, Jorge Dulon, de remitir la norma al TCP y al Servicio Estatal de Autonomías para su revisión. “Apoyamos la iniciativa del presidente del Concejo de haber mandado en consulta la misma al TCP y al Servicio Estatal de Autonomías. Vamos a estar ansiosos de esperar la respuesta”, agregó.
Campero reiteró que, para el Ejecutivo municipal, el servicio de estacionamiento tarifado sigue plenamente vigente, respaldado por las autorizaciones legales otorgadas a las empresas operadoras.
La norma, fue aprobada por los concejales Roxana Pérez del Castillo y Pierre Chain (MAS), junto a Lourdes Chambilla y Yelka Maric (del partido del alcalde), y buscaba anular las autorizaciones temporales otorgadas por el Ejecutivo municipal para el uso de espacios públicos con fines de cobro.
“No estamos en contra del parqueo tarifado, sino de los proyectos sin planificación urbana y que solo buscan beneficiar a algunas empresas del entorno del alcalde, por encima de los intereses de la gente”, afirmó la concejal proponente Roxana Pérez del Castillo.
Pérez del Castillo aclaró que la ley anula de manera definitiva las autorizaciones temporales, que tenían una vigencia de un año. “El alcalde tiene 10 días para promulgar u observar la ley. Definitivamente no la va a promulgar; sin embargo, el Concejo tiene la potestad de hacerlo”, añadió.
BD/LE
